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» Diario Cordoba
Fecha: 02/05/2024 04:36
La "regeneración democrática" apuntada por el presidente Sánchez preocupa a la judicatura, aunque la reacción no es unánime. Magistrados y vocales del Consejo General del Poder Judicial consultados por El Periódico de España, del mismo grupo editorial, se dividen entre quienes ven un peligro de ruptura del juego democrático en el anuncio de una reforma legal que permita desbloquear de una vez el Consejo General del Poder Judicial y las alusiones al lawfare, y quienes atribuyen las palabras del presidente a una mera estrategia electoral. Esto últimos huyen de catastrofismos y esperan conocer medidas concretas, apuntando a los resortes con que cuenta el Estado para garantizar el cumplimiento de la Constitución. En el Tribunal Supremo la preocupación es generalizada, según señalan varios de sus magistrados a este diario. "Cuando la causa que te hace pensar en la dimisión es una investigación judicial y anuncias que vas a seguir para impedir situaciones similares en el futuro, se están poniendo en riesgo los cimientos del proceso penal", manifiesta uno de ellos. En todo caso, dentro del órgano rechazan hacer más especulaciones sobre los proyectos legislativos que aún se desconocen. En cuanto a los miembros del órgano de gobierno de los jueces, la mayoría apuesta a que, esta vez sí, el Gobierno y sus socios podrían atreverse con una reforma legal que reduzca la mayoría necesaria para elegir a los vocales en el Parlamento. La idea, que fue desechada anteriormente por los reparos de la Comisión Europea, es considerada por algunos como un "atajo" y les pone en alerta "en defensa del Estado de Derecho conforme a los estándares y principios de la Unión Europea”. "Cruzar el Rubicón" “Una rebaja de mayorías supondría abiertamente aplicar el principio de regresión en materia de estándares conformadores del Estado de Derecho consagrados por el Derecho de la UE en su interpretación dada por el TJUE”, señalan estas fuentes, que lamentan que, con sus palabras, Sánchez haya perdido "una gran oportunidad para tender puentes y lanzar un mensaje de concordia”. Los magistrados y vocales consultados no descartan, sin embargo, que el presidente esté hablando “en clave y con dimensión de su estrategia política para forzar una negociación, pero no para llegar a mayores. Sería cruzar el Rubicón…”, concluyen. Otros miembros de la judicatura se muestran menos sombríos con respecto al futuro, y subrayan que el Estado cuenta con resortes más que suficientes para que se garantice el cumplimiento de la Constitución. "La democracia española tiene la madurez suficiente para evitar que una mayoría coyuntural trastoque los principios del Estado de derecho", aventuran. Sin reacción institucional del CGPJ De hecho, en el Consejo del Poder Judicial los vocales no han perdido "la calma ni el sosiego" como lo demuestra que ni la esperada declaración del presidente Sánchez tras sus días de reflexión ni sus entrevistas posteriores hayan motivado ninguna reunión en el seno del órgano de gobierno de los jueces, ni siquiera informal, como sí había ocurrido en ocasiones como la de la mención al lawfare en el pacto de investidura. "Ello no significa que no se vea gravedad, pero es bueno mantener el aforismo de que los puentes se cruzan al llegar a ellos, no antes", apuntan desde el sector conservador del Consejo. Las principales críticas se dirigen a que hayan sido precisamente la justicia y los medios de comunicación, una parte de los cuales según Sánchez han confundido la libertad de expresión con la libertad de difamar, los dos pilares en los que el presidente del Ejecutivo haya centrado su propuesta de “regeneración”. "Son los dos contrapesos que no ha podido doblegar y son objetivos claros", apuntan quienes se muestran más preocupados. Desde las organizaciones que representan a los jueces, la más dura con los planes del presidente es la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura. Su portavoz, María Jesús del Barco, admite en conversación con este diario que aunque Sánchez no ha concretado sus planes, las preguntas "capciosas" realizadas en la encuesta del CIS que se conoció tras su comparecencia y lo que parece deducirse de sus manifestaciones hacen pensar que pueda volver a intentar una rebaja de mayorías como la de 2020, que recibió fuertes advertencias desde Europa. "De ser así, estaríamos hablando sin remedio de una politización del órgano, sería la puntilla", afirma del Barco. Sobre el lawfare, advierte de iniciativas que vayan dirigidas, en último término, a establecer la censura en los medios de comunicación. Sergio Oliva, de la asociación Francisco de Vitoria, también apunta como señal de preocupación que se pueda retomar el proyecto de rebaja de las mayorías parlamentarias para designar vocales del CGPJ. Considera que, además de ir en contra de las recomendaciones europeas, se atacaría el propio sentido de la Constitución y el sistema establecido por sentencia del Tribunal Constitucional en 1986, dirigido a la búsqueda de consensos. En cuanto al lawfare -guerra sucia judicial-, reconoce que se trata de un término que se utiliza como cajón de sastre y no se siente concernido. Fernando Portillo, del Foro Judicial Independiente, coincide con los anteriores diagnósticos: lamenta que se presente a la justicia "como enemiga de la democracia cuando es justo lo contrario". A su juicio, se vende un el relato de que la justicia está politizada y por ello las medidas deberían ir dirigidas a "sacar la política de la justicia" y no al revés. La rebaja iría en contra de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y también de los principios europeos de evitar la rebaja de derechos. Teme que la reforma vaya dirigida, muy al contrario, con hacerse con el control de los nombramientos discrecionales en el Consejo, el "tesoro oculto que todos anhelan". Ajena a todos estos análisis se muestra Juezas y Jueces para la Democracia, cuyo portavoz, Edmundo Rodríguez Achutegui, manifiesta a este diario que "no ven peligro" en los anuncios de Sánchez porque limitan a "proponer que el parlamento debata posibles soluciones a la situación terrible que padece el Consejo, debido al boicot a su renovación por el Partido Popular. Sobre el tema de lawfare y medios de comunicación, la asociación progresista considera que los partidos políticos tienen que dejar de instrumentalizar la justicia y los tribunales. "La controversia política tiene su ámbito natural en los parlamentos, no en los juzgados, empeñarse en judicializar la vida pública lleva al abuso del proceso y a la utilización espuria de los tribunales", concluye Rodríguez Achutegui.
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