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» El Destape Web
Fecha: 04/05/2024 00:16
El gobierno de Javier Milei que se jacta de luchar contra la corrupción tiene entre sus filas a funcionarios que al día en que se escribe esta nota no presentaron sus declaraciones juradas patrimoniales, que sirven para detectar conflictos de intereses y enriquecimientos ilícitos. Esto es lo que se desprende de la página de la Oficina Anticorrupción (OA) desde donde se accede a esos documentos que los funcionarios públicos están obligados a presentar dentro de los 30 días posteriores a su designación. No hacerlo puede ser considerado un delito. El asesor estrella del presidente, Santiago Caputo, es quien encabeza la lista de funcionarios clave que no presentaron aún sus DDJJ de inicio. El secretario de Trabajo Julio Cordero, el secretario de Finanzas Pablo Quirno y el jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Silvestre Sívori son otros funcionarios de primera línea que tampoco acercaron ese documento que debe revisar la OA. El organismo anticorrupción debe intimar a aquellos que no hacen la presentación y si aún estos funcionarios persisten con su retaceo los debe denunciar penalmente. Según el artículo 268 del Código Penal de la Nación “será reprimido con prisión de quince días a dos años e inhabilitación especial perpetua el que, en razón de su cargo, estuviere obligado por ley a presentar una declaración jurada patrimonial y omitiere maliciosamente hacerlo”. Lo mismo sucede con quien “maliciosamente falseare u omitiere los datos que las referidas declaraciones juradas deban contener de conformidad con las leyes y reglamentos aplicables”. A diferencia de Caputo, el nombramiento Sivori, Quirno y Cordero fue publicado en el Boletín Oficial. El del asesor presidencia no. Solo se dejó registro en un expediente interno de la Secretaría de Presidencia a cargo de Karina Milei donde se aprobó “el contrato de prestación de servicios profesionales autónomos” de Caputo como “Asesor Presidencial”. ¿Una trampa para esquivar la presentación de su DDJJ? A estos casos se suman los de otros asesores como Federico Sturzenegger y el abogado del estudio Bruchou&Funes de Rioja Liban Kusa cuyas designaciones tampoco fueron publicadas en el Boletín Oficial. Sturzenegger fue uno de los “cerebros” del DNU 70/2023, de hecho fue parte de la cadena nacional en la que Milei anunció el MegaDNU, donde posó con saco celeste al lado del Presidente; también estuvo detrás de la Ley Bases. Tal como publicó este medio ingresó solo entre diciembre y enero en 26 ocasiones en 51 días a la Casa Rosada y la Quinta de Olivos. En febrero se repitió la mecánica, tal como constató este medio. Kusa figura en los registros de ingreso a Casa de Gobierno como “asesor del Ministerio de Justicia” y apareció como quien escribió el borrador de la reforma fiscal del gobierno. De acuerdo al decreto reglamentario de la Ley de Ética Pública están obligados a presentar su declaración jurada patrimonial integral “los asesores del Presidente, Vicepresidente, Jefe de Gabinete de Ministros, Ministros, Secretarios y Subsecretarios del Poder Ejecutivo Nacional”. A su vez se destaca que también se encuentran obligados “los funcionarios que en forma regular, de manera permanente o transitoria, cualquiera sea la modalidad de la relación laboral, efectúen tareas de asesoramiento a las autoridades superiores del Poder Ejecutivo Nacional”. Pareciera que Santiago Caputo y Sturzenegger estarían obligados a presentar sus DDJJ. Además de quienes no presentaron sus DDJJ están aquellos lo hicieron de manera tardía como fue el caso del Procurador del Tesoro (jefe de los abogados del Estado) Rodolfo Barra que declaró tener bienes por más de $1.000 millones o Joaquín Cottani, Secretario de Política Económica, que declaró tener una pensión del exterior pero ni una sola cuenta en la Argentina ni un auto a su nombre. El Destape realizó hace más de un mes una serie de pedidos de acceso a la información pública ante la OA para conocer el detalle de las presentaciones (o no presentaciones) de los funcionarios clave de este gobierno. La OA pidió prórroga para responder a la solicitud de este medio y aún está dentro de esos plazos. En su contestación podrán estar varias de las respuestas a los interrogantes que al día de la fecha siguen abiertos y se expresan en esta nota. La situación de Santiago Caputo Así como El Destape realizó un pedido de acceso a la información pública sobre las DDJJ de diversos funcionarios, el Defensor Adjunto del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Walter