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Parana » Analisis
Fecha: 08/05/2024 22:29
Las causas de Allende: años a la espera de Justicia Allende junto a sus abogados Rusconi y Lambruschini saliendo de Tribunales. (Foto: ANALISIS) El ex diputado provincial y secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), José Ángel Allende, debe responder por diversas causas penales que tramitan en su contra. A lo largo de casi 20 años, tres tribunales le denegaron el juicio abreviado, la vía más rápida para zafar del juicio oral y público. Un informe del programa televisivo Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral) efectúa un repaso del actual estado de dichas investigaciones judiciales. A lo largo de casi 20 años, José Ángel Allende acumuló cuatro investigaciones penales en la Justicia: - el fiscal Álvaro Piérola, estuvo a cargo de la denuncia por amenazas que presentó el periodista Martín Carboni por la cual Allende terminó condenado a dos años de prisión condicional. - el fiscal Leandro Dato tramita la denuncia por amenazas en contexto de violencia de género por parte de la ex ministra de Salud, Sonia Velázquez; - la fiscal Laura Cattáneo llevó adelante las investigaciones penales por enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública, que involucraron a Allende, su pareja Adriana Sattler, su ex esposa Diana María Cristina Traverso, y sus hijos, Julio, Victoria y Carolina Allende. Por la jubilación de Cattáneo, hoy la fiscal de la causa es Sofía Patat, y también cambió el magistrado a cargo, que es hoy Pablo Zoff. El estado de las causas * Amenazas a Carboni El 12 de mayo de 2022 José Allende resultó condenado a dos años de prisión condicional por el delito de coacciones, por una denuncia que efectuó en 2017 el periodista Martín Carboni. Allende fue condenado por vertir coacciones contra Carboni al aire de una emisora local, en donde cuestionaban la tarea periodística que refería a irregularidades en el Ministerio de Salud cuando estaba a cargo el ladero de Allende, Ariel De la Rosa. “Vos viste que Yabrán no se suicida porque él lo mató a Cabezas. Yabrán se suicida porque los alcahuetes de Yabrán, queriendo quedar bien, lo apretaron a Cabezas y se les fue la mano y lo mataron. Acá no vaya a ser que le pase al gobernador que algunos alcahuetes que tiene alrededor tomen ese tipo de actitud y terminen perjudicándolo”, dijo Allende en mayo del 2017. La sanción que le impuso el juez Gustavo Pimentel fue de dos años de prisión en suspenso y la obligación de realizar un curso sobre libertad de expresión. La defensa del ex legislador provincial, estuvo a cargo del abogado del fuero porteño Maximiliano Rusconi y del letrado local Leopoldo Lambruschini, quienes apelaron la sentencia. La causa tuvo varias idas y vueltas. En una primera instancia se había definido que el juicio oral y público iniciaría el 29 de junio de 2018, pero el debate se suspendió y el caso derivó en un pedido de juicio abreviado que le rechazaron. Luego se determinó la fecha de juicio para el 20 y 21 de abril de 2022, a las 17 horas, en el Salón 1 de Tribunales, pero el abogado Rusconi pidió una nueva postergación por un viaje al exterior. Finalmente, tras el desarrollo del juicio y la sentencia de mayo de 2022, la Cámara de Casación Penal de Paraná confirmó la condena en septiembre de 2023. Sin embargo la sentencia no está firme todavía. Tras la confirmación de la condena, la defensa de Allende presentó un recurso contra la resolución de Casación que se lo rechazaron. Ante eso, presentó una impugnación extraordinaria para acudir al Superior Tribunal, que también se lo declararon inadmisible. Por eso presentó un recurso de queja, que debe definir el STJ. * Amenazas a la ministra de Salud, Sonia Velázquez La denuncia por amenazas en contexto de violencia de género presentada por la ministra de Salud, Sonia Velázquez, está a cargo del fiscal Leandro Dato. Por la querella particular, representa a la funcionaria, la abogada Fernanda Vázquez Pinasco. Los abogados de la defensa son Leopoldo Lambruschini y Maximiliano Rusconi. Cuatro años después de la denuncia, en 2022, tanto el por entonces juez de Garantías Mauricio Mayer, como el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones Alejandro Grippo, habían resuelto que la causa había prescripto por el paso del tiempo. Sin embargo, en septiembre de 2023 la Cámara de Casación Penal de Paraná, con una votación dividida, sentenció anular esas resoluciones y remitir la causa nuevamente a la Oficina de Gestión de Audiencias para que avance hacia el juicio oral. Las juezas Marcela