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» Diario Cordoba
Fecha: 02/05/2024 11:14
El presidente de la Audiencia provincial de Córdoba, Francisco de Paula Sánchez Zamorano, ha presentado este jueves la memoria de actividad del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 2023 afirmando que la Justicia "parece no tener mucha importancia para el poder político. Antes al contrario, cuando una resolución incomoda al poder político, se arbitra una estrategia de desprestigio de la labor judicial". En este sentido, en una conferencia de prensa ha asegurado que "no es de recibo que desde los poderes públicos se maltrate de esta forma al Poder Judicial". Sánchez Zamorano ha aludido a la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial y ha hecho hincapié en que esta situación "solo" es responsabilidad del Congreso de los Diputados y del Senado. También ha reivindicado que "a los jueces se nos debe dejar tranquilos en la prestación del servicio público", ya que "no actúan por criterios políticos, sino sometiéndose a la Constitución y a las leyes". Fruto de esta falta de interés que ha denunciado, ha hecho referencia a problemas como la escasez de jueces; la falta de implantación de la oficina judicial, que se espera desde hace casi una década; la espera para la implantación definitiva de la digitalización de este servicio y la continuidad de un sistema de partidos judiciales "obsoleto, anclado a parámetros más propios del siglo XIX". Además, ha advertido de que "el pesimismo y el desánimo que hay en la judicatura" está llevando a que un 40% de los magistrados se jubile de forma voluntaria a nivel nacional. De este modo, ha señalado que "en Córdoba se están jubilando muy jóvenes, con poco más de 60 años (pueden permanecer en activo hasta los 72 años) y eso no lo había visto nunca". El presidente ha calificado como "intolerable" la pérdida de jueces, que se está produciendo por estas jubilaciones, las excedencias y los fallecimientos, en una situación "donde hacen falta tantos jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia y muchos funcionarios". Siete jueces y magistrados más para Córdoba En este sentido, ha solicitado siete nuevos juzgados o plazas de magistrado para paliar la carga de trabajo que soportan Violencia sobre la Mujer, el Mercantil, los juzgados de Primera Instancia y la sección civil de la Audiencia. Junto a estos, reclama dos nuevos jueces de adscripción territorial, que son aquellos que se encuentran a disposición del TSJA para realizar refuerzos, cubrir vacantes y otras necesidades. A preguntas de los periodistas, ha explicado que algunos juzgados están señalando juicios "a fechas no razonables, año y medio o dos años". Sánchez Zamorano afirma que la carga de trabajo del juzgado de Violencia sobre la Mujer (Instrucción) excede en un 38% lo establecido como referencia por el Consejo General del Poder Judicial, con 2.203 asuntos ingresados en la capital el año pasado (fueron 3.604 en toda la provincia), frente a los 1.600 que serían recomendables. Así, apuesta por plantear dos alternativas en la próxima memoria. La primera es la creación de un segundo juzgado de Violencia sobre la Mujer en la capital, otorgando competencia provincial a este nuevo órgano y al existente, lo que ayudaría a aliviar el trabajo en el resto de los partidos judiciales. La segunda es la comarcalización de esta materia, una antigua reivindicación por la que se impulsarían órganos que conocerían los asuntos de municipios limítrofes. Respecto a la labor de enjuiciamiento de la violencia machista que realiza el Penal 6 (las causas más graves llegan a la Audiencia), apunta que se mantiene la comisión de servicio impulsada para aliviar la carga de trabajo de este juzgado. Entre otros datos, en el último año ha bajado el porcentaje de mujeres que renuncia a continuar con el proceso (acogiéndose a la dispensa a su obligación de declarar) y se han adoptado 398 órdenes de protección, el 86% de las incoadas. Los jueces han dictado 60 sentencias penales condenatorias, el 67% del total frente al 81% de 2022. Por otro lado, subraya el aumento de los delitos de violencia de género cometidos por menores de edad y afirma que "el porcentaje ya es preocupante". Así, en su opinión estos adolescentes "están replicando el comportamiento de los mayores" y "falta educación". Más concursos de acreedores En el 2023 ha bajado el número de asuntos relacionados con cláusulas suelo, pero no los concusos de acreedores y otras materias del ámbito Mercantil. Este juzgado ha recibido 706 asuntos, frente a los 435 fijados como carga de trabajo referencial por el Poder Judicial, lo que lleva al presidente de la Audiencia a reclamar otro juzgado. En la misma línea, califica como "asfixiante" la carga de trabajo de 3.216 asuntos en la sección civil de la Audiencia, que tarda 10 meses en resolver, un plazo "elevado" según la memoria del TSJA. El titular de la sexta plaza, creada el pasado diciembre, tomará posesión próximamente y ya se reivindica una séptima plaza y una nueva comisión de servicio para reducir el número de asuntos pendientes. De otra parte, Sánchez Zamorano indica que los 12 juzgados de Primera Instancia de la capital tienen una "sobrecarga muy importante de trabajo", de en torno a 1.700 asuntos cuando la referencia es de 1.200, y por esto el TSJA reclama la creación de dos nuevos órganos genéricos. También manifiesta que los juzgados de lo Social "están ligeramente sobrecargados, por lo que no estaría de más prever la creación de otro". La nueva sede de Lucena, en breve La provincia cuenta con 21 juzgados de Primera Instancia e Instrucción distribuidos en 11 partidos judiciales. Acerca de la falta de medios humanos, Sánchez Zamorano ha manifestado que seis de estos órganos funcionan con solo cuatro funcionarios, "como hace 50 años. Hay voluntad de la Junta de Andalucía, pero no se concreta la ampliación de las plantillas". Así, también ha reivindicado la flexibilización de estas plantillas "mientras no se ponga en marcha la nueva oficina judicial". En cuanto a la nueva sede judicial de Lucena, ha recordado que, pese a estar la obra finalizada, no ha podido entrar en funcionamiento por problemas técnicos, pero "espero que en un par de meses o tres se pueda hacer el traslado de funcionarios y equipos para prestar el servicio público".
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