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» SL24
Fecha: 06/05/2024 22:39
La convivencia de la justicia federal con la provincial en las investigaciones tuvo en San Lorenzo su primer cruce. En San Lorenzo funciona desde hace muy pocos una fiscalía federal a cargo del fiscal, Francisco Bernhardt que realiza investigaciones como narcotráfico, trata de personas, contrabando entre otras. La apertura de esta sede es clave para una región por la que navegan más 3000 barcos por año y la transitan más de 2.1 millones de camiones que arriban de todo el país. Hace algunas semanas el fiscal del foro provincial con asiento en la fiscalía de San Lorenzo, el dr. Aquiles Balbis llevó adelante una extensa investigación contra una banda de extorsionadores y narcotraficantes que operaba en la región y que contaba con la logística de la temida banda de Los Monos. Balbis logró imputar a dos de los líderes de la organización ambos detenidos en la cárcel de Coronda y a muchos colaboradores que eran los encargados de llevar adelante las extorsiones y la recaudación por la venta de droga. El abogado de los detenidos hizo una presentación para que la causa se tramite en la justicia federal, el Juez Eugenio Romanini interpretó que el pedido del abogado no era correcto y lo rechazó, no conforme fue llevado a la Cámara de Apelaciones de Rosario y fue la jueza de la Sala II Bibiana Alonso quien resolvió que la causa pase al fuero federal y sea investigada por la fiscalía con asiento en San Lorenzo. El fiscal federal de San Lorenzo, Francisco Bernhardt a través de un escrito pide que se rechace la decisión de la Cámara y que el expediente vuelva a la justicia ordinaria de San Lorenzo. La convivencia de ambas justicias y los huecos legales La posibilidad de jugar con los dos sistemas penales es una clara ventaja para los abogados penalistas de Santa Fe, dilación de los tiempos, cambio de fiscales y de regímenes de investigación. Las internas entre los funcionarios de ambos regímenes producto de la dedicación y la diferencias salariales es otro punto clave para entender las dificultades de convivencia. Esta causa seguirá siendo investigada con recursos que pagan todos los santafesinos y no la nación.
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