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  • Piden domiciliaria para mujer por estafa de $ 2 M. con aplicación de pago trucha

    » El Liberal

    Fecha: 05/05/2024 12:30

    La defensa solicitó arresto domiciliario para una mujer sindicada de perpetrar estafas cercanas a $ 2.000.000, ya que tendría cuatro hijos, uno con discapacidad. Así lo reveló el abogado Andrés Lizárraga (foto), en representación de Érika Yanet Albarracín, (31), con residencia en la localidad de Toro Pozo, departamento Jiménez, acusada por un comercio de efectuar compras desde febrero pasado y efectivizarlas desde una aplicación de pago, pero las transferencias no habrían sido acreditadas. "Mi asistida es una mujer de extrema necesidad. Lo poco que pude dialogar con ella es que fue aprehendida en el comercio denunciante. Esperamos la pronta audiencia de conversión de aprehensión en una detención que rechazaremos", señaló Lizárraga. "Es crucial, clave, la valoración de la prueba y que cada aprehensión se materialice bajo el control total, facultad conferida al Ministerio Público Fiscal", afirmó el letrado. "Por eso, hemos interpuesto un recurso de hábeas corpus en busca de la domiciliaria. Tiene cuatro hijos, de 7, 8, 9 y una nena de 12 años discapacitada. El padre de los menores reside en Tucumán. Es obvio que es la única sostén de esos menores", acotó. Ofensiva de la Fiscalía Enfrente, la fiscal Carla León no le simplificará el cometido. Albarracín está acusada de comprar en el mismo comercio mercaderías por casi $ 400.000. El viernes se le acabó la racha. Los propios responsables del local del Bº Centro habrían llamado a la policía. Globalmente, se sospecha que las operaciones en investigación habrían edificado un perjuicio para el comercio estimado en $ 2.000.000. En forma paralela, Albarracín es investigada por otro fiscal ya que habría fingido ser gestora de la Anses. Dos vecinos de la localidad de Toro Pozo indicaron que la ahora aprehendida los engañó presentándose como gestora de la Anses. Les habría solicitado DNI y tarjetas de débitos y claves. En conclusión, les habría vaciado las cuentas y adquirido empréstitos bancarios a nombre de los damnificados. Se estima que el perjuicio sumaría $ 300.000.

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