Davite y Marcela Badano consideraron que no se cumplieron los plazos de prescripción por el delito más grave de los delitos plausibles de imputación a Allende: amenazas coactivas y coacción agravada. Ante esto, la defensa del poderoso sindicalista oriundo de Nogoyá recurrió ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) para lograr revertir esta situación pero la Sala Penal del STJ le rechazó ese recurso. Allí la defensa interpuso entonces un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación que también le fue denegado, y por ello presentó un recurso de queja por denegación del recurso extraordinario. Esto implica que hasta que la Corte no resuelva ese trámite, no se puede avanzar con la remisión de la causa a juicio. Controversia por la calificación del delito Ya en 2022, en esta causa se había rechazado un pedido de juicio abreviado y se había discutido en varias audiencias la calificación legal del hecho imputado. Sucede que el fiscal Leandro Dato planteaba que se trataba de un delito de amenazas mientras que la querella particular apuntaba al delito de coacciones agravadas. En ese contexto, el jueves 7 de abril de 2022 se desarrolló la audiencia de elevación a juicio en la que el único medio presente fue el programa Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral). Participaron el fiscal Leandro Dato, la querella particular representada por la abogada Fernanda Vázquez Pinasco, y los abogados de la defensa Leopoldo Lambruschini y Maximiliano Rusconi. Tras escuchar a todas las partes, se dispuso un cuarto intermedio hasta el miércoles 13 de abril y en esa instancia el juez rechazó la nulidad planteada por la defensa, aceptó la formulación del hecho que desarrolló Fiscalía y la calificación del delito como amenazas. Por su parte, la querella mantuvo su pedido del delito de coacciones agravadas. Ante esto, la defensa volvió a apelar la determinación del magistrado, con lo cual volvió a caer la audiencia de elevación a juicio, en una nueva maniobra dilatoria para evitar que Allende se siente finalmente, otra vez, en el banquillo de los acusados para ser juzgado. “Estamos ante la audiencia de elevación a juicio más larga de la historia”, dijo una de las partes a este medio. La figura de Rusconi La novedad es la incorporación a la estrategia defensiva de Allende de la figura del abogado porteño Maximiliano Rusconi, reconocido por haber sido defensor del técnico informático Diego Lagomarsino –único imputado en la causa por la muerte del fiscal Alberto Nisman-; abogado de Julio De Vido en las causas por la Tragedia de Once y de la defraudación al Estado nacional en la puesta en marcha de la mina de carbón de Río Turbio; defensor de Lázaro Báez en la causa por el desvío de fondos de la obra pública y de Mariano Macri, hermano del ex Presidente Mauricio Macri, en la causa por defraudación en la tramitación del acuerdo por la deuda de Correo Argentino S.A. Rusconi es doctor en Derecho de la Universidad de Buenos Aires y miembro del Comité Académico de la Universidad de Palermo. Fue fiscal General de la Procuración General de la Nación, fue funcionario de las Naciones Unidas (Misión de las Naciones Unidas para la Protección de los Derechos Humanos en Guatemala), y fue asesor de la firma DPK Consulting inc., para el mejoramiento de los sistemas de investigación del delito de lavado de activos, en el marco de un proyecto de asistencia de USAID (siglas en inglés de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional). * Enriquecimiento ilícito La investigación penal comenzó a partir de la denuncia periodística de la Revista ANÁLISIS en 2012 y desde allí ya pasaron 12 años sin resolución por una serie de dificultades técnicas y de voluntad. Se tramita por el viejo sistema acusatorio, y tras el rechazo del acuerdo de juicio abreviado volvió a manos del juez de Transición, Juan Hipólito Carlín, pero hoy la causa volvió a cambiar de magistrado y quien hoy está a cargo es el juez Pablo Zoff. Además, ante la jubilación de la fiscal Laura Cattáneo, hoy se desempeña la fiscal Sofía Patat. Antes del fallido abreviado, se había efectuado una pericia oficial que a entender de las partes no contestaba los puntos necesarios. Por esto, se pidió una nueva pericia para la cual la Fiscalía armo un detalle pormenorizado de puntos de pericia para que el perito se explaye sobre ellos. También propuse un perito de parte. “Este detalle es tan puntilloso que es mucha la documentación a revisar y por ello la concreción de la pericia llevó mucho tiempo”, indicaron fuentes tribunalicias allegadas a la causa. El trámite se