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» Comercio y Justicia
Fecha: 06/05/2024 11:25
El proyecto y el paquete fiscal serán tratados desde mañana en comisión. El Gobierno profundiza los contactos con gobernadores para asegurarse el número necesario para su sanción. En paralelo, también se inicia el tratamiento en comisión de los proyectos de movilidad previsional El Senado iniciará esta semana el tratamiento de la Ley Bases y el paquete fiscal en comisiones, luego de que ambos proyectos obtuvieron media sanción de Diputados el martes pasado. En este contexto, el oficialismo ya comenzó con los contactos necesarios para lograr una mayoría que le permita contrarrestar a los 33 senadores que componen el bloque kirchnerista sobre el total de 72 que componen la Cámara Alta. La Libertad Avanza inicia el debate con muchas más dificultades para articular una mayoría que en la cámara baja. De hecho, sólo cuenta con siete senadores. A este número, al menos para la votación de ambos proyectos en general, contaría con el apoyo de los seis del PRO y de, al menos, 11 de la Unión Cívica Radical (UCR), de un bloque compuesto por 13. Las dudas en el radicalismo marchan por la postura que podrían adoptar tanto Martín Lousteau (CABA) y Pablo Blanco (Tierra del Fuego). A esa incógnita se le suman la postura de los senadores de Santa Cruz, José María Carambia y Natalia Gadano. Ambos responden directamente al gobernador Claudio Vidal, quien ya exhibió su postura contraria al Ejecutivo en marzo, durante la votación del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023. Por su parte, los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, quienes pertenecen al Frente Renovador de la Concordia Social, también tendrán un rol preponderante. El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, lanzó un guiño para la Casa Rosada y llamó a «no entorpecer el camino del Gobierno». Mientras tanto, los de Unidad Federal (peronismo no kirchnerista) todavía no manifestaron ni dejaron entrever sus posiciones para la votación en general. Se trata de Edgardo Kueider (Corrientes) y Carlos Espínola (Entre Ríos). El bloque también lo integra Alejandra Vigo (Córdoba) quien se inclinaría por la afirmativa. Por otro lado, el bloque Cambio Federal lo integran las senadoras Andrea Cristina y Edith Terenzi (ambas de Chubut) y el senador Juan Carlos Romero (Salta). De estos tres sufragios (en la votación general), dos acompañarían al oficialismo: Cristina y Romero. Terenzi, está en duda. Fue una de las que se plegó al rechazo del DNU. En este contexto, quedan los unibloques de Comunidad Neuquén, en representación de Lucila Crexell (Neuquén); Juntos Río Negro con Mónica Silva (Río Negro) y Por la Justicia Social con Beatriz Ávila (Tucumán). De los tres votos, el Ejecutivo encontraría apoyo en general de Silva y Ávila. Por lo que el conteo previo, para la votación general en favor del Gobierno, quedaría con 29 escaños casi asegurados: Cambio Federal (2); PRO (6); Juntos Somos Río Negro (1); La Libertad Avanza (7); Por la Justicia Social (1); Unidad Federal (1); UCR (11). Son 10 los votos que aún están “en el aire” y por los que el Ejecutivo deberá negociar para contrarrestar los 33 del kirchnerismo que en rigor podrían no estar todos al momento de la votación. En ese marco, Francisco Paoltroni, uno de los referentes de la Libertad Avanza en el Senado, planteó la posibilidad de alcanzar el pacto de mayo con la aprobación de la ley bases y el paquete fiscal. «Soy muy optimista, por sentido común se debería aprobar. El jueves 17 de mayo la Ley Bases y el paquete fiscal podrían ser ley. Creo en el apoyo de los gobernadores», señaló Paoltroni en una entrevista en Radio Metro, y apuntó que pueden recibir acompañamiento de legisladores del justicialismo: «El kirchnerista no tiene nada que ver con el peronista clásico». Del otro lado de la bancada oficialista, el jefe del bloque de Unión por la Patria, José Mayans, aseguró que todos los senadores que integran ese espacio votarán en contra. El legislador aseguró en declaraciones con Radio 10 que los 33 senadores de Unión por la Patria votarán en contra de la Ley Bases, porque «votamos de acuerdo a la Constitución Nacional el artículo 29, donde no podemos ceder prorrogativas al Poder Ejecutivo». Además, a contrapartida de lo ocurrido en Diputados la semana pasada, Mayans aseguró que desde UP se ofrecerá el tratamiento de la ley artículo por artículo. «Acá hay que trabajar tema por tema, no hay que lavarse las manos. Todo esto proviene de una ley, bueno ¿qué quieren hacer con cada una de las empresas del Estado? Acá se lavan las manos y entregan facultades amplias para que se haga lo que se quiera, no es así”, señaló. Movilidad previsional Mientras tanto, el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert, convocó a una reunión para este miércoles para poner en marcha el tratamiento del proyecto de movilidad jubilatoria, que ya obtuvo dictamen en la comisión de Previsión Social. Durante el debate, se espera que se discutan las alternativas a la recomposición parcial que determinó el Gobierno a través del DNU 274/24, en la que el monto de los haberes está atado a las variaciones del IPC. Además, a partir de esta resolución se fijó un cronograma de transición hasta que la nueva fórmula de movilidad esté plenamente vigente a partir del mes de julio. La comisión de Previsión Social, presidida por la radical Gabriela Brouwer de Koning, ya logró emitir varios dictámenes, pero Espert se negó a convocar a Presupuesto para hacer plenarios conjuntos, por lo que el tratamiento quedó a mitad de camino. Sin embargo, tras la aprobación en Diputados de la ley Bases, el Gobierno dio luz verde para que la comisión de presupuesto pueda sesionar otros temas. Concretamente, la comisión de Previsión Social avaló tres dictámenes: el de mayoría terminó siendo el de Unión por la Patria, que propone una recomposición inicial de 30% del poder adquisitivo de los ingresos de jubilados y pensionados, y sobre esa base mantiene la actualización de acuerdo a la fórmula que conjuga variación salarial y recaudación de Anses (la fórmula de Alberto Fernández), pero sumando adelantos mensuales atados a la inflación. La UCR y Hacemos Coalición Federal firmaron un dictamen de minoría proponiendo un piso mínimo de las jubilaciones en el monto de la Canasta Básica Total, y actualización mensual por IPC, con adicionales en caso que el Ripte esté por encima de la inflación. Además, establece una recomposición de 8,1% para que junto al 12,5% que fijó el Gobierno por decreto se totalice 20,6% correspondiente a la inflación de enero. El dictamen de minoría del Frente de Izquierda prevé que la jubilación mínima en ningún caso esté por debajo del monto equivalente a la Canasta Básica del Adulto Mayor, y propone una actualización de haberes tomando alternativamente el IPC o el Ripte. Además, asegura el 82% móvil para todos los jubilados. La Libertad Avanza y el PRO no firmaron ninguno de estos dictámenes y se aferran a los dispuesto en el decreto 274/24.
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