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Parana » Bicameral
Fecha: 06/05/2024 12:08
Una reunión de la Comisión de Legislación General del Senado de Entre Ríos buscará emitir dictamen sobre dos proyectos de ley con media sanción: la eliminación de “jubilaciones de privilegio” (en rigor, eliminación de pensiones para quienes fueron gobernadores y vicegobernadores) y la llamada “Ley de Transición”, dos iniciativas del Poder Ejecutivo que forman parte de la agenda del oficialismo en la Legislatura. Julián Maneiro, secretario de Asuntos Políticos del Ministerio de Gobierno de Entre Ríos, participará de la reunión que se desarrollará este martes al mediodía, tras la cual ambos proyectos quedarán en condiciones de convertirse en ley. Por un lado, la ley que busca poner fin a las llamadas “jubilaciones de privilegio” para gobernadores y vicegobernadores señala que para el Poder Ejecutivo “resulta imperioso terminar con las llamadas ‘jubilaciones de privilegio’, en particular la que establece un beneficio especial para los ex gobernadores y vice gobernadores de nuestra provincia” y sostiene que “la existencia de este régimen especial, se encuentra hoy en tensión con criterios igualitarios de los que es tributario la ética pública contemporánea, que demanda políticas activas que efectivicen el principio de igualdad ante la ley, entre los ciudadanos y sus gobernantes” La iniciativa, tal como consignó oportunamente Bicameral, establece claramente incompatibilidades y motivos de caducidad para el beneficio, pero permite su continuidad para quienes ya percibían este ingreso. Por otro lado, la Ley de Transición establece prohibiciones, como efectuar en el último año de gestión designaciones o recategorizaciones del personal en cualquiera de los ámbitos del Estado, estableciendo excepciones como las que se realicen en el marco de las paritarias y los acuerdos con los gremios, las que correspondan por ley, las que fuesen por concurso y los casos de los docentes, los integrantes de las fuerzas de seguridad y profesionales de la salud. Durante ese lapso de tiempo, tampoco se podrán iniciar procesos de licitaciones sin autorización de la Legislatura o aumentar los gastos previstos en el Presupuesto con fondos provenientes de incrementos de recursos de financiación no presupuestados, con excepción de los que sean por razones de fuerza mayor o casos fortuitos.
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