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Parana » Pagina Politica
Fecha: 02/05/2024 14:22
El presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Leonardo Portela, accedió a una extensa entrevista con Página Judicial y Página Política en la que se explayó sobre diversos temas que hacen a la agenda pública, institucional e interna del poder que integra. No le esquivó a casos como los que involucran al ex gobernador Sergio Urribarri; la ex procuradora adjunta, Cecilia Goyeneeche, y el procurador general Jorge García. Oriundo de Gualeguaychú, Portela fue el último vocal en incorporarse al STJ. Venía de desempeñarse en la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la ciudad que lo adoptó en 2003. Nació en La Plata. De bajo perfil, la noticia la dio en diciembre cuando sorprendió al convertirse con el apoyo de sus pares en el presidente del cuerpo. Se esperaba la reelección de Susana Medina. -¿Cómo está la situación financiera actual respecto al preocupante cuadro que pintó en el discurso del año judicial, el 7 de marzo pasado? -Si bien el discurso fue en marzo, en octubre del año pasado venía viendo un desfinanciamiento de lo que estaba presupuestado y lo que destinaba el Poder Ejecutivo. Ya había un faltante, además de la inflación que estaba proyectada en aquel entonces y que no fue tal, sino mucho más. Me puse en comunicación con la Secretaría de Justicia y con el ministro de Gobierno (Manuel) Troncoso para ver si de alguna manera podíamos proyectar algo. Después de la apertura del año judicial hubo una suerte de recomposición de partidas. No estamos bien, pero no estamos tan mal como podríamos estar, porque de alguna manera el Gobernador y el ministro tomaron nuestros reclamos y de alguna manera nos aliviaron. Donde no hubo respuesta, pero no por una cuestión caprichosa del Ejecutivo, es en lo que respecta a obra pública. Se ha suspendido todo. El mantenimiento que se está haciendo en lo edilicio es con fondos propios. -Los problemas de financiamiento en el Estado provincial son enormes y el futuro inmediato -es decir las posibles soluciones- aparecen como algo incierto si se mira la relación Nación – Provincia. ¿Te imaginás una ley de emergencia similar a la que se dictó durante la cuarentena? -Creo que no estamos en ese estado de excepción. En ese momento no se sabía el alcance de la pandemia, no se sabía cómo se iba a salir. Creo que la coyuntura daba para una ley de emergencia. No había certezas hasta dónde llegaría, por ejemplo, el número de fallecidos. Ahora tampoco hay una certeza, pero el problema pasa más por una cuestión política que económica. Si hay algún tipo de consenso entre las provincias y el gobierno nacional a partir del Pacto de Mayo o la Ley Bases, se podrá generar algún tipo de sintonía para emprender un camino, un panorama, nos guste o no. -¿En caso que te digan, mirá, hay unos pesos: a qué área la destinarías? -Contrariamente a lo que se piensa en la calle, en el Poder Judicial no sobra nada. En personal estamos muy por debajo de lo que se necesita. Estamos trabajando con una sobreexigencia del personal. No sobra ni plata ni gente. Yendo a tu pregunta concreta, estamos en un problema grande en todo lo que significa el seguimiento de causas por violencia. Por eso se pidió una ley de cargos en la Legislatura para cubrir ese déficit. Cuando hay una causa de violencia de género estamos obligados a seguirla. Pedimos 192 cargos para los equipos técnicos interdisciplinarios y nos dieron 70. A partir de la crisis económica hay una explosión de denuncias, no sólo por violencia de género, sino también de carácter doméstico, institucional, laboral, en la calle. -Te llevo a temas más impactantes, por lo menos, para algunos ámbitos en torno a Plaza Mansilla. La semana pasada el ex gobernador Sergio Urribarri denunció al procurador general Jorge García en el marco de una condena en proceso de ejecución. ¿Qué pensas? -En lo personal soy de tomarme esas situaciones, no digo con tranquilidad, pero de alguna manera con realismo. Son cosas que están previstas. A veces obedecen a cuestiones espurias, a veces son reales. Te hablo en general, no por esta causa en particular. En lo personal te pido que me eximas de esto porque integro el jury (Jurado de Enjuiciamiento) y si se resuelve que lo tiene que resolver el jury todo lo que yo diga puede interpretarse como prejuzgamiento. Voy a abstenerme de hacer algún tipo de manifestación sobre el caso. Sí me parece que algunas situaciones se están tornando una mala práctica. Repito, no hablo de García y Urribarri. Sí me parece con preocupación que se advierten algunas situaciones que tendrían que dirimirse en el ámbito judicial y están llegando al jury cuando en realidad han tenido todo su trámite durante seis u ocho años. Se realiza una denuncia a un fiscal por cosas que ya se hicieron hace años. Ese tipo de actitudes sí dan que pensar que se están intentando usar de alguna manera para presionar a los funcionarios públicos. Como te decía, en lo personal me parece que son cosas que están dentro de las reglas de juego. Obvio que a nadie le gusta hacer una denuncia o ser denunciado. Se analizará con transparencia a través de las instituciones. -¿Cómo cayó, en general, en los tribunales?. -La dinámica diaria no te permite llevar adelante muchas reuniones. Además esto fue el viernes. Los interesados ya leyeron la denuncia, no más que eso. No hemos tenido tiempo ni busqué charlar con el doctor García sobre el tema por una cuestión institucional, precisamente porque formo parte del jury. -En el último tiempo -por lo