18/05/2024 05:00
18/05/2024 04:59
18/05/2024 04:59
18/05/2024 04:57
18/05/2024 04:57
18/05/2024 04:56
18/05/2024 04:56
18/05/2024 04:53
18/05/2024 04:50
18/05/2024 04:49
» Los Andes
Fecha: 04/05/2024 01:42
:format(webp)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/grupoclarin/5PE5PQCCKFH73OPGAM3XZU4M5Q.jpg)
Un cruce de resoluciones entre el ministro de Corte José Valerio y el procurador general Alejandro Gullé dejó a la vista diferencias en la Justicia respecto de una medida para agilizar allanamientos. Esta intención también se refleja en un proyecto de ley que presentó el Gobierno sobre el mismo tema que se debate en la Justicia. En virtud de su condición de coordinador del fuero penal, Valerio dispuso la realización de una prueba piloto del “proyecto de audiencia oral para medidas de prueba urgente”, lo cual es similar a la iniciativa enviada a la Legislatura por el Poder Ejecutivo, que dispone que fiscales y jueces celebren una audiencia en casos especiales y complejos. Valerio decidió en la resolución 75 que la primera circunscripción judicial iniciara la prueba el 1 de mayo, por el término de tres meses. Lo hizo luego de que en una comisión se analizara el anteproyecto para promover la audiencia oral unilateral como vía para “tramitar, solicitar, admitir o rechazar las medidas de prueba peticionadas en casos graves y/o en el marco de una investigación compleja, donde la motivación de la medida importe cierta dificultad y el representante del Ministerio Público Fiscal estime conveniente solicitarlo”. En el anexo de esa resolución, el ministro de la Corte recalcó que los fiscales “podrán” solicitar la realización de las audiencias, aunque también indicó que el juez tendrá la facultad de ordenarle al fiscal que la audiencia se realice si lo considera pertinente. Pero aquella decisión del 26 de abril cayó como una bomba en tierras de los fiscales. La repercusión negativa se notó en una resolución (número 178) que el Procurador Gullé emitió cuatro días después. El Procurador dispuso que el Ministerio Público Fiscal debía “continuar atendiendo estrictamente el cumplimiento” de lo que dispone el Código Procesal Penal respecto de las medidas de prueba. Es decir, no acudir a las audiencias promovidas por Valerio. Antes, en los considerandos, Gullé señaló también que “cualquier modificación a las disposiciones de la norma procesal debe necesariamente provenir del órgano competente para ello, es decir, el Poder Legislativo”. Y agregó: “Caso contrario, se podría caer en un voluntarismo judicial sumamente peligroso en tanto y en cuanto puede facilitar la arbitrariedad y la inseguridad jurídica”. También sostuvo Gullé en tono crítico que “el nuevo procedimiento que se pretende implementar impactará en mayor tiempo para el otorgamiento de las medidas y menor reserva de la misma”. A pesar de todo, la prueba piloto ordenada por Valerio se hará, aunque sin que los fiscales se presten a cumplir con la recomendación de realizar audiencias en casos complejos. Salvo que lo ordene el juez. REBOTE EN LA LEGISLATURA Esta discusión de tribunales podría trasladarse a la Legislatura, ya que en uno de los proyectos sobre seguridad presentados por el Poder Ejecutivo este jueves, también se expresa una propuesta sobre las audiencias orales. En efecto, el proyecto oficial fija cambios en el Código Procesal Penal en este sentido. Así, si lo aprueba la Legislatura, el artículo 227 sumará el siguiente texto: “En casos de especial gravedad o de investigación compleja, el Fiscal, fundando estos aspectos, deberá solicitar una audiencia unilateral a los efectos del pedido de allanamiento y demás medidas vinculadas, la que deberá fijarse inmediatamente y el juez resolver en la misma audiencia, de la que se dejará constancia en registro audiovisual”. También se agrega a este artículo una exigencia para los jueces: “En el marco de estos casos deberá estar presente un juez penal en el allanamiento”. En el proyecto también aparece una modificación del artículo 229, respecto de las pinchaduras de teléfono legales. El párrafo nuevo dice que el fiscal “deberá solicitar la medida de intervención de las comunicaciones en una audiencia unilateral (sólo está presente una de las partes) convocada al efecto, la que deberá fijarse inmediatamente y el juez resolver en la misma, de la que se dejará constancia en registro audiovisual”. El Gobierno asegura que en esta redacción no ha tomado partido por la propuesta del juez Valerio a favor de las audiencias. “Se deja como facultad del fiscal resolver cuando considera que un caso es de especial gravedad o investigación compleja. Tampoco sigue la propuesta de Valerio respecto de que el juez le puede ordenar la audiencia”, aseguró una fuente oficial. En la presentación de los proyectos de seguridad que hizo la ministra del área, Mercedes Rus, se indicó que “al incorporar la oralidad al trámite de pedidos de allanamientos, se otorga mayor rapidez y menor burocracia. La presencia del juez en allanamientos graves o complejos, colabora con el control del procedimiento y la rápida disposición de nuevas medidas en el lugar”. TRASTIENDA DE LAS RESOLUCIONES El cruce de opiniones en la Justicia sugiere que el debate en las comisiones legislativas del proyecto del Gobierno para “agilizar” los allanamientos puede ser intenso. Esto en el marco de la plena satisfacción que le produjo el megaperativo realizado en marzo de este año en Campo Papa, una modalidad que podría repetirse. La iniciativa entró este jueves a la Cámara de Diputados junto a una decena de leyes más sobre seguridad, que abarcan distintos temas, desde sanciones más duras por conducir vehículos en estados de ebriedad hasta un nuevo marco para el desempeño de la seguridad privada, pasando por nuevas medidas para evitar la venta de productos robados. En el Ministerio Público Fiscal dicen que el intento de aplicar las audiencias previas con intervención de los jueces de garantías para la realización de allanamientos provocó una suerte de rebelión entre los fiscales, por la sobrecarga de trabajo que generaría, las supuestas demoras y hasta la inconveniencia de introducir ese trámite. Todo esto forzó la reacción de Gullé. Desde la Corte, en tanto, dicen que en el Ministerio Público Fiscal, más precisamente en el entorno de Gullé, hay “resistencia a las reformas”. Aclararon también que el proyecto enviado a la Legislatura refleja sólo parcialmente lo dispuesto por la Corte. “Son cosas en paralelo, hace 9 meses se idearon las audiencias unilaterales”, dijo el ministro Valerio sobre el trabajo en el alto tribunal. El ministro de la Corte negó también que las audiencias vayan a demorar los allanamientos. “Hemos puesto dos jueces de turno, de forma tal que se puedan hacer más audiencias”, expresó. También justificó ese sistema en determinados casos. “Suele ocurrir que llega el pedido de allanamiento del fiscal y le faltan elementos”, afirmó.
Ver noticia original
 (1).jpg)
.jpg)
:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/GZZLPCEA4RFGNC4XCWD627XEJ4.jpg)
Examedia © 2024
Desarrollado por