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» Nuevo Diario
Fecha: 01/05/2024 22:51
MANTIENEN EL CONFLICTO El cuerpo deliberativo rechazó el presupuesto que se presentó desde la Defensoría del Pueblo de Orán. El titular del organismo, Hernan Mascietti, cuestionó la medida. Durante el último encuentro de los concejales, el cuerpo rechazó el presupuesto que Mascietti presentó para el funcionamiento del organismo. El Concejo decidió no aprobar los gastos que reclamaba el abogado considerando que eran excesivos. A raíz del hecho, Mascietti sostiene que no ha podido normalizar la situación de la recientemente inaugura Defensoría. Los prespuestos que se elevaron a los ediles comprenden los gastos operativos que corresponden entre otras cosas al personal y los costos de mobiliarios, alquiler, entre otros items. “Estoy trabajando a los ponchazos. Por eso, apenas asumí dije que quiero dos cosas: regularizar el funcionamiento de la defensoría y afianzarla en la sociedad para que el vecino sepa que somos un lugar más en el que puede sentirse escuchado, acompañado y solucionado en sus problemas”, dijo el titular del organismo sobre el hecho ante medios de comunicación locales. Mascietti entró en funciones en marzo de este año, cuando el Concejo Deliberante procedió a designarlo formalmente en el cargo luego de que en el 2023 se haya avanzado en su elección para conformar oficialmente la Defensoría del Pueblo de Orán. Tras las demoras de meses, los presupuestos fueron presentados previos a su asunción como Defensor del Pueblo. Justamente, tras un periodo considerable, el concejo optó por denegar el pedido y buscar que reduzca lo que pretenden Mascietti. Ante las críticas, algunos concejales cuestionaron que la Defensoría recibe financiamiento municipal. En un comunicado de la dependencia a la que accedió Nuevo Diario, desde el organismo aclararon que la Municipalidad de Orán compró una computadora que se dio en comodato a la entidad, no recibiendo otros montos. El Defensor del Pueblo tiene como misión fundamental proteger los derechos e intereses de los individuos y de la comunidad frente a los actos, hechos u omisiones de cualquier funcionario o agente de la administración pública provincial o municipal, que impliquen el ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario, discriminatorio, negligente, gravemente inconveniente o inoportuno de sus funciones.
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