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» La voz
Fecha: 02/05/2024 01:08
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Desde diciembre de 2023, se registra un aumento alarmante en las desapariciones forzadas en Venezuela, que afectarían a ciudadanos y a ciudadanas que ejercen su derecho a la libertad de expresión, asociación y participación en asuntos de interés público, advirtieron este martes expertas independientes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Se trata de Aua Baldé y Gabriella Citroni, presidenta y vicepresidenta, respectivamente, del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la mayor alianza política internacional que tiene por objetivo discutir y dar solución a problemas que aquejan a la humanidad o a determinados grupos de personas, además de promover la paz y la seguridad en el mundo. Según las especialistas, las personas desaparecidas de manera forzada son integrantes, en su mayoría, del principal partido político de la oposición y militares. Efecto disuasivo “Mientras el país se prepara para las elecciones presidenciales, estas desapariciones forzadas podrían tener un efecto disuasivo y obstaculizar el derecho de la población a votar con libertad”, advirtieron las integrantes del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias (WGEID, por sus siglas en inglés). Cabe recordar que la República Bolivariana de Venezuela, de unos 30,5 millones de habitantes, tiene una cita trascendental con las urnas el 28 de julio próximo, fecha que fijó el gobierno de Nicolás Maduro para elegir a quien conducirá los destinos del país en el período 2025-2031. Los principales candidatos de la oposición a desplazar del cargo al actual mandatario han sido inhabilitados para participar en los comicios generales durante la actual campaña o en pugnas electorales anteriores. El caso más resonante y reciente tiene relación con el del impedimento a María Corina Machado para postularse a la máxima magistratura política del país sudamericano, decidida en junio de 2023. La medida fue considerada por la oposición como una violación de los derechos políticos y condenada por organismos internacionales y varios países occidentales. La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, quedó fuera de competencia por decisión de la Justicia Electoral venezolana que responde a Nicolás Maduro (AP). La fecha decidida por el Consejo Nacional Electoral (CNE) coincide con la del natalicio de Hugo Chávez, líder del Movimiento Quinta República y presidente venezolano desde 1999 hasta su fallecimiento el 5 de marzo de 2013. El día de las presidenciales, el máximo referente de la “revolución bolivariana” cumpliría 70 años. Sin contacto con el mundo “Las detenciones prolongadas y el régimen de incomunicación equivalen a desapariciones forzadas. Las mismas parecen seguir un patrón según el cual las personas son privadas de su libertad por las autoridades estatales, llevadas a centros de detención reconocidos y ahí privadas de sus derechos fundamentales, como el contacto con el mundo exterior y el acceso a asistencia letrada”, afirman las expertas en un comunicado difundido este martes por la ONU. En el documento, Baldé y Citroni sostienen que “privar a una persona de su libertad, seguido de la negativa a reconocer su detención, u ocultar su suerte o paradero, la sitúa fuera de la protección de la ley”. Y completan el razonamiento: “Esto constituye una desaparición forzada, independientemente de la duración de dicha privación de libertad u ocultación”. Por ello, consideran “crucial que se garantice, sin demora”, información precisa sobre las personas privadas de libertad a cualquier que tenga un interés legítimo, como sus familiares y representantes legales de su elección. Violación múltiple “El delito de desaparición forzada conlleva la violación de múltiples derechos humanos”, precisan las expertas. Entre ellos, listan el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, el derecho a la libertad y a la seguridad, y el derecho a no ser sometido a actos de tortura. Además, consideran que también se violan los derechos fundamentales de los familiares de la persona desaparecida. “En estas situaciones, a menudo son las familias de las personas desaparecidas quienes llevan la carga de buscar a sus seres queridos en centros de detención, donde no sólo se les niega de manera sistemática información sobre su suerte o paradero, sino también se las expone al riesgo de represalias”, advierten las expertas. En otra instancia, recordaron que “el Estado tiene la obligación de buscar y revelar la verdad sobre las personas desaparecidas”, en la certeza de que la impunidad de estos crímenes socava la confianza en el Estado de Derecho y en las instituciones, además de perpetuar un clima de miedo e inseguridad en la sociedad. Propuesta para garantizar los derechos humanos El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias está en contacto con las autoridades en este respecto y expresó su disponibilidad al gobierno de Nicolás Maduro para proporcionar cooperación y asistencia técnica, con vistas a garantizar que se respeten los derechos humanos de las personas privadas de libertad y de sus familiares. También para que cualquier caso de desaparición forzada se investigue de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos. En el comunicado difundido por la ONU, Aua Baldé y Gabriella Citroni instan al Estado de Venezuela a que tome medidas para prevenir, erradicar y enjuiciar todo acto de desaparición forzada. Asimismo, le piden proporcionar información sobre la suerte y el paradero de las personas actualmente detenidas en régimen de incomunicación por el Estado y ofrecerles todas las garantías legales, incluido el derecho a comunicarse con sus familiares y a recibir visitas de estos, además del acceso a asistencia letrada de su elección y el derecho a comparecer ante un tribunal competente para determinar la legalidad de su detención.
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