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Diamante » Neonetmusic
Fecha: 07/05/2024 02:25
Claudio y Marcelo Tórtul, junto con los gerentes de Enersa Marcelo Morales, Juan Carlos Pimentel y Alejandro Cis, han sido procesados y se les han impuesto embargos millonarios. La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, dictó el procesamiento en el marco de una causa que investiga el accionar de una presunta asociación ilícita dedicada al pago de sobornos para mantener contratos entre la empresa de seguridad Securitas y la distribuidora de energía entrerriana. Según informó Análisis, a los Tórtul la magistrada les trabó embargos millonarios y dispuso que continúen cumpliendo prisión preventiva en dependencias de Gendarmería. A los tres gerentes también los embargó por fuertes sumas y les prohibió salir del país, aunque les anticipó penas de cumplimiento condicional. La causa se inició tras una investigación interna de la filial argentina de la empresa de seguridad privada Securitas, donde se detectaron indicios de supuestos pagos de coimas a funcionarios públicos para lograr y mantener contratos con distintos organismos y empresas, entre ellas Enersa. En la resolución de 217 páginas con fecha 3 de mayo, la magistrada confirmó la prisión preventiva de Claudio Raúl Tórtul y Marcelo Javier Tórtul y dictó su procesamiento por considerarlos prima facie autores de los delitos de asociación ilícita en carácter de organizadores en concurso real con cohecho activo (coautores) y negociaciones incompatibles con la función pública (partícipes necesarios). A cada hermano le trabó embargo por 30 mil millones de pesos. Respecto de Alejandro Cis, ex gerente de Logística de Enersa, la magistrada resolvió procesarlo por cohecho pasivo, violación de los deberes de funcionarios público y negociaciones incompatibles con la función pública. Le trabó embargo por 1.000 millones de pesos. A Marcelo Morales -gerente de Asuntos Legales- y Juan Carlos Pimentel -ex gerente general y actual gerente de Innovación Tecnológica-, la jueza los procesó sin prisión preventiva por considerarlos presuntos autores de los delitos de violación de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública. Los embargos para estos dos imputados fueron de 100 millones de pesos a cada uno.
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