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» Tiempo Argentino
Fecha: 05/05/2024 02:34
La crisis social y económica en la que cayó el país desde que asumió el presidente Javier Milei tuvo un importante impacto particularmente en las trabajadoras de casas particulares, un sector precarizado históricamente. Esta semana los medios de prensa difundieron que en dos meses las trabajadoras llegaron a un 18% de aumento en sus salarios entre abril y marzo. Sin embargo, este aumento no fue difundido aún por el Boletín Oficial por lo que todavía no está vigente. “Nos parece una falta de respeto para nosotras y para los sindicatos. Tenemos un salario congelado y una inflación que aumenta, hay mucha necesidad”, dice a Tiempo Argentino, Manuela Muñoz, integrante de la Coordinadora Internacional de Trabajadoras del Hogar Feministas. Marcela Muñoz vive en Entre Ríos y trabaja como empleada doméstica desde los 9 años. “En ese tiempo era habitual que empecemos a trabajar con nuestras madres. Se pagaba a una sola persona, pero bueno, trabajaban las niñas muchas veces ayudando a la mamá en las casas muy grandes”, cuenta Marcela a Tiempo. Forma parte también de la Coordinadora Internacional de Trabajadoras del Hogar Feministas, un espacio que abarca varios países. Desde allí, explica con preocupación la situación en la que están como trabajadoras. “Si bien tenemos una ley y se ha avanzado en muchos aspectos hay que decir que faltan otros. Se sigue teniendo un alto número de informalidad, no se reconoce el cuidado como trabajo y se lo sigue viendo como una ‘changa’. También se sigue viviendo cierta violencia hacia las compañeras”, expresa Marcela. Las eliminaciones que las desamparan Con la eliminación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, el gobierno de Milei dificultó el acceso a programas sociales que fueron fundamentales para las mujeres y diversidades. Uno de ellos es el programa Acompañar, una herramienta que, dice Marcela, se utilizaba mucho para apoyar y ayudar a las mujeres que sufrían violencia de género. A esto se suma la suspensión del envío de partidas de alimentos para 44 mil comedores en todo el país y el recorte de la Tarjeta Alimentar, que, tal como lo planteó el informe “La cocina de los cuidados”, del Centro de Estudios Legales y Sociales, “no alcanza a cubrir las necesidades alimentarias de quienes la necesitan”. “Son muchas las compañeras que van a los comedores. Necesitan de los comedores barriales para poder llegar a fin de mes, para poder tener un plato de comida al día”, afirma Muñoz. Otra preocupación de las trabajadoras tiene que ver con la eliminación de la doble indemnización. “Es lo primero que se nos quitó. Esa doble indemnización para nosotras era una herramienta muy importante para el caso de las trabajadoras que no estuvieran. El empleador tenía que cuidarse, pagar lo que es correcto, ponerla en la categoría que correspondía. Hoy ellos no van a tener una sanción. Es que es un retroceso para nuestro sector”, agrega Manuela. Además, en diciembre pasado, a través del DNU 70/2023 el gobierno dio de baja el programa Registradas que benefició a 34 mil trabajadoras. A eso, se suma la media sanción de la Ley de Bases, que habilita una serie de beneficios para los empleadores y ninguno a las trabajadoras. “Registradas permitía también empezar a reconocer el trabajo y reconocer también esta brecha que hay entre un trabajador y otro y que da calidad de vida. Una sigue trabajando aún a pesar de que tiene edad para jubilación, muchas compañeras, no le queda otra que seguir trabajando y muchas veces en peores circunstancias laborales, porque por la edad nadie las quiere tomar”, agrega Marcela Muñoz. Hacia más precarización El trabajo en casas particulares es la tercera actividad más realizada por mujeres. De acuerdo al Indec, hasta julio de 2023 se registraban 1.711.000 empleadas y empleados de casas particulares. De ese total, el 85% son mujeres y de ellas y el 75% está precarizada. «Nuestra situación es muy preocupante porque estamos perdiendo trabajo, con la reforma laboral nos perjudica totalmente a las trabajadoras de casa particulares, por las jubilaciones, porque cada trabajadora está precarizada y se podía jubilar por una mora», dice a Tiempo María Del Carmen Díaz, secretaria General del Sindicato de Trabajadoras de Casas Particulares (SiTraCP). En un trabajo tan feminizado, la desprotección parece no ser casual, en el marco de un gobierno que niega la brecha y la desigualdad de género. “Hay una discriminación, no sólo a nuestro sector si no a todas las mujeres, que ahora tampoco se pueden jubilar. No cobran las multas a los empleadores y eliminaron el programa Registradas. Es decir, un ataque al sector más precarizado de toda la clase trabajadora”, dice María del Carmen, quien anticipó que se sumarán al paro general. “Tenemos salarios miserables y tenemos que pasar esta situación. Yo vivo del trabajo y busco de donde sea para sobrevivir, porque ahora no se vive, se sobrevive”. «
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