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Fecha: 02/05/2024 04:26
El juicio contra el ex rector de la Univesidad Nacional de Tucumán (UNT), Juan Alberto Cerisola, y otras ex autoridades de la Casa de Altos Estudios -en la causa conocida como “YMAD” por presuntas irregularidades con fondos de regalías mineras- finalmente comenzará en mayo. Según informó el fiscal Pablo Camuña, en su cuenta de X, habrá una audiencia preliminar el 14 de ese mes y el debate comenzará el 27. La dilación se debía a que el único juez titular del Tribunal Oral Federal en lo Criminal de Tucumán, Carlos Jiménez Montilla, inició los trámites jubilatorios y presentó su renuncia, por lo que no podían desarrollarse las audiencias. Sin embargo, eso ahora quedó resuelto, ya que se resolvió que el puesto de Jiménez Montilla, según resolvió la Cámara de Casación, será ocupado por Ana Carina Farías, jueza titular del TOF de Santiago del Estero. Los otros dos camaristas que entenderán en la causa serán Abelardo Basbús, de Santiago del Estero, y Enrique Lilljedahl, de Catamarca, quienes ya vienen actuando como subrogantes en el TOF de Tucumán. En esta causa se investiga al ex rector Juan Alberto Cerisola y de otros tres ex funcionarios de la UNT por el manejo de $ 353 millones entre 2006 y 2009 -unos U$S 85 millones al cambio de entonces- para obras, que llegaron en carácter de regalías de la empresa Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD), de la cual la UNT es propietaria en un 40%. Además de Cerisola, serán juzgados el ex diputado Luis Sacca -se desempeñaba como subsecretario de Políticas Administrativas y Gestión-, Olga Graciela Cudmani -por entonces, directora de Construcciones Universitarias- y Osvaldo Venturino -director de Inversiones y Contrataciones durante el período investigado-. En el expediente se investiga la presunta comisión, por parte de los imputados, de los delitos de defraudación contra la administración pública, defraudación por administración fraudulenta, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. La causa contra Cerisola, Sacca, Cudmani y Venturino se inició en 2010, a instancias de denuncias del arquitecto Ramón Eudal y del abogado Oscar López. Tras la investigación, el juez federal Fernando Poviña, que hoy integra la Cámara Federal de Apelaciones, procesó a los cuatro. Tanto el fiscal Camuña como los defensores de los acusados ya habían presentado la lista de testigos por lo que en principio se espera que la causa de comienzo sin más dilaciones en la fecha prevista del 27 de mayo. El acta Nº498 del directorio de YMAD (27 de diciembre de 2007) donde la UNT era estaba representada por los exRectores Rodolfo Martín Campero y Mario Marigliano -ya fallecido- fue seguida por otra acta firmada el 2 de enero de 2008 por el entonces Rector Juan Alberto Cerisola, donde se declaró “terminada” la Ciudad Universitaria: así, las regalías mineras para la UNT bajaban del 40% al 20% pero pasaban a ser de libre disponibilidad a favor del Rectorado. La UNT nunca buscó “los planos ya aprobados” que ordena la Ley y que fueron localizados por eltucumano.com y reemplazó la Ciudad Universitaria para 30.000 estudiantes en el cerro San Javier diseñada por el equipo que lideraron los arquitectos Eduardo Sacriste, Jorge Vivanco y Horacio Caminos entre otros durante el Rectorado de Horacio Descole por un plan de obras y refacciones menores, que devino en un escándalo de sobreprecios en obras y colocaciones financieras de los fondos universitarios. La causa comenzó en el año 2010 a partir de las denuncias del arquitecto Ramón Eudal y el abogado Oscar López, y serán juzgados además los exfuncionarios universitarios Olga Cudmani –directora general de Construcciones Universitarias-, Osvaldo Venturino –director de Inversiones y Contrataciones- y Luis Fernando Sacca –subsecretario de Políticas Administrativas y Gestión-. La justicia jamás investigó el delito de fondo y pasó por alto la participación en esta presunta asociación ilícita entre los exrectores Campero, Marigliano y Cerisola, las ex y actuales autoridades de YMAD y ex y actuales funcionarios de la UNT, como el secretario general José Hugo Saab y el director de Asuntos Jurídicos, Augusto González Navarro, entre otros. El fiscal general ante la Cámara Federal de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, planteo semanas atrás en FM latucumana 95.9 que la renuncia de Jiménez Montilla no debiera constituir dilación alguna para la pronta realización del juicio, al indicar que los cinco jueces de la Cámara Federal de Tucumán podrían actuar como subrogantes en el Tribunal Oral Federal, que