Martello, hizo una solicitud similar a la OA para acceder a la declaración Jurada de Santiago Caputo, formalmente designado a finales de enero de este año. “El día 22 presenté, como ciudadano, ante la Oficina Anticorrupción una solicitud de Acceso a Información pública, para que informe el estado de la declaración jurada patrimonial de inicio del Sr. Santiago Caputo, designado ‘Asesor Presidencial’ y mencionado por el Presidente de la Nación como ‘integrante del trípode de decisiones’, alcanzado como sujeto obligado, quien debió hacerlo dentro de los 30 días de asumir, conforme a la ley 25.188”, tuiteó Martello en X. En diálogo con El Destape Martello explicó: “Le pedimos a la OA que determine las causales de por qué Santiago Caputo la presentó la declaración jurada y las intimaciones correspondientes que le habrían hecho en caso de que así hubiese ocurrido. Lo hicimos habida cuenta de que el Presidente de la Nación determinó que Santiago Caputo junto a Karina Milei forma parte del trípode decisorio de las más altas iniciativas que lleva adelante el gobierno”. A su vez, el funcionario bonaerense dijo que “la no presentación dela DDJJ podría ameritar una cuestión de conflictos de intereses ya que se desconoce la actividad previa de Caputo y cuál es su verdadero rol en el entorno presidencial”. Santiago Caputo es un hombre clave de este gobierno. Es parte de la mesa chica. Por ejemplo, este fin de semana viaja con el Presidente y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, a EE.UU, donde Milei participará de un foro que reúne a empresarios, banqueros, CEOs y representantes de fondos de inversión. Está detrás del acto por el Pacto de Mayo y hasta tiene injerencia sobre la AFI. El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres contó como Caputo lo amenazó con sacar sus tanques en las redes cuando mantuvo una controversia fuerte con el Presidente. Es más que evidente que forma parte de la toma de decisiones centrales de este gobierno. No obstante, Caputo sigue sin informar su patrimonio. Esto es: no da cuenta de si tiene bienes o acciones así como relaciones con la actividad privada que podrían provocar conflictos de intereses. A la luz de cómo fue nombrado parece bastante evidente que la idea de Caputo es figurar como asesor y de esta forma no ser designado en el Boletín Oficial para, entre otras cosas, no tener que presentar una DDJJ. Algo que a las claras es una irregularidad a la luz de lo que es su rol en los hechos y lo que establece el decreto regulatorio de la Ley de Ética Pública referenciado en esta nota. El jefe de la AFI tampoco presentó su DDJJ Silvestre Sivori fue designado al frente de la exSIDE el 13 de diciembre según se publicó en el Boletín Oficial en el decreto 24/2023. Hace casi 5 meses que debía presentar su DDJJ de inicio. Aún no lo hizo. La OA estaría en condiciones de denunciarlo. Sivori es un abogado especializado en derecho administrativo que trabajó con Guillermo Dietrich en la ciudad de Buenos Aires y en el Ministerio de Transporte de la Nación durante el gobierno de Macri. Ahora está a cargo de la AFI. Hasta volver a la función pública integraba el estudio Seoane, Izura, De Jesús y Sívori. Sus socios son abogados con lazos históricos con el PRO. Sus antecesores en la casa de los espías, Gustavo Arribas (era Macri), Cristina Caamaño y Agustín Rossi (era Alberto Fernández), habían presentado la DDJJ. Es una obligación que todos tienen como funcionarios. El secretario de Finanzas de Milei esquiva DDJJ Un caso similar al de Sívori es el de Pablo Quirno, quien fue designado secretario de Finanzas del Ministerio de Economía al mando de Luis Caputo el 11 de diciembre del años pasado. Hace casi 5 meses que debió haber presentado la DDJJ de inicio y no lo hizo. ¿Fue intimado por la OA? Según fuentes que pasaron por aquel organismo ya podría haber sido denunciado penalmente por esa omisión. El hombre de Techint y la UIA en Trabajo también sin DDJJ Julio Cordero fue designado el 14 de marzo de este año en el cargo de Secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humanos (el equivalente al ministerio de Trabajo de otras gestiones). Fue nombrado en lugar de Omar Yasín. Cordero pasó así de ser abogado del Grupo Techint y vicepresidente del Departamento de Política Social de la Unión Industrial Argentina (UIA) a funcionario de Milei. Su caso puede implicar un serio caso de conflicto de interés. Tal como publicó este medio, Cordero había ingresado 3 veces a la Casa Rosada: El 15 de diciembre, cuando fue a ver al ministro del Interior, Guillermo Francos. Aquel día ingresó con