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Valle María » Vallemarianoticias
Fecha: 02/05/2024 18:29
El sector de la construcción es uno de los más afectados por la recesión, a lo que se suma, la decisión oficial de no llevar a cabo obra pública. El titular de la CAMARCO ve positivo financiar la obra pública a través la participación privada, pero aclara que la experiencia internacional en aquellos países que más desarrollado tienen al sistema la participación privada no excede el 15% de la inversión total. “El recorte de fondos para la obra pública está generando efectos muy perjudiciales, no solo para las empresas constructoras en particular sino también para toda la industria proveedora de insumos y la economía en su conjunto ”, afirmó Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción -CAMARCO- en un reportaje concedido a Ámbito. El directivo planteó que se vive una situación de “desesperación ya que, en la casi la totalidad de los casos, las empresas no cobran un peso desde el mes de octubre o noviembre”. Estimó que son entre 3.500 y 4.000 las obras paralizadas, neutralizadas o suspendidas y que el sector perdió en los últimos meses más de 100.000 empleos. Weiss afirmó que “estamos totalmente de acuerdo en la participación privada en el financiamiento de la infraestructura”, pero advirtió que la experiencia internacional indica que la participación privada no excede el 15% de la inversión total. El restante 85% no es atractivo para los privados – aseveró – y por lo tanto está a cargo del Estado. El presidente de CAMARCO también dijo que la actividad, en lo que concierne tanto a las obras públicas como privadas, siguió cayendo en abril y “no se vislumbra en el corto plazo una salida o mejora en las condiciones”. Obra pública Periodista: Los números del Tesoro muestran que en el primer trimestre del año los gastos de capital cayeron 87% en términos reales, en comparación con igual período de 2023. ¿Cómo está afectando este recorte a las empresas de la construcción? ¿Cuántas obras están paradas? Gustavo Weiss : El recorte de fondos para la obra pública está generando efectos muy perjudiciales, no solo para las empresas constructoras en particular sino también para toda la industria proveedora de insumos y la economía en su conjunto. En relación a la situación de las empresas constructoras en particular, la situación ha pasado de la incertidumbre a la desesperación ya que, en la casi totalidad de los casos, las empresas no cobran un peso desde el mes de octubre o noviembre, pagos que en el mejor de los casos corresponden a trabajos realizados en los meses de agosto y setiembre. En cuanto a la cantidad de obras paralizadas, si bien es muy difícil para nosotros como Cámara conocer el número exacto, se cuenta con información en la plataforma Mapainversiones del ex – Ministerio de Obras Públicas (MOP) donde se visualizaba y mapeaba la ejecución de obras de los proyectos de inversión pública, donde a principios de diciembre del 2023, había 2.789 obras en ejecución. Y estas correspondían solo al MOP por lo que es una estimación de mínima. Basándonos en esta información, calculamos que el universo de obras paralizadas, neutralizadas y suspendidas debe estar en el orden de entre las 3.500 y 4.000 obras, si proyectamos esta información del MOP al resto de las reparticiones públicas que ejecutan obras a todo lo largo y ancho del país. Los números de la ejecución presupuestaria, ya finalizado prácticamente el primer cuatrimestre, reflejan el estado de situación en que se encuentran hoy las empresas constructoras que tienen contratos de obras de infraestructura, tanto económica como social, con el Estado Nacional. En lo que va del presente ejercicio, ya finalizado el primer trimestre del ejercicio 2024, la ejecución presupuestaria del Sector Público Nacional refleja una caída real del 87%, donde las transferencias de capital a las provincias se redujeron en un 98,4% real interanual. Despidos P.: ¿Cuántos obreros están suspendidos? G.W.: Finalizado el mes de marzo, estimamos que el sector ya perdió en los últimos meses, más de 100.000 empleos y a eso hay que agregarle todos aquellos que las empresas tienen suspendidos y que en los próximos meses, si esto continua así, van a pasar a engrosar la lista de despidos en las estadísticas. Y cuando hablamos de que ya se perdieron 100.000 puestos de trabajo, estamos hablando solamente de obreros de la construcción, personal UOCRA. A eso hay que agregarle, la cantidad de gente que ya perdieron las empresas por tener que despedir empleados y cuadros técnicos costosísimos para las empresas, recursos humanos valiosísimos que nos costó años formar y que se hace imposible mantener al no cumplir el Estado Nacional con sus obligaciones de pago. Pagos P.: ¿Cómo ha sido la evolución de las cobranzas en lo que concierne a obra pública? G.W.: Parte de esta pregunta es justamente lo que decía recién. La cobranza de la deuda es prácticamente nula. P.: ¿A cuánto asciende la deuda? G.W.: Si bien no contamos con información oficial y precisa sobre el stock de deuda acumulado, estimamos que la misma supera largamente los $300.000 millones. Obras estratégicas P.: Desde el Gobierno ha trascendido que se están priorizando obras estratégicas, como cárceles, seguridad vial o control de inundaciones. ¿Es así? G.W.: Tenemos información que se han activado, en las últimas semanas, los procesos para poner en marcha la cárcel de Coronda que está con un alto grado de avance en su ejecución. P.: Los gobernadores han señalado que tienen la intención de sostener la obra pública. ¿Cómo describiría la situación en el interior del país? G.W.: La situación en el interior del país es muy preocupante. Son muchas las obras que el Estado Nacional tiene en ejecución en todas las provincias. La mayoría de ellas, obras por convenio entre la Nación y las provincias, con recursos de Nación, pero contratadas por las provincias, que hoy el gobierno pretende que estas últimas se hagan cargo, no solo de la continuidad y finalización de las obras, que se encuentran con distintos grados de avance, sino también de la deuda que tienen esos contratos. La situación no es de fácil resolución porque la mayoría de las provincias no cuenta con los recursos necesarios para poner en marcha las obras Corrupción P.: El presidente sostuvo que cortó la obra pública porque “es un escándalo de corrupción”. ¿Qué reflexión le merece esa afirmación? G.W.: La obra pública es un motor importante para la actividad económica del país, genera empleo directo e indirecto y estimula el crecimiento. Paralizarla, como está ocurriendo, afecta, no solo en el corto plazo a las empresas constructoras, los trabajadores involucrados y a toda la cadena de valor de la industria, que ya experimenta caídas del orden del 50% en el trimestre, sino que también va a traer graves consecuencias en el mediano y largo plazo al país. Y esto es así porque si pensamos en el mediano y largo plazo, está claro que ni la Argentina ni ningún país del mundo puede pensar en crecer en forma sostenida y mucho menos alcanzar el desarrollo si no cuenta con la energía necesaria para producir, o con la infraestructura de caminos o puertos que permita sacar la producción de las fábricas a los centros de consumo o a los puertos para su exportación, Y lo mismo ocurre con la necesidad de viviendas, hospitales y escuelas para el cuidado de la salud y la educación de su gente, entre tantas cosas que podemos mencionar. Nosotros estamos convencidos de que la lucha contra la corrupción es crucial para la transparencia del sector y la confianza en cualquier gobierno, pero es necesario encontrar un equilibrio entre combatir la corrupción y no hacer la infraestructura que el país necesita para mantener la actividad económica, crecer y desarrollarse. En este sentido, nuestra Institución cuenta con un Código de Ética, basado en las mejores prácticas de complience recomendadas mundialmente, que incluye normas de comportamiento ético para sus socios, un Canal de Denuncias y la instalación de un Consejo Asesor de Integridad, externo a la Institución e intensas actividades de capacitación de empresas socias en todas las delegaciones de la Cámara. Impuestos P.: Javier Milei también dijo que “es falso que la obra pública genere empleo porque usted la tiene que financiar con impuestos y esos impuestos retraen los ingresos del pagador de impuestos y hace que reduzca la demanda en otros bienes de la economía”. ¿Al respecto, cuál es su visión? G.W.: Nuestra Cámara tiene como uno de sus cuatro ejes de acción institucional, la generación de conocimiento, eje que lleva adelante, desde hace casi 20 años, el Área de Pensamiento Estratégico, que estudió, entre muchas otras cosas, cuáles son las inversiones que el país necesita para crecer en forma sostenible y continuada, así como también el impacto económico de la inversión en construcción que esa inversión produciría en la actividad económica y el empleo. Los resultados de esos estudios son elocuentes. Por cada peso invertido, el efecto total en la economía alcanza los $2,24, superando considerablemente las expectativas de inversión. Por otra parte, este impulso en la actividad económica tiene un efecto significativo en el empleo, generando 1 puesto de trabajo adicional por cada puesto creado directamente. Por último, en términos de recuperación fiscal, el modelo de simulación revela un retorno de $45,8 por cada $100 invertidos en proyectos de construcción, destacando aún más la importancia económica de esta inversión. Modelo