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» La arena
Fecha: 06/05/2024 04:17
Zambullido de lleno en la idea contraria a la injerencia del Estado y de favorecer los negocios de los grandes empresarios, el gobierno de Javier Milei planea ahora terminar con la empresa Cammesa, operadora del mercado mayorista de la energía eléctrica, y pretende pasar los vigentes contratos a Enarsa. La embestida, otra más de Milei con el ministro de Economía Luis Caputo detrás, ha causado revuelo y preocupación en los grandes operadores, que consideran "imposible" la maniobra por la cantidad de contratos que cruzan a la empresa y que podrían desatar una ola de demandas. Las fuentes consultadas por los medios especializados resaltan el hecho de que el ministro Caputo y su familia, son parte interesada en varias empresas que componen el sector. La idea del Gobierno es que las generadoras y distribuidoras negocien libremente entre sí. Para eso es vital terminar con Cammesa, empresa a la que hoy el Estado nacional le adeuda más de 2200 millones de dólares, que de pagarlos terminarían con el ficticio superávit fiscal que el presidente muestra como un trofeo. Con los argentinos como asombrados espectadores, los medios denuncian que el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, está trabajando en este plan con Carlos Bastos, ex titular de Infraestructura de Domingo Cavallo durante su paso como ministro de Economía de la Alianza, y el empresario Nicky Caputo, uno de los jugadores más importantes del sector, con buena parte de la generación y participación fuerte en el segmento transporte. El "amigo del alma" de Mauricio Macri tiene declarada la propiedad del 23% de las acciones de la sociedad Sadesa, junto con los empresarios Carlos Miguens Bemberg, Guillermo Reca, la familia Escasany y los hermanos Ruete Aguirre. Este consorcio viene de comprar dos centrales de generación eléctrica a precio de remate. Pagó 48 millones de dólares por el 75,7% de Central Costanera y 54 millones por el 41,2% de Central Dock Sud. Además, Sadesa es propietario de Central Puerto y de la distribuidora. Intermediario. A primera vista Cammesa luce como un simple intermediario: compra el 60% de la energía a lo que se conoce como generación vieja, que son fundamentalmente hidroeléctricas y centrales térmicas con un costo de generación tres veces menor a las energías renovables y la nuclear que abastecen el 40% restante. Una vez comprada la energía, Cammesa traza un promedio de precio entre las modalidades, que tienen costos diversos, para poder ofrecer a las distribuidoras del mercado un precio estandarizado que hoy varía entre los 70 y los 75 dólares el megawatt. Un dato sumamente relevante es que muchos de estos proveedores -como las nuevas centrales térmicas- tienen contratos en dólares de 10 a 15 años. "Cammesa es mucho más que un intermediario. Es un eslabón clave del sistema energético porque garantiza un precio homogéneo y el cumplimiento de todos los contratos", afirmaron fuentes del sector. En rigor el 80% de las acciones de Cammesa están en poder de las asociaciones que agrupan a los distintos agentes del mercado mayorista eléctrico (Ageera, Adeera, Ateera y Agueera) y solo el 20% restante lo controla el Estado Nacional a través de la Secretaría de Energía. Eso, afirman, molesta especialmente al Gobierno que no quiere seguir desembolsando los miles de millones que destina a subsidiar el sistema. Desintegración. Mientras Chirillo y Nicky apuran la desintegración de Cammesa con escándalos recurrentes, el sector está en shock. Ahora la mano derecha del secretario de Energía, el abogado Carlos Morales, amenazó a un gerente histórico de la compañía para tratar de forzar su renuncia, reveló el medio especializado Ecojournal. Morales se presentó en Cammesa, y según el medio intimó a Jorge Ruisoto, gerente de Normativa y Auditoría Interna, para que firme un acuerdo voluntario de desvinculación. Le dijo que habían llevado adelante una auditoría y detectaron irregularidades con la importación de energía eléctrica que lo comprometían. La movida fue leída en el mercado como otra avanzada del Gobierno contra Cammesa, como parte de un proceso que incluye grandes contradicciones, como afirmar que se quiere ir a un sistema de libre mercado y al mismo tiempo volver a congelar tarifas, como acaba de anunciar el ministro de Economía. Pero el gran interrogante que se impone en el sector con la idea de desguazar Cammesa, gira en torno a las garantías sobre el cumplimiento de los contratos vigentes. "No se entiende el esquema que tiene el gobierno en mente", indicaron. "Con la restructuración compulsiva de la deuda acumulada con un bono, la suspensión de obras adjudicadas que cuentan con financiamiento externo y el traspaso de los contratos a Enarsa, una de las cuatro empresas que el gobierno incluyó para privatizar en la Ley Omnibus, están prendiendo fuego la seguridad jurídica", agregó un empresario, que se preguntó: "¿qué va a pasar con el contrato firmado con el Estado argentino que tenemos cuando privaticen Enarsa con nosotros adentro?".
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