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» La voz
Fecha: 05/05/2024 05:48
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El próximo 3 de julio, el radical Mario Decara dejará de ser defensor del Pueblo de la Provincia después de 15 años, una longevidad inédita en una institución creada por la Constitución de 1987 y puesta en marcha dos años después. La Defensoría del Pueblo es el único organismo que administró ininterrumpidamente la Unión Cívica Radical desde el retorno de la democracia. Los dos primeros defensor –Dante Fornasari y Nelson Filippi– fueron impuestos por la UCR, en los años de mayoría absoluta del angelocismo. Decara, en cambio, fue el producto de una decisión política de José Manuel de la Sota, quien, ante el avance de Luis Juez, decidió en 2008 guarecer al radicalismo en esa estructura y fortalecer así el “bipartidismo”. En ese marco, la sucesión de Decara disparó un verdadero “juego de tronos” entre los radicales, que dan por sentado que la tradición continuará, pese a que legalmente no está estipulado que el organismo sea comandado por la oposición. Como ya se dijo, los defensores que ejercieron durante los gobiernos radicales eran dirigentes de ese partido. Sin embargo, la tradición entró en crisis tras el resultado electoral del año pasado, cuando la oposición unificada quedó a tres puntos de destronar el PJ, resultado que puso en empate técnico a la Legislatura provincial y le permitió a Luis Juez quedarse con el Tribunal de Cuentas. En otras palabras: el “saludable ‘bipartidismo’” tiene una representación diferente a la de los últimos años. Un legislador de Hacemos Unidos que tiene voz de mando en el bloque lo dejó claro: “Que la Defensoría del Pueblo la conduzca la oposición es una ‘costumbre’, no una obligación legal. Ahora, todo está en tela de juicio”. Se explaya: “Hasta ahora, la ‘costumbre’ era que el oficialismo tenga cuórum propio y mayoría en el Tribunal de Cuentas. Desde diciembre, la oposición conduce el Tribunal de Cuentas y condiciona al oficialismo en la Legislatura”. Es una lectura que abona la idea del “equilibrio institucional garantizado” por la conformación de la Unicameral y el organismo de control del gasto en manos de la oposición. Pese a la incertidumbre, el radicalismo encendió su licuadora de candidaturas, el habitual proceso de desgaste para ver quién sobrevive a la interna. Danza de nombres Quien largó primero es Julio Ochoa, actual vocal del Tribunal de Cuentas de la Ciudad de Córdoba por el radicalismo, quien cuenta con el aval del tándem Rodrigo de Loredo–Marcos Ferrer, y por lo tanto concentraría la mayoría de los apoyos radicales en la Legislatura provincia, aunque el rechazo explícito del Frente Cívico. La bronca del Frente Cívico con Ochoa es reciente, pero constante: le reprochan haber convalidado la jugada con la cual el peronismo copó la “línea ejecutiva” del Tribunal de Cuentas de la Provincia, que el radical integró hasta diciembre en representación la minoría. El enojo con Ochoa surge del propio Juez, que vio que el radical fue funcional a condicionar el desembarco del juecismo en el organismo de control. Hay un dato no menor: la designación de Ochoa como defensor del Pueblo “liberaría” la silla que ocupa actualmente en el Tribunal de Cuentas Municipal, lo cual le permitiría a Esteban Bría, un deloredista de la primera hora, ocupar ese lugar del que es suplente y ocupar nuevamente un cargo público para limar a Daniel Passerini. De Loredo, Julio Ochoa, Juan Negri y Marcos Ferrer (gentileza). Para ofrecer un nombre radical “superador” al rechazo intransigente que genera Ochoa en el Frente Cívico, los juecistas abogaron por Marcos Carasso, el actual presidente de la UCR. En el listado que llego al bloque de Hacemos Unidos también estaba Juan Negri, con aval juecista. El nombre del exconcejal también está atrapado en la telaraña radical: su padre, Mario Negri, juntó 24 firmas del bloque radical de diputados nacionales y se encamina a sentarse en la Auditoría General de la Nación, puesto que, además, tiene avales de diputados de Hacemos Coalición Federal y de la Coalición Cívica. Su regreso a los primeros planos de la política impacta de lleno en los intestinos del radicalismo cordobés: “Dos cargos de ‘rosca’ para los Negri es mucho, distinto es si fuesen cargos electivos”, advierten. Con este mar de fondo radical, en el peronismo no descartan sostener el status quo y revalidar a Mario Decara, ya sea de manera directa, proclamándolo nuevamente a él; o bien, de manera indirecta: dejando al frente de la Defensoría a su adjunto, silla que ocupa Hugo Pozzi. No es una receta nueva: entre 2005 y 2008 la Defensoría estuvo a cargo de quien era la adjunto. En el bloque oficialista repiten: “El camino para construir una mayoría es que los radicales se pongan de acuerdo y traigan un nombre, no al revés. Después veremos qué pensamos nosotros y si queremos que sea un radical el próximo defensor del Pueblo”.
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