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» Infobae
Fecha: 05/05/2024 04:35
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El oficialismo logró la media sanción de la Ley Bases en Diputados El presidente Javier Milei consiguió, finalmente, que la Cámara de Diputados aprobara las primeras iniciativas oficialistas en casi cinco meses de gestión de gobierno. Más allá de lo inédito de esta situación -jamás un Presidente hubo de esperar tanto-, y del reconocimiento de que el tratamiento legislativo de la remozada Ley de Bases y el paquete fiscal aún tienen que recorrer un difícil e incierto camino en el Senado, lo ocurrido el martes pasado en la cámara baja podría trascender el mero hecho formal de la media sanción de ambas iniciativas. Es que para poder conseguir, en el marco de un Congreso en el que se encuentra en manifiesta minoría, que 140 voluntades apoyen en general una iniciativa que introduce profundas reformas estructurales, el oficialismo debió negociar e inevitablemente ceder en muchas de sus pretensiones originales a fin de construir los “consensos” tantas veces denostados por el presidente y los adalides del “cambio cultural”. ¿Se trató de un giro pragmático ante una realidad irreductible a muchos de los planteos más extremos del reformismo libertario? ¿Son concesiones puntuales que entrañan una suerte de repliegue táctico ante necesidades y urgencias de la propia coyuntura, a la espera de condiciones más propicias tras las legislativas de 2025? O, más sugestivamente aún, ¿son la manifestación evidente de las contradicciones entre el discurso rupturista del libertario y las posibilidades de su implementación concreta? Más allá de la pertinencia de estas hipótesis que más temprano que tarde habrán de ser ratificadas o refutadas por la propia realidad, lo cierto es que el gobierno parece venir recorriendo una suerte de “curva de aprendizaje”. Un presidente que, desde lo discursivo sigue proyectando una imagen de intransigencia y enarbolando las banderas del “todo o nada”, parece hoy dispuesto a ceder para conseguir resultados que, en muchos casos, son mucho más modestos que los proclama su narrativa exaltada y rupturista. No solo ocurrió con la nueva versión de la Ley de Bases, que finalmente vio fuertemente acotadas las delegaciones de facultades extraordinarias, que excluyó de las privatizaciones a empresas como el Banco Nación, que protegió al Conicet, el INCAA o la ANMAT de una potencial decisión tendiente a su eliminación, entre tantas otras concesiones que hicieron posible su aprobación en Diputados. También esta semana que pasó hubo otras señales evidentes de “aprendizaje”, como en el conflicto con las universidades nacionales o en la relación con la República Popular de China, por citar dos de los ejemplos más relevantes. En el primer caso, tras la masiva marcha en defensa de la universidad pública, que desbordó las calles de la capital y otros grandes centros urbanos con una participación tan amplia y diversa que tornó estéril la primera reacción oficial -descalificarla en función de la participación político-sindical-, el Gobierno desescaló visiblemente el conflicto, encauzó conversaciones, desplazó interlocutores y hasta liberó fondos. En el caso de la relación bilateral con el gigante asiático, el Gobierno también parece haber aprendido de los errores cometidos al comienzo de la gestión, como el encendido discurso de Milei en el foro de Davos, las referencias discursivas al régimen socialista o los “coqueteos” con Taiwán. En este sentido, el viaje oficial de la canciller Mondino a China, su amable encuentro bilateral con el canciller de dicha potencia, y el apoyo del gobierno a las tareas que se realizan en la base neuquina, marcan un cambio notable propio de la realpolitik. Es que Argentina espera que China acepte renegociar para junio los 5 mil millones de dólares del swap que vencen ese mes, y espera expectante la posibilidad de destrabar los desembolsos para las represas paralizadas en Santa Cruz. En este marco, incluso algunos axiomas repetidos hasta el cansancio como “no hay plata” u “olvídense de la obra pública”, o mantras como el de la desregulación o el shock liberalizador, ya demuestran ser más recursos discursivos que mandamientos inviolables: provincias como Tucumán o Chaco recibieron en abril anticipos de la coparticipación, se conversa sobre la posibilidad de reactivar algunas obras públicas puntuales, se postergan las subas de tarifas, y se fijan topes para los aumentos de cuotas de las prepagas de la salud. Como reza el refrán, “la necesidad tiene cara de hereje”. Es que más allá de que aún el gobierno mantiene altos niveles de apoyo -aún con algunas señales de alarma como el desgaste evidenciado por el Índice de Confianza del Gobierno de la Universidad Di Tella-, junio se avizora como una suerte de “mes bisagra”, en el que no solo podría registrarse por primera vez un desequilibrio fiscal (por la incidencia de aguinaldos, ajuste jubilatorio y pago de parte de la deuda de la estatal Cammesa con las empresas generadoras de energía), sino en el que, por el lado de los ingresos, el Gobierno aspira a darle cierto respiro a la clase media para estimular la recuperación del consumo. Así las cosas, restará despejar la incógnita respecto a lo que podrían ser quizás dos de los aprendizajes más importante de cara a los desafíos que se vienen: en primer lugar, si se asume que la “motosierra” tiene límites que pueden tornar el ajuste insostenible, y que debe ser reemplazada por herramientas quirúrgicas más precisas; y en segundo lugar, que si bien las herramientas que están previstas en la Ley de Bases son importantes para dar certidumbre y gobernabilidad de cara a los mercados, requieren de una gestión con capacidad para implementarlas, algo que hasta el momento viene revelándose como un notable déficit en áreas estratégicas como las del “superministerio” de Capital Humano o el de Salud, entre otros.
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