ha visto demorado porque el perito oficial pidió varias prórrogas al plazo estipulado para presentar el informe, teniendo en cuenta la gran cantidad de documentación a analizar. En el último de esos pedidos, el magistrado dio 30 días más y advirtió que no habría más prórrogas. Ese plazo para la presentación del informe pericial vence este viernes 10 de mayo. Según pudo saber Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral), podría presentarse a última hora de ese viernes o en la mañana del lunes 13. Luego de dicha presentación, e juez deberá analizar el informe pericial más el informe de la perito de parte que dispuso la defensa de Allende. En base a eso, y entendiendo que el juez coincida con la postura fiscal y determine el enriquecimiento, deberá modificar el hecho imputado, volver a tomarle indagatoria a Allende, atribuirle el delito y dictar su procesamiento. De esta forma, es de esperar que no haya una resolución antes de fin de año. Acuerdo de abreviado En esta causa, también intentó Allende acceder a un acuerdo de juicio abreviado que rechazó el juez Elvio Garzón. En ese acurdo, Allende reconoció haberse enriquecido con dineros públicos por encima de sus posibilidades y que utilizó a sus familiares para cumplir su cometido. Ello ocurrió a partir de la adquisición de bienes inmuebles, embarcaciones, automotores, inversiones en plazo fijo y participación en sociedades por montos que no se justificaron en el ahorro disponible para inversión en un total de 4.983.146,14 pesos, lo que dolarizado equivale a la suma de 1.069.841,19. Una tasación oficial de la justicia, efectuada en 2016, determinó que Allende tenía entonces bienes por más de 2,5 millones de dólares, pese a que algunos inmuebles no aparecieron en el relevamiento realizado en Paraná y Capital Federal. La cifra exacta fue de 2.512.965 dólares. La fiscal Laura Cattaneo realizó un detalle pormenorizado de los bienes adquiridos por Allende durante los consecutivos períodos que fue diputado provincial entre 1999 y 2016: - Un semipiso en Torres Cóndor de calle Mitre 699: valuado en 297.192 dólares. Fue adquirido por Diana María Traverso (ex esposa) en fecha 28/06/2007 y donado posteriormente a sus hijos en octubre del 2010. Está a nombre de Victoria, Carolina y Julio Allende. - Departamento “10 A” en edificio de calle Cervantes y Santiago del Estero: 136.600 dólares - Departamento “10 B” en el mismo edificio: valuado en 81.800 dólares. Los dos inmuebles están a nombre de José Ángel Allende, sus hijos y la señora Traverso. - Una casa de más de 340 metros cuadrados en calle Laprida 152: valuada en 378.289 dólares. Adquirido por José Ángel Allende, el 25 de noviembre de 2004, posteriormente donado a sus hijos en diciembre de 2006. - Una mansión de cuatro pisos en calle Castelli al 10 del Parque Urquiza: valuada en 720.922 dólares - Un piso en la torre Le Parc de Puerto Madero, CABA: valuado en 536.000 dólares - Una casa quinta en Sauce Montrull: valuada en 368.162 dólares - Un yate llamado Quichua, con camarote y hasta una especie de caja fuerte incrustada, que costaría actualmente 55 mil dólares. - Un yate llamado Guadalupe cuyo valor es de 49.500 dólares, valor dólar de septiembre de 2018. - Dos inmuebles en Nogoyá y dos terrenos contiguos con mejoras: $21.323.890 pesos equivalente a 559.682,15 dólares. - Tres terrenos en El Quebracho: valuados en $39.686.446 pesos (equivalente a 1.041.639 dólares) - Un inmueble en la Isla Puente: valuado en 6.578.893 pesos (equivalente a 172.674,36 dólares). Son 13.700 metros cuadrados (poco más de una manzana), ubicados frente al Club de Pescadores de Paraná, que compró en 2014. La operación la concretó con la abogada María Cristina Mercedes Daneri, quien vendió su parte de la herencia familiar. Además, quedó demostrado que Allende participó accionariamente de las empresas Haras del Machazo SA, Cardinal Griding SA y Radio La Voz de Nogoyá. Entre 2016 y tiempos recientes, Allende se desprendió de varios inmuebles transfiriéndolos a familiares o testaferros, que no aparecieron en el relevamiento judicial. Fue el caso del costoso piso de calle 25 de junio (entre Buenos Aires y Santa Fe), por el que le había pagado 160 mil dólares al escribano Héctor Krochik –radicado en Punta del Este, desde la abrupta caída del Banco Cooperativo del Este- ni la propiedad que tenía en calle Courreges. Tampoco se incluyó la tasación del haras de Nogoyá, donde tiene algunos caballos, ya que la mayoría de los equinos de carrera están en el hipódromo de Palermo, para lo cual debe abonar mensualmente significativas sumas de dinero para su