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» La Nacion
Fecha: 01/05/2024 01:02
>LA NACION>Política Información basada en hechos y verificada de primera mano por el cronista, o reportada y verificada por fuentes expertas. Noticia Original La “viveza”, la falta de sujeción a las normas y las estrategias para conseguir lo que perseguimos, relegando el principio de igualdad ante la ley, forman parte de la realidad argentina y es preciso revertirlos; preocupan las agesiones al periodismo y propuestas polémicas para la Corte Suprema Exclusivo suscriptores Alejandro Carrió PARA LA NACION Escuchar Asumamos, pues no tenemos razones para pensar lo contrario, que nuestros actuales gobernantes son personas bienintencionadas. Asumamos también que han identificado con corrección que superar el descalabro económico, producto de un histórico y descontrolado despilfarro de los recursos públicos, es la principal prioridad que enfrentan. Asumamos, por último, que desde su asunción están abocados a la muy difícil tarea de lograr ese monumental objetivo. Dicho ello, genuinamente espero que identifiquen que una de las principales fuentes de las recurrentes crisis que hemos atravesado a lo largo de la historia reconoce una raíz moral. Para entender hasta dónde se remonta esta realidad, basta recordar que ya Charles Darwin, cuando recorría el país durante el siglo XIX, pudo advertir y dejar cuenta en su diario de viajes del nivel de soborno y corrupción que imperaba en estas latitudes y cómo los comerciantes del Río de la Plata se engañaban unos a otros. La “viveza”, la falta de sujeción a las normas y el “atajo” para conseguir aquello que perseguimos en desafío al principio de igualdad ante la ley, son factores que forman demasiado parte de nuestra realidad como para que sigamos ignorándolos. Aún recuerdo en 2009 el esfuerzo que me implicó explicarle a un profesor visitante de una universidad de los Estados Unidos el significado de las llamadas “candidaturas testimoniales”. Mediante ellas, ciertos políticos que gozaban de amplio conocimiento público (Daniel Scioli y Sergio Massa entre ellos, el primero gobernador de la provincia de Buenos Aires y el segundo, jefe de Gabinete e intendente de Tigre en uso de licencia), aceptaron integrar los primeros lugares de las listas de candidatos a diputados nacionales por el entones partido gobernante. Mucho se habló de que no asumirían el cargo para el que reclamaban el voto y, de hecho, terminaron no asumiéndolo. Un muy buen estudio empírico de dos investigadoras de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, licenciadas Yamila Corral y Vanessa Ricci, de ese mismo 2009, arrojó como resultado que una nada despreciable cantidad de personas no sabían que estos candidatos debían renunciar a sus cargos para poder asumir. Su conclusión fue que estas candidaturas resultaron “nocivas para la política, socavando las bases de la Democracia Representativa”. El respeto a las instituciones, una demanda del tiempo actual TWITTER - TWITTER Otro ejemplo de desprecio por las instituciones se dio cuando, durante una parte importante de la presidencia de Néstor Kirchner, una funcionaria jerarquizada de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) resultó ser la esposa del titular del Ministerio de Planificación Federal, cartera ésta que caía bajo el control de aquella institución. Cuando estos comportamientos se toleran y no reciben sanción legal ni el rechazo de una mayoría de la población, todo el esquema de distribución de poderes y controles se resiente. Las preguntas que se imponen son: cuánto de ello nos importa y en qué medida nuestro histórico desapego a la ley y a la ética se relaciona con los desmanejos de los recursos públicos que el Gobierno intenta superar. Y en relación con estos interrogantes, el Gobierno comete el pecado de pintar con brocha gorda e incurrir en algunas conductas sumamente perniciosas. Por un lado, parece insistir en la lógica de amigo/enemigo que presidió buena parte del período político instaurado a partir de 2003. El insulto generalizado, ya sea a opositores o a periodistas, es un pésimo método de comunicación de ideas, que no sirve para obtener las metas que el Gobierno se propone. Parece obvio señalar que el presidente Javier Milei fue electo jefe de Estado dentro de un sistema republicano, con todas las notas propias de él. Claramente no participan de esa categoría los sultanatos, emiratos y demás esquemas basados en formas de gobierno que es dable observar en otras latitudes. Allí los jefes de Estado reservan para sí altísimas cuotas de poder, que en general solo retienen a fuerza de un autoritarismo que inspira mucho más miedo que respeto. En lo que hace a la relación de nuestro actual presidente con el periodismo, un buen punto de partida es pensar que hay una importante cantidad de representantes de este sector que solo hacen su trabajo cuando cuestionan políticas oficiales que consideran digna de crítica. Y aquí siempre es mandatorio separar los hechos que un periodista refiere de sus opiniones, y ser muy estricto en concentrar las refutaciones en las discrepancias relativas a los primeros. La palabra del Presidente y su tiempo —sobre todo en momentos de crisis— son herramientas demasiado valiosas para ser desperdiciadas en discusiones estériles. Ello, sin contar con que nunca es bueno que las personas sientan que a su derecho a expresarse le seguirá el insulto o la diatriba que cuando emana de la máxima autoridad en el manejo de la administración pública nos hace dudar de cuáles son sus prioridades. Esta lógica amigo/enemigo tampoco es sana cuando, para la adopción de ciertas reformas realmente necesarias (un profundo reordenamiento del régimen fiscal, por ejemplo), resulta evidente que ellas solo tendrán validez y permanencia si cuentan con la aprobación del Congreso. Propiciar discusiones en un clima de insultos difícilmente conducirá a buenos resultados. También parece claro a esta altura que se desperdiciaron valiosos meses en la discusión de un decreto de necesidad y urgencia demasiado abarcador como para superar el filtro de lo constitucionalmente admisible. La candidatura del juez Ariel Lijo a la Corte Suprema, una propuesta controvertida Archivo Por otro lado, el Presidente no debería empecinarse en nombramientos de candidatos para la Corte Suprema que, como sucede particularmente con uno de ellos, ha generado ya rechazos de sectores tales como los colegios de abogados, la Academia y las organizaciones no gubernamentales dedicadas a temas de justicia y transparencia. Cuando la Constitución, en su reforma de 1994, previó que un acuerdo para juez de la Corte requeriría de una mayoría calificada de las dos terceras partes de los senadores, buscó enviar un poderoso mensaje al titular del Poder Ejecutivo y a ese mismo cuerpo. Al primero, para que eligieran un candidato de importantes calidades intelectuales y morales, capaz de sortear todo tipo de objeciones. Y al Senado, para que sus integrantes estuvieran a la altura de la inmensa responsabilidad que implica prestar ese acuerdo. La vara aquí no debe estar en qué conviene a cada senador según su partido y sus propias apetencias personales, si no en quién reúne las calidades de solvencia jurídica y moral para ocupar semejante cargo. Y para concluir, también deberían nuestros gobernantes advertir que hay una importantísima cantidad de personas que desean que les vaya bien y triunfen en la meta que se han fijado de sacar a nuestro país de décadas de estancamiento, gasto inmoderado y retroceso. Pero los medios para conseguir esa meta no deben incluir los atajos ni las diatribas. La Argentina ha demostrado a lo largo de su historia ser capaz de producir personas de una valía científica, intelectual y moral digna de reconocimiento internacional, e incluso de algunos premios Nóbel. Los verdaderos estadistas son los que gobiernan con ese norte de excelencia. El autor es abogado constitucionalista. Su último libro es “Alfonsín y los derechos humanos. El trasfondo ético, político y jurídico del juicio al mal absoluto”
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