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Fecha: 05/05/2024 04:07
La Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia (CBI) sigue sin conformarse. Todas las miradas apuntan a Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, por la demora. El libertario se había comprometido a que avanzaría con la designación de los integrantes de la CBI después de que se discutiera la ley de Bases en la Cámara Baja. El gobierno consiguió la media sanción, pero el organismo que debe controlar a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) sigue sin ponerse en funcionamiento. La CBI tiene catorce miembros. Solo hay cuatro senadores designados: los que corresponden a la “oposición amigable” que Victoria Villarruel logró juntar a fin de año para dejar al peronismo en minoría en todas las comisiones. Los elegidos oficialmente son Martín Goerling Lara (PRO Misiones), Mariana Juri (UCR Mendoza), Edgardo Kueider (Unidad Federal) y Edith Terenzi, que responde al gobernador de Chubut, Ignacio Torres. Por lo que pudo saber este diario, Juri no iría a la bicameral y dejaría su lugar a Martín Lousteau, presidente del comité nacional de la Unión Cívica Radical (UCR). Por el momento, los bloques que lideran José Mayans y Juliana di Tullio en el Senado no designaron a sus enviados. Lo que sí hicieron el lunes fue mandarle una nota a Villarruel intimándola por haber hecho una maniobra para restarles lugares que les corresponderían por el voto popular. La vice no respondió. La disputa podría judicializarse. En este mandato, la presidencia de la CBI debería estar en manos de un senador, dado que en el período 2020-2023 estuvo en manos del diputado Leopoldo Moreau. Las versiones indicaban que el posible elegido sería Goerling Lara, un senador que se muestra totalmente alineado con Villarruel y tiene puentes con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. En el Congreso, hay quienes sugieren que la lentitud de Menem para avanzar con la conformación de la CBI está relacionada con el posible rol de liderazgo de Goerling Lara. Es posible que Karina Milei no quiera a un aliado de Villarruel controlando qué pasa en la AFI, en el área de inteligencia militar y en la dirección de inteligencia y en la dirección de inteligencia estratégica militar. La AFI está en manos de Silvestre Sívori, un aliado del silente jefe de gabinete, Nicolás Posse. Villarruel perdió la incidencia que esperaba tener en Defensa y Seguridad después de sus chisporroteos con Javier Milei y el desembarco de Bullrich en el gobierno, que no solo volvió al ministerio que manejó durante el macrismo sino que se aseguró que su alfil, Luis Petri, se quedara con el edificio Libertador. El 15 de abril pasado, la Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia (ICCSI) envió una carta a Menem y a Villarruel para hacerles saber su máxima preocupación porque la CBI sigue sin funcionar. La ICCSI está conformada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Fundación Vía Libre y el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED). “La renovación de la intervención de la AFI a través del decreto 22/2023 deja entrever la ausencia de una política de Estado en materia de inteligencia nacional, que busque terminar con su histórico uso para finalidades espurias y el más absoluto secreto”, alertaron en su carta. Para lCCSI, hay dos puntos nodales que hacen al oscurantismo en materia de inteligencia: el secreto y el uso de los fondos reservados. En el decreto de la intervención, Milei habilitó a Sívori evaluar, modificar y/o aprobar un régimen de administración de fondos, ampliando o reduciendo las partidas confidenciales. Si necesita más plata, es el propio Posse --quien lo llevó la AFI-- quien lo tiene que autorizar. A priori, eso evidencia un cambio de percepción frente a la política que tuvo el gobierno del Frente de Todos (FdT), donde la primera interventora, Cristina Caamaño, ordenó reducir al mínimo los fondos secretos. Según publicó Clarín, para este año, la AFI tendría una partida de 1.500.000.000 de pesos para fondos reservados. Los fondos reservados fueron históricamente la caja negra de la política. Semanas atrás, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó que la SIDE menemista buscó desviar la investigación del atentado a la AMIA pagándole 400.000 dólares a Carlos Telleldín para involucrar a un grupo de policías bonaerenses en el ataque contra la mutual de la calle Pasteur. El reclamo de Unión por la Patria Después de la nota de ICCSI, levantaron el guante desde Unión por la Patria (UxP). El presidente del bloque de diputados, Germán Martínez, le pidió a Menem que nombrara a los integrantes de la CBI –que es una bicameral permanente creada por mandato de la Ley de Inteligencia. “No hay razón alguna para que el conjunto del Sistema de Inteligencia Nacional deba continuar sin el debido control parlamentario a lo largo de tantos meses”, señaló el diputado de UxP. La mora de Menem se coló en medio del debate de la ley Bases. Fue la diputada Carolina Gaillard (UxP) quien le enrostró al presidente de la Cámara que es una irregularidad que no termine de conformar las comisiones y, en particular, la CBI. “Nos inquieta el hecho de que no se constituya la comisión”, le dice Leopoldo Moreau a Página/12. “Han pasado más de 60 días desde que se inició el año legislativo. Estamos ante un incumplimiento de la ley. Es una comisión creada por ley para proteger los derechos de los ciudadanos, que, en este momento, se han quedado sin un instrumento de control”, añade el diputado que estuvo al frente de la CBI hasta diciembre. En marzo, la senadora Di Tullio denunció en sus redes sociales que su teléfono estaba "pinchado" y responsabilizó directamente a la AFI. A partir de esto, la exSIDE hizo una presentación en Comodoro Py y se inició una causa que quedó en manos del juez federal Sebastián Ramos. Di Tullio se presentó como querellante. Pidió declarar y que la AFI mande toda la información que tiene sobre ella.
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