Miguel Ángel Ponte, ex secretario de Empleo de Macri y también integrante del Grupo Techint. Ese día volvió a Casa de Gobierno. Cordero retornó el 2 de enero de 2024. Ingresó nuevamente con Ponte. A fines del año pasado Cordero ya había sido noticia cuando concurrió a la comisión de Trabajo en la Cámara de Diputados en representación de la UIA a discutir sobre los proyectos de reducción de la jornada laboral y expresó su voluntad explotadora. Entonces afirmó: “Yo limito la jornada para que (el trabajador) trabaje menos, ¿para qué? ¿O sea, está mal trabajar, estamos en contra del trabajo? ¿Para qué, para ir afuera a hacer qué? Por supuesto la vida familiar es absolutamente importante, pero esto ya se debatió internacionalmente. El límite dispuesto por la OIT es de 8 horas diarias o 48 horas semanales", planteó quien fue anunciado como secretario de Trabajo hace ya casi dos meses. Con su asaunción, el Grupo Techint sumó un nuevo puesto en el gabinete. A pesar de que asumió en la primera quincena de marzo, Cordero sigue sin presentar su declaración jurada. El insólito caso de Federico Sturzenegger Un párrafo aparte merecen los asesores que no presentaron sus DDJJ. Están aquellos designados en el B.O. y los que no fueron nombrados vía B.O. Los primeros están obligados a hacerlo. Los segundos, depende el caso. En el de Federico Sturzenegger no hay margen a dudas. Su caso es asimilable al de Santiago Caputo. Sturenegger se jacta de haber sido en gran parte el creador del MegaDNU y de la Ley Bases. Fue parte de la cadena nacional del DNU, a finales de diciembre. Entonces estaba junto al presidente, dentro del gabinete. Fue tan escandalosa su participación en la confección de esas dos iniciativas claves del gobierno de Mieli que el gobierno terminó creándole un cargo. O al menos eso hizo trascender públicamente. Lo puso al frente de la Unidad Transitoria para la Desregulación de la Economía. Pero como sucede con Santiago Caputo, el nombramiento de Sturenegger tampoco fue oficializado en el Boletín Oficial. Lo mismo pasa con su equipo de trabaja que incluye por ejemplo a Lucas Llach. Como reveló El Destape, durante la gestación y discusión del decreto 70/2023 y la Ley Bases, Sturenegger ingresó continuamente a la Rosada y Olivos como si fuera un funcionario más: entre el 10 de diciembre y el 31 de enero estuvo 17 veces en la Casa Rosada y pasó 9 días casi enteros en la Quinta de Olivos. O sea, en 51 días de gobierno estuvo 26, más de la mitad, en las sedes del Poder Ejecutivo. En febrero se replicó esa mecánica. A pesar de todo esto nunca presentó su DDJJ. Podría intentar escudarse en que es un mero asesor. Pero por su rol se le debiera aplica la misma tesitura que a Santiago Caputo. Tiene una participación demasiada relevante para ser considerado un asesor menor. El decreto reglamentario de la Ley de Ética Pública es claro. Como se señaló más arriba en esta nota, establece que están obligados a presentar su declaración jurada patrimonial integral “los asesores del Presidente, Vicepresidente, Jefe de Gabinete de Ministros, Ministros, Secretarios y Subsecretarios del Poder Ejecutivo Nacional”. La DDJJ de Sturzengger es central porque si es el cerebro del Megadecreto y la Ley de Bases sus acciones en empresas o sus relaciones laborales pueden ser centrales: al desregular la economía con esos dos proyectos pudo haber beneficiado a corporaciones con las que podría haber estado vinculado. Funcionarios que presentaron con demora: ¿hay conflictos de intereses? Varios funcionarios de Milei presentaron su DDJJ inicial pero fuera del plazo de los 30 días que tenían a partir de su nombramiento. Algunos de esos casos se destacan por sus particularidades que obligan a la OA a profundizar si no existen posibles conflictos de intereses en el horizonte. Veamos algunos ejemplos: El procurador del Tesoro y sus $1.000 millones Rodolfo Barra fue nombrado Procurador del Tesoro de la Nación, es decir jefe de los abogados del Estado, el 12 de diciembre de 2023. Demoró más de la cuenta en presentar su DDJJ pero finalmente lo hizo. Según el documento al que accedió El Destape declaró Bienes, depósitos y dinero al Inicio del año por 1.007.450.528,67 de pesos, es decir, más de mil millones de pesos. Barra, que en los '90 fue ministro de Justicia y juez de la Corte Suprema, es un actor clave ya que desde la procuración defiende en la justicia el MegaDNU de Milei que desregula la economía y beneficia a las corporaciones y grandes empresarios. El patrimonio de Barra se constituye por una vivienda que destina al alquiler en Calamuchita (son varios los funcionarios