chileno P.: El presidente también dijo que avanzaría en un modelo a la chilena, es decir licitaciones y concesiones ¿Qué opinión le merece la intención oficial de llevar adelante el esquema de Participación Pública Privada? ¿Cómo debería implementarse? ¿Qué alcance podría tener? G.W.: Estamos totalmente de acuerdo en la participación privada en el financiamiento de la infraestructura. Para ello es necesario una macroeconomía ordenada, baja inflación, acceso libre a divisas y seguridad jurídica, entre otras. No obstante, la experiencia internacional en aquellos países que más desarrollado tienen al sistema, nos indica que la participación privada no excede el 15% de la inversión total. El restante 85% no es atractivo para la inversión privada y por lo tanto está a cargo del Estado en sus tres niveles, Nacional, Provincial y Municipal. P.: El último informe del INDEC muestra que en febrero la actividad global de la construcción cayó 24,6% interanual y el índice Construya muestra que en marzo la demanda de insumos disminuyó 40%. ¿De qué manera se podría revertir esta situación? G.W.: Y agregaría que esta situación, que muestran las estadísticas del INDEC, no termina en febrero, ni mucho menos. En marzo y abril la actividad siguió cayendo. Lo que sucede es que, el ajuste fiscal que produjo por un lado la paralización de todas las obras de infraestructura, vino acompañado de una fuerte reducción de ingresos en los sectores medios que son los que movilizan la obra privada. Esto es lo que está mostrando el Índice Construya ya que por tratarse de un indicador que representa la demanda de insumos de este segmento de la población, la caída del poder adquisitivo del salario y el fuerte incremento del costo de construcción en dólares están afectando muy fuertemente también, la construcción privada de vivienda unifamiliar, la construcción desde el pozo y las remodelaciones y ampliaciones. En la medida que los salarios no se recuperen y de alguna manera se estabilice el costo de la construcción en dólares, producto del brusco incremento – en dólares – de la gran mayoría de los insumos, creemos que no van a estar dadas las condiciones para que la situación se revierta. Y, obviamente, a esto hay que agregarle como condición necesaria, la existencia de una política de créditos hipotecarios acorde a la realidad económica social de las necesidades de nuestra sociedad, sin la cual la reactivación de la construcción privada no es sostenible en el tiempo. P.: Precisamente, en el sector financiero se está hablando del crédito hipotecario. ¿Nota avances en este terreno? G.W.: En los últimos días, hemos visto en los medios que algunas entidades bancarias están empezando a ofrecer los primeros créditos hipotecarios. Aplaudimos la iniciativa. Ojalá sigan apareciendo. Es un avance importante, aunque hoy por hoy la macro no acompañe, es imprescindible contar con este instrumento sin el cual el acceso a la vivienda está vedado para la gran mayoría de los argentinos. P.: ¿Qué opina del leasing para viviendas? ¿Puede ser una solución para muchos inquilinos? G.W.: Si bien el leasing inmobiliario existe y se encuentra regulado por la Ley 25.248, no es un instrumento que en la Argentina se utilice para acceder a la vivienda. Casas cápsulas P.: ¿Cómo ve el tema de las casas “capsulas” o las casas fabricadas con contenedores, o las unidades como las que fabrica Tesla o similares chinas? G.W.: La innovación es un tema que para la Cámara es fundamental y es otro de los ejes en los que basa su acción institucional. A través de su espacio TIIC – Transformar e Innovar la Industria de la Construcción – la Cámara ha estado promoviendo la innovación mediante convocatorias de innovación abierta. Uno de los desafíos clave que se busca resolver es el problema de la vivienda, donde a lo largo de estos años se han presentado diversas soluciones innovadoras relacionados a este tema. Las viviendas innovadoras, como las cápsulas o las fabricadas con contenedores, si bien pueden reducir los plazos de construcción y ofrecer soluciones más accesibles, consideramos que actualmente son tendencias poco consolidadas aún y con un impacto futuro que dependerá de la aceptación del mercado. P.: ¿Cómo vislumbra las perspectivas para el sector, tanto en lo que hace a obra pública como privada? G.W.: Siempre decimos que el constructor es por definición optimista, sino no podría dedicarse a esto. Hoy la visión del sector es muy negativa, más tal vez en lo que se refiere a la inversión en infraestructura, pero también de las empresas que se dedican a la obra privada que miran de reojo si infraestructura si o infraestructura no. No se vislumbra en el corto plazo una salida o mejora en las condiciones.
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