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» La voz
Fecha: 05/05/2024 05:48
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Cualquier variante de “reforma laboral” fue durante muchos años mala palabra para la mayoría de los argentinos. Sin embargo, en paralelo al deterioro del mercado de trabajo, avanzó el consenso sobre la necesidad de cierta modernización de su marca legal. Sucede que la citada reforma avanzó de hecho: en la última década, el empleo de mayor calidad, formal en relación de dependencia en el sector privado casi no creció: en 2013 había 6,5 millones de argentinos trabajando en esa condición y hoy son sólo unos 300 mil más, 6,8 millones. Los nuevos ocupados pasaron a engrosar las filas del sector público (saltaron de 2,8 millones a 3,5 millones en la década) o debieron resignarse a la informalidad y el trabajo cuentapropista, exentos de la gran mayoría de los derechos laborales: ese contingente trepó de 8,7 millones a 10,4 millones. Tal foto se convirtió en el combustible de los cambios en la normativa laboral, que en una versión propuesta desde el radicalismo y acotada durante el trámite parlamentario terminó plasmada en el proyecto de “ley bases” que Diputados acaba de aprobar. Para que sean una realidad, deberán ser sancionados ahora por el Senado. El “poroteo” en esa cámara no garantiza aún consenso sobre varios tramos del proyecto, un contexto que la CGT intentará aprovechar para objetar el tramo laboral. La administración de Javier Milei, junto con los impulsores de los cambios, confían en que lograrán una sanción definitiva. Reforma “light” versus quita de derechos Los cambios que lograron media sanción provienen de un proyecto de los diputados radicales que originalmente era más ambicioso en su alcance. Pero la negociación entre el arco sindical y el Gobierno dejó en el camino aquellas modificaciones que acotaban el sistema de financiamiento de los sindicatos, reducían el número de delegados o limitaban el derecho a huelga y ciertos mecanismos de protesta (por ejemplo, bloqueos), entre otros puntos. Para las pymes, esta reforma puede ser una herramienta para destrabar la toma de empleo. (La Voz / Archivo) En apretadísima síntesis, los ejes de lo sancionado incluyen la eliminación de multas que bajan el costo de las indemnizaciones y la introducción del fondo de cese como una alternativa al actual sistema; la extensión del período de prueba de tres meses hasta el año; la creación de una nueva unidad productiva donde un trabajador puede convocar hasta otros cinco como independientes fuera de la relación de independencia y el fortalecimiento del mecanismo de tercerización. “Los sindicatos cuidaron la fortaleza, sostuvieron sus herramientas institucionales y fueron exitosos. En la versión final, quedó lo que vincula a trabajadores y a empleadores en su relación individual”, sintetizó en análisis realizados esta semana Luis Campos, abogado especialista en temas de empleo e investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA que acaba de presentar su libro: La Fortaleza, sindicatos, Estado y relaciones de fuerzas en la Argentina de 1945 a 2001. Los cambios aprobados dividen aguas. Para el arco político que los impulsó y la amplia mayoría de las cámaras empresariales, implican un avance en pos de modernizar la regulación del empleo, darle flexibilidad y colaborar desde ese lugar con la generación de nuevos puestos. En la vereda apuesta, los sindicados y los referentes del derecho laboral, como el propio Campos y el exministro de Trabajo provincial y viceministro nacional del radicalismo, Jorge Sappia, cuestionan con dureza las modificaciones aprobadas, anticipan que no ayudarán a combatir la informalidad y advierten que pueden resultar cuestionadas en la Justicia. Al medio, representantes del sector pyme reclaman que la “reforma” atendió poco de lo que ese universo, dador de la mayor cuota de empleo, necesita. Para instituciones como el Ieral, de la Fundación Mediterránea, los cambios son positivos, pero se quedan cortos. “La reforma de mayor impacto es la que elimina las disposiciones que llevan a que, en la práctica, las multas derivadas de alguna falla en la registración laboral estén ‘privatizadas’. Es decir, que no sea el Estado, sino los privados (el trabajador y su abogado) los que la apliquen y se apropien de la sanción monetaria”, advierte la entidad en un informe. Humberto Spaccesi, presidente de la delegación Córdoba de Apyme, coincide en ese punto: “Ese cambio es bueno porque resuelve uno de los grandes problemas de las pymes: la industria del juicio. Entran a tallar abogados y un empleador termina pagando por cosas que no existieron”. Pero aclara: “El resto de lo aprobado es pour la galerie, o abre la puerta a abusos y a precarización. Lo que las pymes necesitamos es una legislación específica, diferente a la vigente para grandes empresas. El que tiene un torno con cinco empleados no puede estar atado a las mismas exigencias laborales que una terminal automotriz, porque en el primero el costo laboral pesa el 50% y para la terminal es del 4% o el 5%”, agregó. Para Spaccesi, esa diferenciación y la necesaria reactivación del consumo interno son requisitos ineludibles para lograr generación de empleo de escala en el sector pyme. José Viale, presidente de la Cámara de Comercio de Córdoba e integrante del G-6, celebra los cambios, aunque coincide en que para redundar en nuevos puestos requieren del repunte de la actividad. “En el ámbito del G-6 y entre los empresarios en general hay esperanza de que estas modificaciones a la ley laboral generen más confianza para contratar. La eliminación de multas es quizás el punto más importante en la ley, como así también las facilidades para blanquear trabajadores no registrados”, destaca. Mientras la derogación de multas es celebrada como acertada entre empleadores, la alternativa de optar, con acuerdo de partes mediante convenio colectivo, por el fondo de cese laboral –similar al que rige en la industria de la construcción– en reemplazo al sistema de indemnización divide aguas. Hay quienes señalan que para el empleador resulta más oneroso, ya que implicaría un aporte del 8% mensual sobre el sueldo de cada trabajador contra el estimado del 2% que demanda la variante vigente en una empresa de cierta escala. ¿Inconstitucional? Un punto que cruza miradas muy opuestas es el nuevo esquema que habilita a un trabajador independiente a convocar hasta cinco a sumarse a una unidad productiva sin establecer relación de dependencia ni con él ni con terceros a los que puedan prestar servicios. “Hay que pensar, por ejemplo, en un jardinero que convoca a otras personas a trabajar con él. Esta figura busca dar un encuadre posible a casos como ese, que son miles en la realidad”, señala Gabriel Bornoroni, presidente del bloque de diputados de La Libertad Avanza; en sintonía con Rodrigo de Loredo, impulsor de la reforma. El planteo es que se trata de una alternativa superadora para el masivo universo cuentapropista que creció fuera de registro. Para el sindicalismo, se trata de precarización encubierta. Pablo Chacón, secretario general de Asociación Gremial de Empleados de Comercio de Córdoba (AGEC), advierte que en ese sector el modelo puede esconder abusos. Los laboralistas como Sappia y Campos coinciden y advierten: “Esa figura de los trabajadores independientes con colaboradores es un espanto. La Constitución, en su artículo 14 bis, establece que el trabajo en cualquiera de sus formas gozará de la protección de las leyes, algo de lo que se priva a esos ‘colaboradores’. No creo que ningún juez avale tal violación constitucional”, previene Sappia. Diputados durante el debate y votación de la Ley de Bases Congreso. (Foto Federico Lopez Claro) En detalle: puntos centrales de los cambios aprobados por Diputados A continuación, algunos de los cambios normativos centrales en relación al empleo incluidos en el proyecto de “ley bases”. La información proviene de un informe del Ieral y del texto original sancionado por la Cámara de Diputados esta semana (artículos 76 a 99):
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