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Parana » Pagina Politica
Fecha: 09/05/2024 00:06
La solicitud del expediente en el que quedó plasmada la destitución de Cecilia Goyeneche por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación despertó emociones en su círculo íntimo de la abogada y sorpresa en sus detractores. Estos últimos esperaban que el máximo órgano de justicia del país se expida con un 280, en alusión al artículo del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación con el que se rechazan los recursos. Eso, que se daba por hecho, no sucedió. Mientras tanto, el convencimiento del procurador general Jorge García de que su ex adjunta volverá a serlo toma musculatura. Lo expresa en privado y públicamente cada vez que puede. La última vez que lo hizo fue en Victoria, en una jornada multifueros, días antes de que se conozca la decisión de la Corte. Probablemente haya tenido la información. El pedido del expediente fue luego de que integrantes de la Asociación Argentina de Fiscales fueran a la Corte para pedir por Goyeneche. Esa petición es la que, probablemente, adelantó lo que finalmente ocurrió, según reconstruyó Página Política. Para quienes estiman a Goyeneche y la quieren en los tribunales, pero detrás del mostrador, se dio el primer paso de su regreso. Sin embargo, la jurisprudencia de la Corte dice que los casos de gravedad institucional, arbitrariedad en los procesos o una cuestión federal no se resuelve con el 280, sino que se analizan. En Goyeneche se planteó una arbitrariedad cuando se decidió que sería un fiscal ad hoc el que acuse ante el Jurado de Enjuiciamiento. Nota al pie: según el procedimiento quien debía acusar es el procurador, pero en este caso se dieron dos cuestiones. En primer lugar el propio García estaba denunciado; y en segundo lugar, otro fiscal -según el jury- no se garantizaba imparcialidad al ser un subalterno de la denunciada. Además de estar encuadrado este caso en la jurisprudencia de la Corte, el proceso por el que se destituyó a Goyeneche tuvo un alcance mediático nacional sofisticado, orquestado por un sector importante del PRO nacional y con el apoyo de uno de los principales publicistas y consultores de la Argentina: Carlos Fara. El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, debe dictaminar y la Corte luego resolver. La causa de los contratos truchos en la Legislatura aparece como un elemento espejo a mirar. Cuando los abogados defensores lograron que Casal les tome el expediente con la pretensión de que se analice la posibilidad de que los delitos imputados en jurisdicción provincial se conviertan en delitos electorales, también hubo ilusión. El procurador general de la Nación solicitó un dictamen a la Cámara Nacional Electoral que se animó a decir que efectivamente se pudo haber incurrido en infracciones de carácter electoral. Cuando eso sucedió surgieron las voces que dijeron bueno, listo, ya está. Se va al Federal. La Corte no ha desoído nunca a la Cámara Electoral. Pues bien, la Corte resolvió que sea la jurisdicción provincial quien lleve adelante el juicio. La historia parece marcarlo: todo puede pasar. El relato La noticia de hace dos semanas activó el lobby de la ex procuradora adjunta. Volvió el relato de que todo el proceso por el que se la destituyó fue un complot entre el peronismo, por haberlo investigado a Sergio Urribarri; y el Superior Tribunal de Justicia (STJ), dispuesto a garantizar impunidad del ex gobernador. Pero esa trama reiterada hasta el cansancio por la doctora se encontró con un obstáculo. En una interesante entrevista en La Nación, se la consultó por sus denunciantes Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet, grandes ausentes en las crónicas durante todo este tiempo. La ausencia de los abogados tiene lógica. Goyeneche basó todo su relato en hechos que no encuentran veracidad en elementos concretos. -Urribarri, a quien ubica como el instigador de la denuncia en su contra por haberlo investigado, fue condenado a 8 años de prisión, el doble que los que recibió el represor Orlando Ramón Agosti acusado de delitos de lesa humanidad. -El STJ, a quien la doctora le adjudicó a sus integrantes ser los garantes de la impunidad del ex gobernador, no solo confirmó la sentencia, sino que ni siquiera abrió la queja. Lo definió el voto de la vocal Gisela Schumacher, apuntada por Goyeneche por ser pareja del ex presidente de la Cámara de Diputados, Angel Giano. Caídos todos los argumentos, Goyeneche se encontró ante la consulta acerca de sus denunciantes. Dijo que Pagliotto y Mulet son aliados de Urribarri. Raro, el ex gobernador, que está a un paso de ir a una unidad penal, fue denunciado por estos dos abogados. La creatividad narrativa para contar historias en la pluma de Goyeneche parece desafiar el realismo mágico. Ahora conectó al estudio de Pagliotto -que defiende a Alfredo Bilbao (uno de los imputados en la causa contratos)- y la cercanía del buffet de Mulet con la oficina de Bilbao en el mismo edificio. Según su nueva partitura, por eso los abogados la querían fuera de la Procuración. Interesante, Bilbao es uno de los acusados que se mostró predispuesto a colaborar con la investigación en su momento y la Fiscalía que conducía Goyeneche (¿o García?) hizo oídos sordos, mientras que el otro imputado, Pedro Opromola, gozaba de la libertad cuando la pesquisa daba los primeros pasos. Los embargos a los imputados dieron la novedad de que Opromola era copropietario de dos inmuebles con Goyeneche. La doctora se esperanza y vuelve a la carga con nuevos capítulos. García, vaya a saber por qué, no subscribe. Solo expresa optimismo sobre su vuelta. Fuente: Página Política
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