que destinan viviendas para alquilar y que se beneficiaron con la derogación de la Ley de Alquileres); dos lotes de terreno en Uruguay (uno en Maldonado y otro de más de 550 millones de pesos en Punta del Este); y diversas cuentas en el país y en el exterior. Barra hoy ocupa un rol central en el gobierno y no se sabe quiénes fueron sus clientes o a quién asesoró. Según publicó La Nación el 1 de diciembre de 2023, antes de su designación, Barra estando “retirado de la primera escena política (…) orientó su actividad en el sector privado y en el mundo universitario. Mantuvo su estudio jurídico y trabajó en el asesoramiento de empresas”. ¿Qué empresas? De eso debiera informar a la OA para evitar conflictos de intereses. Por ejemplo: ¿Hay alguna empresa que se ve beneficiada con el DNU 70/2023 que Barra defiende desde la procuración? El 3 de abril, días después de un pedido de El Destape a la OA, Barra se excusó de intervenir en un caso clave de YPF, el juicio que el fondo Burford le sigue la Argentina en Nueva York por la reestatización de la petrolera, y Milei aceptó la excusación. De acuerdo a lo publicado ene l Boletín Oficial "el Procurador del Tesoro de la Nación ha solicitado se acepte su excusación para tomar intervención en el caso ‘Petersen Energía Inversora S.A.U. and Petersen Energía S.A.U. vs. Argentine Republic and YPF S.A.’ (Caso N° 1:15-cv-02739), que tramita por ante la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, en el que la Procuración del Tesoro de la Nación ha asumido la representación de la REPÚBLICA ARGENTINA". ¿Por qué? Por "haber emitido una opinión técnica de experto en Derecho Administrativo argentino, el 11 de octubre de 2021, a solicitud del Administrador Concursal designado en los procesos concursales de las sociedades Petersen Energía Inversora S.A.C. y Petersen Energía S.A.U., radicados ante el Juzgado de lo Mercantil N° 3 de Madrid, REINO DE ESPAÑA." Esto obliga a que la OA profundice en torno a los clientes de Barra. El socio de Cavallo que no declara ni una cuenta en la Argentina El Secretario de Política Económica del Ministerio de Economía Joaquín Cottani declara en su DDJJ solo dos cuestiones: Una pensión que dice cobrar del exterior, de 266 millones de pesos, que es un plan de retiro llamado 401(k) Y el 50% de las acciones de DFC Associates SRL. Nada más. Ni una cuenta en la Argentina ni un auto, nada. Según las fuentes consultadas para esta nota es por demás llamativo que no declare una cuenta en el país. En su Linkedin el exministro de Economía y padre de la Convertibilidad y el Corralito, Domingo Cavallo, se presenta como presidente y director ejecutivo de DFC Associates. No debiera sorprender: Cottani trabajó con Cavallo en la década del ’90 en el gobierno menemista. ¿La consultora en la que Cottani tiene acciones tiene algún vínculo con el gobierno? La OA deberá constatar ese detalle. La polémica declaración de Juan Alberto Pazo, secretario de Planeamiento y Gestión para el Desarrollo Productivo y de la Bioeconomía Tal como se publicó en este medio, Juan Alberto Pazo, es hombre clave del Ministerio de Economía y muy cercano a Luis Caputo, que presentó de forma tardía su DDJJ ante la OA, que lo notificó para que acercase la documentación. En la DDJJ que presentó el flamante secretario de Planeamiento y Gestión para el Desarrollo Productivo y de la Bioeconomía asoman diversos conflictos de intereses. Pazo, que fue reubicado en el gobierno el pasado 15 de abril, declaró que posee el 90% de las acciones de Invernea, un fondo ganadero que administra miles de millones de pesos, y a la vez se reúne, como funcionario, con empresarios del sector de la carne. Además, el funcionario de Javier Milei –exintegrante del gobierno macrista- declaró en la actualidad que posee un patrimonio total –entre bienes, depósitos y dinero- de casi 169 millones de pesos. Es, al menos, la mitad de lo que fue valuado el departamento que todo indica compró en Estados Unidos vía una compañía que compartía con su esposa Josefina Helguera y que nunca declaró en 2018 cuando era funcionario público. Pazo, que entre el 11 de diciembre pasado y el 5 de abril era secretario de Industria y Desarrollo Productivo, tampoco hizo alusión a esos bienes o compañías en la actualidad, en la DDJJ que presentó recientemente, tras ser "intimado" por la OA. Como se señaló en esta nota en la respuesta que la OA dé a este medio pueden empezar a revelarse algunos de los interrogantes que aún están abiertos en torno a las DDJJ de varios de los funcionarios de Milei.
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