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Fecha: 05/05/2024 04:06
Mañana comienza a aplicarse en Rosario el nuevo sistema acusatorio que marca el Código Procesal Penal. En rigor se concretará en la jurisdicción de la Cámara Federal de Rosario que incluye además a las ciudades de Santa Fe, Rafaela, Venado Tuerto, Reconquista, San Lorenzo y San Nicolás. El mismo lunes habrá un acto con la presencia de Mariano Cúneo Libarona y Patricia Bullrich, autoridades provinciales y se espera confirmación de integrantes de la Corte nacional. En las últimas horas el Procurador Ricardo Casal nombró como coordinador de la nueva estructura acusatoria al fiscal Fernando Arrigó, quien tomará decisiones sobre los criterios específicos de persecución penal. En el área de delitos complejos estarán los fiscales Javier Arzubi Calvo, Federico Reynares Solari y Matías Scilabra. La fiscal Adriana Saccone será asignada a Atención Inicial y casos sencillos. Martín Suárez Faisal será fiscal revisor y de salidas alternativas. Por último, en el sistema transicional, que administra las causas del sistema que expira hasta tanto concluyan, quedará el fiscal Claudio Kishimoto. Con el nuevo sistema acusatorio queda removida la facultad de investigación que hasta ahora tenían los jueces de instrucción. El perfil del tipo de delitos que se persiga y de sus actores tendrá que ver con la política criminal de los fiscales. No obstante jueces y juezas de garantías conservarán una influencia vital: son ellos los que al inicio avalan la continuidad de las causas y conceden o deniegan medidas de investigación, como órdenes de allanamiento, secuestros de efectos e interceptación de comunicaciones. “Son los que pueden habilitar todo o trabar todo”, dice un integrante de la Justicia federal. En Rosario habrá tres magistrados: Carlos Vera Barros, Marcelo Bailaque, quienes a partir del lunes se desempeñarán como jueces de garantías junto con Eduardo Rodrígues da Cruz, que es un vocal del Tribunal Oral Federal 2 de Rosario. Pero aquí empiezan las dudas: Bailaque está denunciado desde 2022 por haber rechazado en reiteradas oportunidades medidas de prueba que le solicitaba la PSA contra el capo narco Esteban Alvarado. En los primeros días de abril, el Consejo de la Magistratura de la Nación resolvió abrirle un sumario para investigarlo. Este trámite se habilitó dos años después de que los fiscales Luis Schiappa Pietra, Matías Edery y María Eugenia Iribarren pidieran durante los alegatos finales del juicio que tenía como principal imputado a Alvarado, "la remisión de las actuaciones al Consejo de la Magistratura para que se evalúen posibles responsabilidades de Marcelo Bailaque contra Esteban Alvarado entre los años 2013 y 2015 en función de la declaración que realizó durante el juicio el Comisario General de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Emilio Maximiliano Lencina. De dicha declaración surgiría que el magistrado se habría negado a intervenir teléfonos de tres personas en tres oportunidades, y recién luego de 11 meses hizo lugar a la misma". Esa conducta del juez que abrió sospechas quedó explicitada durante el juicio que le hizo la Justicia provincial al capo narco rosarino como jefe de una asociación ilícita que cometió los delitos de lavado de activos, extorsiones y asesinatos, entre otros. Esa fue la primera condena de Alvarado, a pesar de que ya en 2013 en la Justicia federal de Rosario había datos enviados por el fiscal federal de San Isidro en unos 150 CDs resultantes de la investigación que había conducido a Alvarado a una condena por robo de autos en provincia de Buenos Aires. Esa información, casi una década más tarde, fue de utilidad a los fiscales provinciales de Rosario, mientras en la Justicia federal estuvo "dormida" todo ese tiempo. Bailaque y Vera Barros son los únicos jueces federales de instrucción de Rosario. Recurrentemente reciben cuestionamientos porque son el primer eslabón de la Justicia federal en una ciudad donde la narcocriminalidad creció a sus anchas. Las dos bandas principales, además enemigas, Los Monos y la de Alvarado, recién fueron enjuiciadas y condenadas por delitos de narcotráfico una vez que la Justicia provincial los detuvo y condenó por delitos de jurisdicción provincial. Mientras tanto no pasaron por los juzgados de instrucción de Rosario. Por otro lado, Vera Barros tuvo en los ultimos tiempos una resolución polémica tras una denuncia penal contra la cerealera Díaz y Forti por no liquidar 680 millones de dólares de exportaciones de granos, revelada por el periodista Germán de los Santos en La Nación. Los directivos, que encabezaba Ariel Olio y asesoraba el hoy ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, admitieron el delito. Poco después de la renuncia de Cúneo Libarona a la defensa para asumir como ministro, el juez federal Vera Barros absolvió a Olio y condenó a la cerealera a pagar una multa de 4 millones de dólares, una cifra muy menor frente al daño económico generado al Estado.
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