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» Clarin
Fecha: 04/05/2024 06:09
La decisión del titular del Juzgado Civil y Comercial Federal N°3, Juan Stinco, de obligar a 23 prepagas a ajustar a partir de ahora las cuotas por inflación y, además, a que devuelvan lo cobrado de más durante los últimos meses, es una nueva escala en recorrido largo y complejo. No hay actor del sector de la salud que no advierta que el problema del financiamiento de la medicina privada no comenzó cuando el actual ministro de Economía, Luis Caputo, decidió decir que las prepagas le habían “declarado la guerra” a la clase media con los fuertes aumentos. Arrancó mucho antes. Durante el kirchnerismo, el Gobierno pisó las cuotas, lo que comenzó a desfinanciar al sistema. La decadencia se evidenció en el éxodo de médicos de las cartillas, la proliferación de los copagos, turnos a los premios y la creciente falta de insumos sanitarios. En el último tiempo, la gestión anterior había otorgado como aliciente algunos beneficios impositivos, que el nuevo presidente, Javier Milei, decidió eliminar. A cambio, liberó a través del DNU 70 las cuotas de las prepagas. Las empresas quisieron recuperar el terreno perdido y apareció Caputo. El impacto en el bolsillo de las subas muy por encima del IPC tuvo un fuerte impacto en la sociedad y sobre todo en los adultos mayores, muchos de ellos sin chance de seguir sosteniendo la cuota y sin libertad a esa edad para irse a otra prepaga. Hubo amparos colectivos masivos. El Gobierno notó el descontento y decidió intervenir. Juan Stinco, titular del Juzgado Civil y Comercial Federal N°3, hizo lugar a la cautelar de la Superintendencia de Servicios de Salud. Foto: Video Por un lado, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia avanzó con una denuncia por “cartelización” contra siete prepagas, hecha por la Coalición Cívica (ahora ampliada a otras 13 empresas bajo análisis). Por otro, la Superintendencia de Servicios de Salud fue a la Justicia para frenar los aumentos por encima de la inflación y pedir la devolución del dinero cobrado de más. Como telón de fondo aparece lo que tal vez sea el mayor problema, un déficit que el sanitarista Rubén Torres suele priorizar en sus análisis, que es el deterioro de la salud pública. Si los hospitales estatales pudiesen satisfacer las necesidades de la población, los vaivenes de las prepagas y sus afiliados no serían un tema de debate. La discusión de las prepagas es por un mercado de 6 millones de personas. Hay 46 millones de argentinos. La pregunta de fondo sigue siendo la misma que hace mucho tiempo y nadie sabe o quiere ensayar una respuesta. ¿Qué va a pasar ahora con el sistema de salud privado? ¿Se va a agravar el problema de los copagos? ¿Más médicos dejarán las cartillas por los bajos honorarios? ¿Habrá un efecto dominó tras la decisión del Grupo Oroño de Rosario de dar de baja sus 30 clínicas a la principal prepaga del país por no poder acordar aranceles? Los analistas de este escenario ven difícil que esa situación se replique en la Ciudad y el Conurbano, donde los prestadores están más atomizados y son más dependientes de las grandes prepagas. Sin embargo, aunque por arriba tal vez no aparezca un conflicto explícito, éste puede surgir por abajo: la paritaria de Salud está en pañales y ahí se abre un gran signo de interrogación. Gabriel Oriolo, actual titular de la Superintendencia de Servicios de Salud, el organismo que impulsó la cautelar en la Justicia. Foto: iProfesional Este lunes, Héctor Daer, titular del gremio, se volverá a sentar con la Federación Argentina de Prestadores de Salud, para buscar definir el futuro salarial de unos 200 mil trabajadores. Será la tercera reunión. “Los sanatorios están secos”, le dijo a Clarín este viernes Jorge Cherro, presidente de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina (Adecra). La paritaria está vencida desde el 31 de marzo. En qué puede derivar esa negociación es una incógnita. ¿Por qué dice Cherro que están secos? El impacto para los prestadores, afirman, no sólo pasa porque las prepagas decidan pagarles menos a partir del freno del Gobierno a las cuotas, sino que también juegan otras variables: los aranceles que el PAMI paga por debajo de la inflación, el aumento de los servicios de luz y gas por encima del IPC, y el adaggio que se repite: la inflación en salud es un 40 por ciento mayor que el promedio. Para Cherro, el escenario que se viene tras el fallo de Stinco es que “la gente sana va a recibir de alguna manera un dinero que ya le había pagado a la medicina prepaga, pero eso lo van a sufrir los enfermos y los que están usando el sistema”. Habrá que ver. Lo seguro es que la resolución de la cautelar que alivia el bolsillo de la clase media resuelve ese problema puntual, pero deja abierto todo el resto.
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