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Parana » Uno
Fecha: 08/05/2024 20:45
El gobierno de Javier Milei puso la mira en los Registro del Automotor. Promete cerrar el 40%. ¿Es el fin de un lugar de colocación de amigos del poder? El gobierno anarco-libertario de Javier Milei avanza sobre un área que nunca nadie trató de tocar porque hace años hay amigos, familiares y conocidos de funcionarios, dirigentes políticos y amigos del poder que saben donde está el filón. Se trata del millonario rubro de los Registros de la Propiedad Automotor. Es una gran caja que el Estado le cedió al sector privado para que haga pingües diferencias económicas. A cambio, los dueños de los registros debieron asumir los gastos de funcionamiento de aquel servicio transformado en un gran negocio para pocos privilegiados. Los empleados de los Registros son considerados "colaboradores" del encargado (no son empleados del Estado), además de tener que asumir los costos de documentación, formularios, mantenimiento edilicio y papelería variada. “Hay algunos que se quejan por tener que asumir los costos operativos” , dijo a UNO un conocido abogado que conoce el tema en profundidad. Los titulares de los registros son designados por el Ministerio de Justicia y removidos por este, sólo previo sumario y por las causales establecidas taxativamente en un artículo del decreto 6582 que data de 1958. Es decir, son prácticamente inamovibles y gozan de estabilidad en el cargo como un empleado público. Gran negocio de la política Hace unos días La Nación publicó los apellidos de los políticos de desempeño nacional que actualmente administran un Registro, ya sea que estés ellos al frente o coloquen a algún familiar. Martín Menem, Gerardo Morales, Gabriela Cerrutti, Florencio Randazzo, Hugo Alfredo Anzorreguy, hijo del exsecretario de Inteligencia, aparecen en el listado publicado por el diario. Los Registros, o están a sus nombres o a los de hermanos, parejas o sobrinos. También aparecen apellidos de tradición militar, como el de Pablo Matías Balza en Mar del Plata. Pablo Matias es hijo de Martín Balza, exjefe del Estado Mayor del Ejército. Adriana Mercedes Granillo, hermana de Raúl Granillo Ocampo, exministro de Justicia de Menem, y María Mera, sobrina de Julio Mera Figueroa, exministro del Interior, también tienen actualmente registros en CABA. REGISTRO AUTOMOTOR.jpg Los registros son un gran negocio. se puede pensar que es uno que "no puede fallar". ¿Será por eso que nadie habla de la manera en que se otorgan? Es casi imposible encontrar un registro público donde figuren los dueños de un ente del Estado. Muchos dicen que no hay transparencia porque eso traería problemas. En la provincia de Entre Ríos existen un total de 73 registros seccionales, distribuidos en todos los departamentos. Aún no se sabe cuántos se van a cerrar. Dicen que para muestra basta un botón. En Concepción del Uruguay, los rumores sostienen que Guillermina Guastavino, hija del exvicegobernador y amigo de Néstor Kirchner, está de interventora en un Registro. Se habla que el enlace para recibir semejante “empresa” estuvo a cargo de Juan José Bahillo, actual diputado. ¿Será verdad que Juanjo y 'Pemo' arreglaron? Otros nombran por lo bajo nombran en las gestiones a un exfuncionario del gobierno de Alberto Fernández. Son muchos los apellidos relacionados con dirigentes que figuran actualmente en los listados de titulares de Registros. En Entre Ríos, desde Jorge Busti pasando por Sergio Montiel, se “regalaron” o “entregaron” registro a empresarios, políticos y familiares. Por ejemplo, el actual titular de ATER, Jesús Korell, sería titular del Registro Automotor de La Paz. Se dice que a ese registro lo había gestionado Emilio Castrillón en la época de Néstor Kirchner, pero jamás llegó a sus manos. La esposa del exgobernador Busti y exdiputada nacional, Cristina Cremer, también tendría un Registro a su cargo en Concordia. Muchos recuerdan que uno de los hijos del exgobernador radical Sergio Montiel tenía uno como también el dirigente, Hermo Pesutto. La clave de los Registros del Automotor Los registros del automotor mueven año a año cifras millonarias que el Estado ve pasar de costado. Se trata de oficinas públicas que fueron tercerizadas hace décadas y adjudicadas con criterios poco transparentes y que dieron origen a denuncias de distinto tipo. Allí el Estado obliga a los ciudadanos a realizar todos los trámites vinculados a la posesión de un vehículo pero se queda con una parte menor de la recaudación. Por estas oficinas deben pasar todos los trámites necesarios vinculados al patentamiento o transferencia de autos, motos y maquinarias agrícolas del país. Ahora Milei parece estar decidido avanzar, sin que se sepa a ciencia cierta el motivo de la decisión. Aunque a juzgar por otros avances sobre otros sectores del Estado, se puede pensar que el negocio podría cambiar de manos. Nadie sabe tampoco qué conducta adoptará el gobierno provincial en este tema. Si acompañará esta política de eliminación de los registros o se llamará a silencio
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