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» Clarin
Fecha: 06/05/2024 15:55
La justicia porteña decidió el procesamiento de tres hombres acusados integrar una asociación ilícita que conseguía planes sociales y les cobraba una comisión a las personas que percibían ese beneficio. La decisión la tomó la jueza Alejandra Provítola, con la intervención de la fiscal Nacional en lo Criminal y Correccional N°30, Marcela Sánchez. La investigación tuvo su origen en diciembre de 2019, cuando un oficial -que realizaba tareas de prevención en inmediaciones de una sucursal bancaria ubicada en Avenida Callo al 100- advirtió la presencia de dos hombres que ingresaban a la zona de cajeros automáticos y efectuaban varias operaciones. Para ello, utilizaban diversas tarjetas bancarias, consta en el resumen del caso publicado en el sitio web de la Procuración, Fiscales. Se sospecha que eran punteros políticos y que se quedaron con la mitad de lo que les pagaban a los beneficiarios, alrededor de $ 3 millones. Si se calcula el valor del dólar entre fines de 2017 y 2019, cuando cometieron la estafa, el promedio es de $ 36 por dólar. Es decir en ese momento, representaban más de US$ 83.000. Una cifra contundente, si se compara la devaluación que hubo en estos años, al punto que el dólar oficial hoy se ubica en torno a los $ 850. Ante la sospecha de que se tratara de plásticos sustraídos o clonados, el policía procedió a identificar a los dos hombres y a determinar si las tarjetas estaban a su nombre. Tras realizar diversas medidas de prueba, el 16 de agosto de 2021 la jueza procesó a dos de los imputados como coautores del delito de “defraudación mediante la utilización de tarjeta de débito obtenida del legítimo emisor mediante ardid o engaño reiterado en seis oportunidades”. En ese marco, y con el fin de profundizar la pesquisa ante la eventual comisión de otros delitos, la fiscalía logró determinar que las y los titulares de las tarjetas de débito incautadas pertenecían a personas que integraban una misma cooperativa. A partir de eso, la fiscal requirió una serie de medidas que evidenciaron que los dos hombres procesados junto a un tercero integraban -en calidad de miembros- una asociación ilícita que habría operado entre octubre de 2017 y diciembre de 2019, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y en las localidades bonaerenses de Berazategui, Florencio Varela y Quilmes. Defraudación a beneficiarios del Argentina Trabaja A través de la organización, los tres imputados habrían defraudado y/o extorsionado a unas 25 personas, que percibían planes sociales de los programas “Argentina Trabaja” y -luego renombrado- “Potenciar Trabajo”, del entonces Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Para ello, se habrían aprovechado de la situación de vulnerabilidad de las víctimas y habrían obtenido su dinero. La maniobra desarrollada por los imputados consistía en simular que tenía injerencia en el otorgamiento, permanencia o quita de beneficios sociales. Así, hacían inscribirse a las víctimas en los planes sociales y, una vez verificado que se les había concedido, les exigían el 50% o un porcentaje menor del subsidio. Las personas damnificadas les entregaban el dinero o las tarjetas de débito junto a sus correspondientes claves de acceso, para que efectuaran las extracciones. También, las víctimas eran obligadas a mantenerse dentro de la cooperativa en la que se los inscribía, a captar nuevas víctimas o a asistir a marchas sociales relacionadas con los movimientos sociales dentro de los cuales funcionaban esas cooperativas. En base a las pruebas recabadas por la fiscalía, la jueza Provítola dictó los procesamientos con prisión preventiva de los tres hombres como coautores del delito de asociación ilícita, en calidad de miembros; y coautores de los delitos de “defraudación mediante el uso de tarjeta de débito obtenida mediante ardid o engaño -reiterado respecto de al menos 20 víctimas-, defraudación mediante el uso de tarjeta de débito obtenida mediante ardid o engaño reiterado en grado de tentativa -respecto de al menos 2 víctimas-, estafa reiterada -en tres oportunidades- y extorsión”. Además, determinó la privación de la libertad de los tres procesados bajo la modalidad de arresto domiciliario y que fueran incorporados al régimen del "Programa de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica", dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, a fin de que se les instalara los respectivos dispositivos electrónicos de rastreo o posicionamiento.
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