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» Diario Libre
Fecha: 02/05/2024 13:50
Alvo, a través de un carta documento, exigió al medio no solamente "eliminar" la nota antes mencionada, utilizando una expresión común de los gobiernos dictatoriales, sino también lo intimó a que se "abstengan de publicar nuevas noticias difamatorias de mi persona, bajo apercibimiento de acciones legales", recurriendo a otra de las espadas que suelen desenvainar las dictaduras, la censura previa. Sorprende que la persona que hasta hace algunos meses defendía los intereses de la provincia de San Juan, y además, es un abogado con una dilatada trayectoria en el mundo del derecho sanjuanino, adopte términos más cercanos a hombres que se manejan sin respetar lo establecido por el ordenamiento jurídico. Sorprende mucho más que el ex fiscal de Estado desconozca la Constitución Provincial que establece en su artículo 25 que "todos tienen derecho a expresar y divulgar libremente su pensamiento por la palabra, la imagen o cualquier otro medio, así como el derecho de informarse sin impedimentos ni discriminación. No puede ser impedido ni limitado el ejercicio de estos derechos por ninguna forma de censura". "Toda persona que se considere afectada por informaciones inexactas o agraviantes, emitidas en su perjuicio, a través de medios de difusión, tiene derecho a efectuar por el mismo medio su rectificación o respuesta, gratuitamente y con la extensión máxima de la información cuestionada", agrega el artículo 25 de la Carta Magna Provincial, haciendo referencia al Derecho a Réplica, Réplica a la que tendría que haber recurrido Alvo, como "hombre de derecho", y no lo hizo. Doctor Jorge Alvo: el grupo de abogados que representan a El Zonda, responderán la Carta Documento que usted envió, siguiendo la vía legal que inició. Pero también, y haciendo uso de nuestro derecho a informar a toda la comunidad sanjuanina, en los próximos días publicaremos un nuevo capítulo de la investigación que estamos llevando adelante sobre las servidumbres mineras y cuyos principales involucrados serían la Fiscalía de Estado; usted como fiscal de Estado, cargo político que ocupaba cuando se produjo la millonaria estafa; y el abogado Sergio Bloise, que pertenece a Fiscalía de Estado, y además, es representante legal de la minera –Ex Barrick (hoy MAS) y el Ministerio de Minería.
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