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  • Fondos del exterior piden acciones y bienes de YPF ante la Justicia

    » TN

    Fecha: 05/05/2024 01:57

    La estrategia legal del gobierno de Javier Milei en los juicios internacionales todavía no es muy clara. Por el momento, y a pesar de la voluntad de retornar a la OCDE, no hubo noticias de negociaciones privadas con beneficiarios de los fallos contra el país. La Argentina tiene varios frentes legales abiertos y los demandantes parecen haber entendido que amenazar los activos de YPF puede ser una forma de llamar la atención de la República. Uno de los principales juicios contra la Argentina es por la expropiación de YPF y el trato desigual que los accionistas minoritarios recibieron en 2012. El país ya fue condenado en primera instancia por la jueza Loretta Preska a pagar US$16.100 millones, pero apeló la sentencia. No obstante, como no depositó la garantía exigida por la magistrada, los beneficiarios pueden avanzar con el proceso de embargos. Leé también: El Gobierno bajará aranceles para importar electrodomésticos y neumáticos: los motivos Aunque los demandantes trataron de hacer el “discovery” de activos argentinos para embargar, la realidad es que es muy difícil encontrar algún bien que cumpla con todas las características para ser embargable. Por eso, los fondos que resultaron ganadores del litigio están recurriendo a estrategias novedosas. YPF, como alter ego del Estado argentino En esa línea, el fondo Eton y el síndico español que administra la quiebra de Petersen Energía -ganadores en primera instancia- iniciaron el procedimiento para ir contra los activos de YPF. Según detalló Sebastián Maril, analista de Latam Advisors que sigue al detalle los pormenores del caso, pidieron a Preska que ordene a YPF entregar información que confirme que Argentina y la petrolera “son lo mismo” con el objetivo de identificar y embargar activos de la empresa. Maril añadió que la petrolera ya rechazó en el pasado numerosos pedidos de información de estas características. El Estado argentino expropió YPF en 2012, cuyo accionista mayoritario era la empresa española Repsol. (Foto: REUTERS/Matias Baglietto). Los demandantes argumentan con citas a información periodística que los puestos ejecutivos de la empresa se cubren con personas con conexiones políticas, sin formación ni experiencia en la industria energética. “Los informes de prensa también indican sospechas bien fundadas de que el gran presupuesto publicitario de YPF se ha utilizado para mensajes políticos no relacionados con el negocio de YPF”, agregan. Leé también: Los precios de las frutas, verduras y carne cayeron en la última semana: qué pasó durante abril Y completan: “Además, se informa ampliamente que personas con conexiones políticas han utilizado extensamente aviones de YPF sin pago, incluidos docenas de vuelos de la entonces vicepresidenta Kirchner a su casa en Calafate, Santa Cruz, lo que llevó al nuevo presidente de la República a ordenar a la petrolera que vendiera el aviones porque el gobierno ya no quiere ‘atender’ a los políticos y a los individuos privilegiados”. Eton y Petersen también pidieron el reconocimiento del fallo de la jueza Preska ante la justicia londinense e irlandesa, con el fin de avanzar con embargos en esos países. La jueza Loretta Preska, magistrada que lleva adelante el juicio contra el Estado argentino. (Foto: The New York Times) Semanas atrás, el fondo Burford -uno de los beneficiarios del fallo- hizo un pedido formal a Preska para que le ordene a la Argentina que le transfiera la totalidad de su paquete accionario en YPF. El país presentará a mediados de mayo un escrito oponiéndose a ese requerimiento, que significaría una reprivatización de la petrolera. En esa sintonía, esta semana hubo un pedido del fondo Bainbridge que solicita la transferencia de las acciones de YPF, así como embargar activos del Banco Central (BCRA). Se trata de un holdout del default de deuda soberana, que aún no cobró el fallo original del juez Thomas Griesa, dictado en 2016.

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