menos en Paraná- un sector del STJ y del Ministerio Público Fiscal fueron partícipes de enfrentamientos públicos. ¿Cómo analiza esa situación? -No voy a negar esa situación a partir de lo que fue el caso Goyeneche. Todos sabemos que hubo tomas de posturas muy firmes del procurador, también acá en el tribunal, pero el trámite siguió su curso donde se generaron rispideces. Pero a partir del paso del tiempo y nuevas integraciones en el tribunal se dio una convivencia necesaria entre los distintos actores del Poder Judicial. Nos dimos cuenta que había que dar vuelta la página porque no ayudaba en nada al momento de prestar un servicio de justicia. Esto no quita que cada uno tenga sus ideas y su forma de pensar y actuar. Lo que sí fue insistidor entre los colegas es la necesidad de recomponer vínculos luego del caso Goyeneche. Hoy, con el paso del tiempo, uno ve que estamos en esa recomposición y está bueno. -La semana pasada se conoció que la Corte solicitó el expediente del proceso por el cual se destituyó a Goyeneche. En algunos casos se daba por hecho que el máximo tribunal no intervendría. ¿Llamó la atención, se lo esperaba, es común? -Es común que la Corte haga lugar a quejas y también las rechace. Esto estaba dentro de las posibilidades que suceda, como así también sigue estando dentro de las posibilidades que la rechace con un 280 (artículo del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación con el que se rechazan los recursos). Como decía antes, son cosas que están dentro de las reglas de juego. Cuando esto es así, prefiero no perder tiempo en entrar en sospechas, pensar en confabulaciones. El viernes lo pidieron y hoy (lunes) lo envié. Por supuesto que hubo gente a la que le generó suspicacias, pero en lo personal, como no tengo elementos, me saqué el tema de la cabeza y no gastar energías. -En el discurso inaugural del año judicial hubo una frase que, quizás, pasó desapercibida. Habló de “cambio generacional”. ¿A qué o quiénes hacía referencia? -No hice referencia a nadie en concreto. Los que tenemos más de 50 años tenemos que ver que las cosas cambian día a día y, por lo tanto, no podemos manejar siempre las cosas de la misma manera. Hay una sociedad movilizada y que sabe cómo canalizar sus reclamos, por lo tanto tenemos que dar respuestas acorde con estos tiempos. Si bien nuestros cargos (vocales del STJ – Procurador – Defensor) no se concursan; somos un tribunal constitucional, jurídico y político; tenemos una responsabilidad política en cuanto a algunos organismos como el Tribunal Electoral y el Consejo de la Magistratura. No somos un órgano judicial más. Cuando me refería al cambio generacional -que para mí es como una revolución- me refería a lo educativo, lo tecnológico, lo informativo, la forma de dar respuestas. Hay una generación que exige otras maneras. -En la apertura del año judicial estructuró buena parte de su discurso en el reconocimiento de la mala imágen que tiene el Poder Judicial. ¿A qué lo adjudica? -Yo creo que hay varios factores que confluyen para que el Poder Judicial tenga una mala imagen. Uno es -y resultaría el más fácil al que podríamos recurrir – echarle la culpa a los medios de comunicación, diciendo que se asimila todo lo penal, en Buenos Aires, a lo que es el Poder Judicial en general. La gente cree que lo que ocurre en Comodoro Py es la Justicia. Y son 20 personas. Las justicias provinciales son 18 mil, con errores y aciertos. No sé si es una cuestión de federalismo, de comodidad. Los ciudadanos del interior seguimos consumiendo en buena medida los grandes medios (nacionales) en detrimento de los medios locales. En Paraná es diferente, porque hay medios que se consumen, pero el interior es más difícil. También creo, en lo personal, que hay un desconocimiento de la gente sobre el Poder Judicial. -¿Por qué las investigaciones penales a dirigentes -que son precisamente las que alteran los sentimientos sociales- comienzan después de que ese dirigente carece de algún poder? -Es cierto lo que decis, pero me parece que es una pregunta para el doctor García, no para mí. -El año pasado hubo una reforma del Consejo de la Magistratura. La oposición de entonces, hoy oficialismo, cuestionó una supuesta injerencia o intromisión del STJ al otorgarle al sistema la apelación directa por parte del concursante. También la desvinculación de la Universidad Nacional del Litoral (UNL). ¿Qué le parecieron esos cambios? -El banco de casos fue el que más problemas trajo, pero lo demás funcionó bien. En el supuesto otorgamiento al Superior Tribunal por la apelación directa, hubo casos donde el STJ hizo lugar a esas apelaciones y otras no. Obvio que estas cosas no dejan conforme a todo el mundo porque quien hace las apelaciones tiene un interés particular. El año pasado vinieron un montón de apelaciones, donde a un alto porcentaje se le hizo lugar, incluso en el plazo de los 30 días que tiene. Me animaría a decir que no se cayó ningún recurso, cosa que no es fácil, porque lo tienen que ver los nueve vocales. Otra cosa que se incorporó en la nueva ley es que el STJ envíe informes sobre los postulantes, ya que en caso de tener sanciones, quien se presente a un concurso difícilmente presente una sanción en su contra. La discusión de las universidades, en su momento, no pareció que trajera problemas. Se verá sobre la marcha si se puede identificar una dificultad concreta en ese aspecto. En teoría no debería haber ningún problema en la práctica. Veremos. Seremos los primeros en manifestarlo. Fuente: Página Política
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