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» Solochaco
Fecha: 07/05/2024 10:10
En contraste con el paro total anunciado por el Sindicato de Trabajadores de los Registros del Automotor a nivel nacional, en el Chaco las dependencias del organismo permanecieron con las puertas abiertas, como el caso de las oficinas ubicadas en Julio A. Roca. Esta decisión se da en medio de un contexto marcado por el anuncio del cierre del 40% de los registros de la propiedad automotor a nivel nacional, una medida que ha generado incertidumbre y preocupación en el sector. Sin embargo, en esta provincia, el registro funcionó con normalidad, manteniendo sus servicios habituales para los ciudadanos. El paro nacional, que comenzó ayer a las 8.30, abarca a todos los registros seccionales y sus trabajadores registrales en todo el país. El objetivo es expresar la preocupación de los trabajadores por la situación que amenaza su fuente laboral y la continuidad de los registros seccionales. Las medidas adoptadas por el Gobierno en relación al sistema registral de automotores continúan generando debate y controversia. El cierre del 40% de los registros del automotor, la reducción de personal y la implementación de cambios en la estructura operativa son parte de una reforma más amplia que busca ajustar costos y mejorar la eficiencia del sistema. Sin embargo, estas medidas han sido objeto de críticas y cuestionamientos por parte de algunos sectores, quienes consideran que podrían tener efectos negativos en la seguridad jurídica registral y en el funcionamiento de los registros seccionales. La protesta A través de un comunicado de prensa, desde el gremio que nuclea a los trabajadores del sector expresaron: «En virtud de lo expuesto públicamente, concerniente al cierre de un porcentaje de registros seccionales, los trabajadores registrales comunicamos que, vistas las circunstancias que amenazan nuestra fuente laboral y por consiguiente a los RRSS que nos la proveen, hemos decidido el cese de actividades registrales hasta tanto el Ministerio de Justicia y DDHH convoque al diálogo a nuestros encargados». En este sentido, resaltaron que «no habrá recaudación ninguna para girar a ese ministerio», agrega el comunicado. «Estamos absolutamente seguros de que el Ministerio de Justicia y de los Derechos Humanos velará y responderá por la seguridad jurídica registral de los ciudadanos hasta que esté en condiciones de entablar diálogo con nuestros encargados», indicó el sindicato. Nuevas políticas En el DNU del Poder Ejecutivo Nacional se estipulaba que el 2 de mayo debía ponerse en funcionamiento un nuevo registro automotor digital de alcance nacional, cuyo funcionamiento debe ser remoto, abierto, accesible y estandarizado. Un día después de vencido ese plazo, el Ministerio de Justicia de la Nación, del cual depende la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor y Afines (Dnrpa), hizo públicas algunas disposiciones que van en esa dirección, algunas de las cuales son de aplicación inmediata. Se atacó la problemática en general, con decisiones que impactan en los registros como dependencias en sí mismas, en los usuarios con menores trámites y costos, y en el sistema registral en su estructura, con procesos que permitan continuar después con la transformación más profunda. La más llamativa, por la magnitud que tiene, es la decisión de cerrar el 40% de los actuales registros del automotor, lo que implica unas 620 dependencias si se toma el dato de 1.554 registros en todo el país. Dentro de esos, se cerrarán todos los que actualmente estaban intervenidos y con auditorías en proceso, algunas iniciadas hace más de dos años, y otros desde la asunción de la administración de Javier Milei. En la misma dirección se decidió también reducir el 30% del personal de la Dirección de Registros Automotor, dentro de un marco apropiado como el de ofrecer planes de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas. Estas dos medidas apuntalan las bases de la reforma del sistema registral de automotores, cuestionado por el Presidente durante su campaña electoral, en el que reiteradamente describió a los registros del automotor como «cajas de la política» y parte de la «casta que vive del Estado». Reducirlos a poco más de la mitad sigue una lógica de achicar el gasto público y mantener el equilibrio fiscal sin tener en cuenta los «efectos colaterales», y podría considerarse el primer paso hacia el objetivo final que siempre ha sido cerrarlos completamente y reemplazarlos por una herramienta digital remota. Estas medidas se complementan con otra anunciada en la misma resolución, que determina que los titulares de los registros seccionales se harán cargo del 100% de sus costos operativos, adecuando su ingreso a la tarea efectivamente desempeñada y su productividad. La Justicia se reserva el derecho de controlar en todo momento la estructura de costos de los encargados de registros. (Diario La Voz del Chaco)
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