19/05/2024 17:06
19/05/2024 17:04
19/05/2024 17:04
19/05/2024 17:00
19/05/2024 17:00
19/05/2024 17:00
19/05/2024 17:00
19/05/2024 17:00
19/05/2024 17:00
19/05/2024 16:59
» El siglo web
Fecha: 07/05/2024 21:16
Personal cesanteado, supresión de oficinas, traslado de empleados, desaparición de funciones que resultan claves en el entramado judicial, y acumulación de tareas para los titulares de fiscalías. Ese es el combo de medidas que agitan las aguas en el Ministerio Público Fiscal, dibujando un escenario que muchos describen como una vuelta atrás, que puede devolver a la justicia a los oscuros tiempos de la puerta giratoria. El primer cambio fuerte fue la reorganización de las unidades fiscales, que incluyó movimientos masivos, derivando en la desaparecieron de algunas y la creación de otras. En el ámbito del Centro Judicial Capital los fiscales Carlos Sale (Homicidios), Adriana Reinoso Cuello y Alejandra Navarro (Integridad Sexual), José Sanjuán (Narcomenudeo), Mariana Rivadeneira (Delitos Complejos) y Diego López Ávila (Robos y Hurtos), siguieron como responsables de las mismas tareas, mentiras que las otras 12 fiscalías tienen nuevos titularesauque el inconveniente no está ahí, sino en la tarea que tendrán que asumir. Las estadísticas de la Corte, el año pasado reflejan que las cinco fiscalías de Violencia de Género atendieron unos 23.000 casos. Una oficina se llevó la mayor tarea al dictar más de 19.000 medidas de protección, en tanto que las otras cuatro abordaron unos 3.600 procesos. Las de Integridad Sexual se hicieron cargo de más de 2.300 causas, pero por decisión del ministro Edmundo Jiménez, ahora habrá cuatro oficinas a cargo de la investigación de estos casos, con lo que teniendo en cuenta los números de 2023, cada fiscal tendrá que seguir en promedio 6.347 expedientes, cuando el año pasado eran menos de la mitad. “Pareciera que no aprendieron lo que generó el caso Tacacho”, se quejó un abogado. Y los ejemplos se encolumnan en una larga fila. Antes de la reestructuración, los delitos contra la propiedad eran seguidos por las fiscalías de Robos y Hurtos (2) y de Flagrancia (4). Las dos especialidades, atendieron el año pasado unos 2.500 casos, es decir, un promedio de poco más de 400 en cada despacho. Con el nuevo sistema, quedaron cuatro oficinas dedicadas a la lucha contra estos ilícitos y de acuerdo con las estadísticas del año pasado, cada una de ellas tendría que atender más de 600 causas. Una fuente detalló que todo será más lento porque habrá más aristas para analizar, sin contar que no dispondrán de más recursos ni mucho tiempo para investigar a las grandes bandas delictivas. En Homicidios también sintieron los cambios, dado que a las dos unidades que sólo abordaban los crímenes, ahora se les sumaron los homicidios culposos (muertes en accidentes de tránsito y por mala praxis, por citar algunos ejemplos) y tentativas de homicidios, con lo que según versiones, a cada una de las oficinas se sumaron alrededor de 140 ya iniciadas. Los investigadores lamentan la nueva realidad, afirmando que llegó cuando todo el sistema estaba aceitado, por lo que dicen que no era el momento y que los problemas comenzarán a aparecer, recordando que Adriana Reinoso Cuello “heredó” una polémica causa: la de la denuncia de abuso sexual en contra de los jugadores de Vélez. Los querellantes ya elevaron un escrito solicitando explicaciones. Quieren que les expliquen por qué el caso cayó en sus manos y no siguió en la oficina donde se ventilaba, la más fuerte de las quejas que comenzaron a multiplicarse. Resta definir si los fiscales van a exponer alguna objeción a los cambios, recordando que meses atrás, en un movimiento histórico se mostraron en el juicio contra Miguel “Miguelón” Figueroa para repeler las amenazas que habría efectuado el condenado contra sus colegas, contrastando con el silencio de los otros poderes. Un investigador afirmó que tarde o temprano se cometerá un error, porque es imposible atender todos los expedientes que recibirán, y consideró que esa falta de respuestas la terminará pagando la sociedad. Dicen que en el MPF boraron dependencias claves, entre ellas, las que se encargaban de realizar las estadísticas para orientar la política criminal. También dejó de operar el Equipo Interdisciplinario, que entre otras misiones realizaba los informes de las entrevistas de Cámara Gesell y los psicodiagnósticos, por lo que hace meses que los fiscales no pueden solicitar estas pericias, que ahora sólo se hacen cuando una de las partes (querella o defensa) lo solicita, por lo que los informes no cuentan con la objetividad requerida. Hay también un profundo malestar por la situación laboral, dado que entre febrero y marzo fueron cesanteados entre 50 y 60 empleados. Días atrás se eliminó la figura de los coordinadores de las fiscalías y al menos 60 personas que ocupaban esos cargos de manera interina sufrieron una baja de categoría que representa una disminución de hasta el 50 por ciento de sus ingresos, y no se descarta que haya también una disminución en el listado de auxiliares fiscales. También se registró una reubicación de personal. Algunas oficinas no pudieron atender en horario vespertino por falta de empleados. Todas estas novedades, que dejaron al descubierto la precarización laboral en una parte de la Justicia, genera cada vez más quejas, por lo que no se debe descartar algún tipo de acción gremial por estos cambios. La mayoría de los fiscales consideraron que la desaparición de los coordinadores terminaría siendo otra traba. La persona que ocupaba ese cargo era el jefe administrativo de cada fiscalía. Su tarea consistía en llevar la agenda de la oficina. No sólo distribuía las causas, sino que además se encargaba de realizar el control de las causas, de los vencimientos procesales, de realizar las gestiones para la autorización de pericias y de escuchar los planteos de las partes. Todo ese trabajo quedará en manos de los investigadores. El presidente del Colegio de Abogados, Rodolfo Gilli, ya tomó nota de todos los problemas que hay en el Ministerio Público. “En la reunión de mañana tocaremos este tema porque consideramos que es un retroceso importante”, explicó el dirigente, que comenzó a escuchar los planteos de los profesionales. En el MPF señalan que estos cambios están perfectamente estudiados y que con ellos se mejorará la administración de Justicia. Puertas adentro, los fiscales sostienen que el sistema puede colapsar y se preguntan por qué modificar lo que medianamente estaba funcionando bien. Algunos se refieren a una cuestión presupuestaria, pero otros lo rechazan porque dicen que las medidas no significan un gran ahorro, sino que apuntan a modificar la política criminal, muy elogiada porque había frenado casi por completo la puerta giratoria, merced a a la reforma judicial, a punto de cumplir cuatro años, teorías que sólo el tiempo podrá definir. fuente: contexto
Ver noticia original
 (1).jpg)
.jpg)
Examedia © 2024
Desarrollado por