no tiene titular desde la jubilación de Gabriel Casas en 2021 y donde hoy subrogan los jueces Abelardo Basbús, del TOF de Santiago del Estero, y Enrique Lilljedahl del TOF de Catamarca. “La Cámara Federal de Tucumán, nosotros, tenemos jurisdicción territorial en tres provincias: Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca; los jueces de estas tres provincias se pueden subrogar y se subrogan mutuamente ante la ausencia de uno en los tribunales. En el caso de Santiago, el Tribunal Oral tiene tres miembros y la cantidad de juicios que tiene no es nada importante; en Catamarca, si bien nos están faltando jueces en el Tribunal Oral, también pueden ser suplidos desde Tucumán o Santiago del Estero. La Cámara Federal de Tucumán tiene cinco miembros, de los cuáles dos o tres podrían subrogar el Tribunal Oral Federal de Tucumán”, detalló. El Robo de la Ciudad Universitaria El delito contra los tucumanos comenzó a ejecutarse en 2005 con un “anticipo de utilidades” por USD 1.000.000 (un millón de dólares estadounidenses) que Rodolfo Martín Campero – en su doble rol de gerente de Minera Alumbrera LTD y al mismo tiempo representante de la UNT en YMAD – negoció para su correligionario y entonces Rector de la UNT, Mario Marigliano –ya fallecido-. Ese millón de dólares de utilidades – adelantados directamente desde la empresa minera al rectorado de Marigliano-, se otorgó en el marco del artículo 18 inciso b) de la vigente ley 14.711 que ordena repartir el 40% de las ganancias de la minera YMAD en favor de la UNT para la construcción de la Ciudad Universitaria en San Javier. Sin embargo, y contra el mandato de la ley que ordena destinar las utilidades mineras a la construcción de la Ciudad Universitaria, el entonces Rector Marigliano malversó los dólares recibidos y los utilizó en meras refacciones edilicias para el Museo de la UNT – en la ex escuela de Agricultura- y la Escuela de Cine -en instalaciones de Canal 10-, sentando las bases de un sistemático despojo a la UNT que continua hasta nuestros días. El 13 de septiembre de 2007 Campero y Marigliano le reclamaron a Cerisola que YMAD ya había entregado $210.422.000 a la UNT para construir la Ciudad Universitaria: “A la fecha no se encuentra concluida la Ciudad Universitaria, por lo cual la recepción de los fondos se hace en el marco del precitado inciso”. En su declaración indagatoria (13 de abril de 2016) Cerisola apuntó contra Campero y defendió la “reformulación” del concepto de Ciudad Universitaria: “El concepto de Ciudad Universitaria responde a una idea dinámica e inagotable pero que en la práctica es un concepto estático representado por su plan de obra y su valuación. Lo contrario, sería pretender sine die seguir percibiendo el 40% por siempre lo que es ilícito e inmoral. Reconoce que habían iniciado conversaciones al respecto dentro de la UNT, que el doctor Campero insistía en la necesidad de darle corte a lo del 40% pero nuevamente niega haberle dado ningún mandato al respecto a los señores directores”, se lee en su indagatoria. Lo propio ratificó días atrás cuando rompió el silencio tras más de diez años. El arribo del millón de dólares mineros al rectorado de Marigliano se ejecutó a través de un fideicomiso financiero entre el rectorado de la UNT y el Banco Río bajo la “veeduría” del arquitecto Raúl Torres Zuccardi – consejero superior del Mariglianismo- y contó con un dictamen favorable de la dirección de Asuntos Jurídicos a cargo de González Navarro y la aprobación del Consejo Superior de la UNT (expediente 1552-2005). La maniobra de Campero y Marigliano pasó inadvertida para el diario La Gaceta que desde 2005 hasta hoy jamás publicó el texto del artículo 18 inciso b) de la ley 14.711 que ordena construir -“de acuerdo a los planos ya aprobados” (sic)- la Ciudad Universitaria en San Javier, campus universitario valuado en 5.700 millones de dólares según Sergio Mohamed actual secretario de Obras y Planeamiento de la UNT. Incluso, Roberto Toledo, actual representante de la UNT en el directorio de YMAD, admitió la falsificación años atrás en la televisión pública tucumana: “La ley decía que una vez que se concluya la Ciudad los fondos de la Universidad dejaban de ser del 40% de las utilidades netas de la empresa y bajaban al 20%. Desde esa fecha hemos bajado del 40% al 20%. ¿Por qué se hizo eso? Tendrá que saberse en el juicio. Se presume que fue porque eso era de libre disponibilidad y en consecuencia no estaba sujeto al destino específico de la inversión en obras”, sentenció en diálogo con Omar Nóblega en Los Primeros. fuente:eltucumano
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