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» El cordillerano
Fecha: 08/05/2024 11:34
08/05/2024 Desde 2017, Villa Mascardi tiene un papel protagónico para las gestiones gubernamentales nacionales. Todo fue a partir del desembarco de la lof Lafken Winkul Mapu, una comunidad que se asentó en tierras del Parque Nacional Nahuel Huapi en reclamo de una reivindicación territorial. De por sí, el hecho llamó la atención de propios y extraños. No es que no hubieran existido con anterioridad demandas de tierras por parte del pueblo mapuche, pero este caso llegó a los medios de comunicación de todo el país de una forma poco habitual. Antes que nada, por el bonus track de la presencia de una machi, en ese momento, apenas una adolescente. El término machi apunta a una persona que, dentro de la cosmovisión mapuche, es considerada una autoridad espiritual, dedicada a la curación de dolencias físicas y del alma. Así, el reclamo para asentarse en aquel sitio venía atado a la presencia, según sus creencias, de un lugar sagrado relacionado con la actividad de la machi. Por aquel entonces, Mauricio Macri era presidente y Patricia Bullrich estaba a cargo de la cartera de Seguridad. Justamente, fue la ministra quien por aquel entonces dio forma a un Comando Unificado de fuerzas, idea que se retomaría años después bajo otro gobierno, pero ahí ya nos estamos adelantando… Porque en noviembre de 2017, tras un primer intento de desalojo (que, a raíz de lo que siguió, puede afirmarse que resultó fallido), durante un operativo de la Agrupación Albatros de Prefectura Nacional, un muchacho de veintidós años llamado Rafael Nahuel, primo de la joven machi, Betiana Colhuan, fue muerto al ser alcanzado por balas oficiales. A partir de ahí, ya nada fue igual. Ni en lo particular (claramente, para la familia del fallecido), ni en general, por cómo el conflicto escaló en violencia. Por ejemplo, cortes de ruta y avances sobre propiedades de particulares (algunas acciones reivindicadas por la comunidad, pero también otras donde quienes conforman la lof negaron haber sido los causantes). Luego, en octubre de 2022, llegó el desalojo que efectuó un nuevo Comando Unificado –como un eco de aquel que Bullrich había conformado–, ya durante la gestión de Alberto Fernández, y con Aníbal Fernández a cargo de Seguridad. En junio del año siguiente, representantes mapuches y funcionarios del gobierno firmaron un acuerdo, donde, más allá de ciertos compromisos desde la comunidad, el Estado argentino quedaba obligado a permitir que la machi ingresara en el terreno donde se ubica el rewe, además de construirles, a ella y su círculo íntimo, tres rukas (casas). También se detalló que se ubicaría al resto de la lof en otro sitio. En los meses que siguieron, aún con Alberto Fernández como presidente, salvo que se permitió el acceso al sitio que consideran sagrado para realizar diversas ceremonias, nada se cumplimentó. En este momento, con Javier Milei en el Ejecutivo, todos están a la espera sobre cuál será el ¿fin? de esa situación puntual. Desde ya, se perfila un accionar más duro contra factores indigenistas, a la inversa de lo que sucedió durante la etapa de Alberto Fernández en la Presidencia, donde muchos vieron un “dejar hacer”. Ahora, con Victoria Villarruel como vicepresidenta, que en el pasado supo fijar posiciones rígidas sobre el tema, y con Bullrich una vez más en Seguridad, pocas dudas pueden caber respecto a la cuestión. En el mientras tanto, han surgido otras situaciones que hacen que la zona vuelva a estar en el ojo de la tormenta. Por un lado, el asesinato de tres carabineros en el sur de Chile, en una región donde el conflicto mapuche ha sido una constante desde hace años, encendió las alarmas en Mascardi. Aunque no hay nada que, por el momento, vincule a esas muertes con grupos indígenas, nadie es ajeno a que los enfrentamientos centrados en la problemática mapuche, en esa parte del país trasandino, llegaron a ser moneda corriente. Y de este lado de la cordillera muchas veces se escuchó, con anterioridad, apuntar a que Villa Mascardi podía llegar a convertirse en un reflejo de la situación chilena. Sobre todo, a partir de la embestida en 2022 a una casilla de Gendarmería que estaba ubicada en el predio Los Radales. El puesto fue prendido fuego e incluso hubo disparos. Aquello fue lo que propició que se ordenara el desalojo de ese año. Igualmente, la propia machi, Betiana Colhuan, sostuvo que la Lafken Winkul Mapu no tuvo que ver con esa agresión ni con el incendio anterior a la cabaña Los Radales. Más allá de eso, el recuerdo de la madrugada donde los gendarmes tuvieron que salir corriendo porque no tenían permitido responder el embate aún continúa vigente, y por eso lo que pasó en Chile volvió a causar temor en el paraje patagónico, donde aún se mantiene la presencia el Comando Unificado. Villa Mascardi, además, volvió a ser noticia la semana pasada, pero ya no por la temática mapuche. Básicamente, tuvo que ver con una entrega de terrenos en comodato. Todo se originó por una investigación que comenzó la legisladora provincial María Laura Frei y que el diputado nacional Sergio Capozzi continuó (ambos del PRO), pero la noticia desembocó en la opinión pública por medio del vocero presidencial Manuel Adorni, quien en la conferencia de prensa del viernes 3 de mayo en la Casa Rosada anunció que dos hectáreas que habían sido cedidas durante la gestión de Alberto Fernández hasta 2031 a una fundación denominada Arcángel Miguel (a la que calificó como “una agrupación política” liderada por Franco García Dellavalle, quien, según indicó, es cercano a Juan Grabois), por decisión gubernamental, se restituirían a la Administración de Parques Nacionales. El portavoz de Milei, además, indicó que Dellavalle “fue también director de Inclusión Financiera del Ministerio de Economía entre abril y diciembre de 2023”. Más allá de que, al menos en apariencia, lo supeditado al comodato parece tratarse de un tema muy distinto al de la cuestión relacionada con la lof Lafken Winkul Mapu, Adorni, en cierta manera, enlazó ambas cosas. “La entrega de terrenos nacionales por parte del kirchnerismo a presuntas comunidades indígenas y agrupaciones políticas no son una novedad. En el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández se otorgaron doscientos veintiún reconocimientos sin demostrar pertenencia a comunidades originarias, y ochenta y uno de estos se hicieron en los últimos seis días de gestión”, sostuvo. “Los Parques Nacionales son patrimonio de todos los argentinos, no de los privilegiados por pertenecer a un grupo cercano al poder de turno. En estos parques no va a flamear ninguna otra bandera que no sea la argentina”, añadió el vocero, en obvia alusión a los colores mapuches. A todo esto, el presidente de la Administración de Parques Nacionales, Cristian Larsen, estuvo en Bariloche y se reunió con integrantes de la Mesa de Consenso local, quienes se comprometieron a enviarle informes sobre otras temáticas en las que consideran que se actuó de manera irregular durante la gestión anterior, especialmente en cuestiones emparentadas al conflicto mapuche, con el fin de que se revean ciertas decisiones.
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