mantenimiento. Y estuvo ausente la radio La Voz que tiene en Nogoyá. Además, Allende está ligado a través de sociedades con amigos y familiares, con domicilios en el exterior, al negocio financiero y bursátil. Tuvo una empresa en Montevideo y cuentas bancarias que ordenó cerrar cuando la revista ANALISIS consignó su existencia. También se dedica a la cría de ganado (las estimaciones indican que dispone de entre 3.000 y 5.000 cabezas de ganado en zonas de islas de los departamentos Diamante y Victoria, lo que negocia con tres firmas consignatarias diferentes); al cultivo de cereales y a los medios de comunicación. Está vinculado con el mercado de los medicamentos; con las carreras de caballos y la construcción. Dispone también de varios modelos de vehículos antiguos, con los cuales participa en competencias en diferentes puntos del país y no duda en fotografiarse sobre ellos en cada jornada automovilística. Es decir que su patrimonio es muy superior a los 2,5 millones de dólares que figuraban en la tasación. La cabaña de Allende en la Isla Puente, frente a Paraná, fue lo único que no se quemó cuando se incendió el islote en febrero de 2022. * Negociaciones incompatibles con la función pública Allende se enriqueció a través de interpósitas personas y benefició mediante 128 subsidios no reintegrables de la Cámara de Diputados a la Fundación “Esperanza”, entidad que conformó como presidente y secretario desde el 16 de noviembre del 2004. También fue dirigida por los coimputados Adriana Satler, en su carácter de presidente y Victoria Allende en su carácter de tesorera desde el 20 de octubre del 2007. Así, dicha fundación recibió ayudas económicas por la suma total de 1.358.617,98 pesos desde enero del 2008 hasta diciembre del 2011. En total, según las pericias contables, Allende se enriqueció en $4.983.146,14 lo que equivale a un valor en dólares de 1.069.841,19, según consta en la causa. Intento fallido de juicio abreviado Ya hubo dos intentos de Allende por lograr un acuerdo de juicio abreviado. Lo intentó a fines de 2016 con la clara intención de despegar a sus hijos y su esposa de la causa. Pero esa intentona se frustró por el malestar que generó en el entonces gobernador Serio Urribarri. El segundo traspié fue en 2020. El informe del enriquecimiento ilícito, según el escrito final del Gabinete Técnico Contable del Ministerio Público Fiscal, dejó establecido que el ex diputado tuvo un crecimiento patrimonial sin justificar de 1.069.841 dólares. Por ello fue que se acordó el decomiso de bienes inmuebles, cuyo valor de tasación en dólares es mayor a la totalidad del producido por delito que surge del monto del enriquecimiento no justificado. Por ende, se dispuso el decomiso del inmueble de calle Laprida 152 de Paraná, de más de 340 metros cuadrados y valuado en 378.289 dólares y, a la vez, de su mansión de cuatro pisos en calle Juan José Castelli 10, de 199 metros cuadrados, valuado en 726.922 dólares. O sea que la suma es de 1.105.211 dólares. A la vez, se le impuso una multa de 3 millones de pesos, que sería el equivalente al 60% del valor del enriquecimiento, en pesos. Y se impone una pena de 2 años y 8 meses de prisión condicional e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Además, se estableció, como norma de conducta por el plazo de dos años: “la prohibición de realizar cualquier tipo de actos violentos, molestos y/o perturbadores a las víctimas y sus grupos familiares, por sí o por interpósita persona”; “realizar algún tipo de actividad relacionada con la violencia de género y la libertad de expresión” que se determine desde la justicia; “la prohibición de verse involucrado en cualquier comportamiento violento”. Conclusiones Vale destacar que un acuerdo de juicio abreviado supone que el imputado admite su culpabilidad y para evitar el juicio se determinan medidas alternativas a la prisión. En todas las causas a las que se enfrentó, Allende reconoció haber cometido un delito y trató de zafar del juicio oral y público mediante este recurso. La Justicia entrerriana ha dado muestras de que puede actuar con independencia, que puede juzgar a los políticos poderosos y que puede condenarlos, como ya sucedió con el ex gobernador Sergio Urribarri y otros ex funcionarios de su gobierno. Es de esperar que también pueda hacerlo con estas causas que involucran al gremialista más poderoso de la provincia durante más de 20 años. Que finalmente se resuelvan y sea juzgado como corresponde después de tantos años de dilaciones. Porque la Justicia, si es lenta, no es justicia.
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