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» El Destape Web
Fecha: 08/05/2024 19:32
Semanas después de que el Gobierno nacional postulara a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para integrar la Corte Suprema tras la futura jubilación de Juan Carlos Maqueda, las candidaturas recibieron nuevos apoyos y rechazos de organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil. Abuelas de Plaza de Mayo y la DAIA respaldaron a Lijo, el CELS la cuestionó y diputados radicales la impugnaron. Este miércoles, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, le envió una carta al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, en la que respaldó la candidatura de Lijo para que integre el máximo tribunal de justicia. "A poco de celebrarse los 40 años de democracia ininterrumpida, esta Asociación considera que resulta fundamental que los candidatos tengan una postura clara frente al proceso de Memoria, Verdad Justicia y los estándares en la materia que han sido receptados en diversos antecedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación", explicó la titular del organismo de derechos humanos. "En este sentido, queremos dar cuenta de la actuación del Dr. Ariel Oscar Lijo en dos causas, entre tantas otras, en las que podemos dar cuenta pues intervenimos como parte querellante. Se trata de dos causas referidas a la investigación de apropiaciones de niños y niñas ocasionadas durante el terrorismo de Estado que tramitaron en el juzgado a su cargo", señaló Carlotto, quien luego mencionó la causa "en la que se investigó la apropiación de Jorge Guillermo Martínez Aranda, hijo de María Lourdes Martínez Aranda y Luis Francisco Goy" y la investigación de "la apropiación de Laura Catalina de Sanctis Ovando, hija de Miryam Ovando y Raúl René de Sanctis". Por esto, consideró que Lijo "ya tiene una opinión fundada en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación". Sin embargo, sobre el final de la carta, Abuelas pidió que, de admitirse a Lijo en el tribunal, "se tenga presente, en la medida de los posible, la composición general de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para posibilitar la inclusión de nuevos miembros que permita reflejar las diversidades de género, especialidad y procedencia regional. Ello, a los efectos de que no se vean afectados los principios de igualdad y no discriminación en el acceso a las funciones públicas por falta de representación adecuada de género". También respaldó la candidatura del juez Lijo la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), que en una carta firmada por su presidente, Jorge Knoblovits, expresó: "El candidato propuesto reúne las aptitudes para el cargo y doy fe de su compromiso con los derechos humanos, la defensa de la Constitución y el Estado de Derecho, como así también la dedicación puesta al servicio de la administración de justicia durante toda su trayectoria, la cual data de más de 30 años. Esta tarea es acompañada por una sólida formación académica y actividad docente en el ámbito universitario. Asimismo ha demostrado en todos los ámbitos un desempeño destacado, compromiso y seriedad, a los que se suman sus cualidades personales y morales". Ni Abuelas ni la DAIA se refirieron a la nominación de García-Mansilla, sobre la que sí habló el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que rechazó ambas. "García-Mansilla tiene una larga actividad académica. En sus trabajos rechaza la jerarquía constitucional de los tratados internacionales de derechos humanos incluidos en la reforma de 1994, lo que significa un obstáculo para la efectiva protección de los derechos humanos en la Argentina. Además, plantea posiciones muy regresivas sobre los derechos de las mujeres y la interrupción legal del embarazo. Afirma que la Constitución reconoce el comienzo de la vida con la concepción en el vientre materno y que, por lo tanto, el aborto es inadmisible y la ley 27.610 sancionada en 2020 es inconstitucional", expresó sobre este juez el CELS en la presentación que le entregó al Ministerio de Justicia, mientras que sobre Lijo opinó: "Entre las cuestiones más preocupantes de su trayectoria sobresalen las graves denuncias en el Consejo de la Magistratura, vinculadas a la falta de investigación de causas de corrupción, la demora excesiva en el tratamiento de distintos casos y el enriquecimiento ilícito. Además, el candidato tuvo una denuncia penal por asociación ilícita, lavado de dinero y cohecho. Muchas de estas denuncias aún no han sido resueltas". "Los perfiles elegidos por el Poder Ejecutivo van en contra de la evidente necesidad de encarar una reforma profunda del sistema de justicia federal y de integrar la Corte Suprema con jueces y juezas con un claro compromiso con la democracia, la igualdad, la transparencia y los derechos humanos", concluyó el CELS sobre ambos candidatos. Diputados radicales impugnaron la postulación de Lijo Cuatro diputados nacionales de la Unión Cívica Radical (UCR) impugnaron la candidatura de Lijo a la Corte Suprema. Se trata de Fernando Carbajal (Formosa), Pedro Galimberti (Entre Ríos), Manuel Aguirre (Corrientes) y Marcela Coli (La Pampa). "Ha cometido severas irregularidades en el ejercicio de su cargo como magistrado federal, algunas de las cuales podrían incluso configurar delitos penales", denunciaron. Los diputados marcaron varios antecedentes de la carrera de Lijo por los que rechazan su postulación, principalmente el que data de 2018: "El actual juez federal Ariel Oscar Lijo fue denunciado, junto a Alfredo Damián Lijo —su hermano—, Julio Miguel De Vido, José María Olazagasti, Eduardo Freiler, Ernesto Chalabe, Roberto Vignati, Gustavo Cinosi y Silvana Andrea Stochetti, por la probable comisión de delitos de asociación ilícita, lavado de dinero, cohecho y tráfico de influencias. Dicha denuncia fue presentada por la ex diputada de la Nación Elisa Carrió. En esa presentación judicial, se denunciaron hechos que podían dar cuenta de la conformación de una asociación ilícita entre distintos actores, entre los que se encontraría el actual juez federal Ariel Lijo, mediante la cual su hermano, Alfredo Lijo, habría traficado influencias a favor del ex Ministro de Planificación, Julio de Vido. Además, se advirtió que esa asociación ilícita habría pretendido garantizar la impunidad de delitos contra la administración pública de otros funcionarios de las más altas esferas de poder, a cambio de dinero y negocios espurios.
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