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» Clarin
Fecha: 06/05/2024 18:54
Después de marchas y contramarchas del Ministerio de Justicia de la Nación, este lunes se puso en vigencia el sistema penal acusatorio en la jurisdicción de Rosario, una de las localidades más golpeadas por el narcotráfico. El cambio busca imprimir acelerar los procesos judiciales, con plazos estipulados que de no respetarse, podrán ser causal de investigación contra jueces y fiscales. Serán los representantes del Ministerio Público Fiscal quienes estén frente a los procesos, que pasarán a ser orales, dejando atrás un sistema que estaba marcado por una gran burocracia. El Ministerio a cargo de Mariano Cúneo Libarona busca poner en marcha un cambio de paradigma en la administración de justicia. Sin embargo, la implementación del sistema acusatorio es un proceso de larga data en el que la Procuración General de la Nación viene trabajando con anteriores gestiones cumpliendo un rol clave como cabeza del Ministerio Público Fiscal. Este sistema -que rige desde 2019 en Salta y en Jujuy- pone a los fiscales al frente de los procesos de investigación y de las decisiones adoptadas en los expedientes. En el presente los jueces dirigen el proceso y toman las decisiones. La oralidad en todo el transcurso del caso es otra de las particularidades, pero siempre será el juez el garante del proceso. “La primera gran diferencia a partir de hoy es que no se va a preguntar por los jueces federales que llevan los expedientes, sino los fiscales. La proyección apunta a todo el país. De continuar esta progresión todo estará en manos de los fiscales”, explicó a Clarín uno de los referentes en la puesta en marcha del sistema. Lanzamiento del nuevo sistema acusatorio penal en Rosario la facultad de Derecho. Foto Andrés Vazquez Con la implementación de este modelo acusatorio en Rosario se deja atrás el sistema adversarial que rige en la mayoría de las jurisdicciones de nuestro país. La estadísticas indican que en la justicia federal de Salta y Jujuy el 87% de los procesos iniciados bajo el sistema acusatorio puesto en vigencia a partir de junio de 2019, culminaron con sentencia dentro del año. Si bien el Código Procesal Penal, una suerte de manual para los jueces y un resguardo del respeto a todas las garantías del proceso para las partes, fija plazos los mismos no suelen respetarse. Para que se imprima celeridad a las investigaciones en curso el gran cambio es la oralidad, que implica abandonar toda la burocracia que el sistema acarrea con la estructura formalizada escrita. Desde ahora, en Rosario los procesos estarán basados en los principios de “inmediación, oralidad, celeridad, publicidad, concentración y simplicidad”. Con este esquema se pretende dar respuestas más inmediatas de cara a la sociedad. El máximo de plazos que se tolerará para que un proceso concluya, desde su instrucción hasta obtener en un juicio una sentencia, será de tres años. Después, explicaron fuentes judiciales a Clarín, “se podrá realizar extracción de testimonios contra jueces y fiscales si esos plazos no son respetados”. La excepción estará contemplada en la complejidad de los casos, que pueden demandar un poco más de los tres años fijados en la normativa, pero se busca que esa no sea la norma y que se apliquen las sanciones correspondientes a los instructores de las investigaciones que se demoran. La oralidad determina que después de una audiencia de juicio debe haber un pronunciamiento “de forma inmediata por parte de los jueces. Ya no habrá plazos para la escritura, sino que deberán fundamentar debidamente el criterio adoptado”, señaló a Clarín un magistrado que trabajó en el proceso de implementación del sistema acusatorio. Los jueces, que eran los dueños del proceso, no perderán su rol de garantes del mismo, pero este nuevo sistema conlleva a una nueva distribución interna de los expedientes judiciales. “La agenda no la manejan más los jueces, sino la oficina judicial que es administrativa y que, por ejemplo, será la que avisará cuáles son las audiencias”. Esta oficina también es una novedad, ya que cumplirá un rol clave en la administración de los casos judiciales, fijará las agendas de audiencias y como la expresión lo indica, tendrá un rol netamente abocado a lo administrativo. Con las investigaciones en cabeza del Ministerio Público Fiscal, se dota al mismo de herramientas de investigación que antes estaban circunscriptas a delitos de narcotráfico, como ser la figura del arrepentido (cuyo nombre tecno es "imputado colaborador"), el agente encubierto, el agente revelador, el Informante o la entrega vigilada. Todo esto podrá aplicarse a los demás delitos.
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