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» Jujuy al momento
Fecha: 30/04/2024 19:08
Sin embargo, hay un daño más profundo, pero menos visible, que ha sido provocado por décadas de corrupción, desidia y negligencia por parte de nuestras autoridades. Esta corrupción ha socavado los cimientos de nuestra sociedad, minando la confianza en las instituciones y desviando recursos que podrían haber sido destinados a mejorar la calidad de vida de la población. La impunidad con la que muchos políticos y funcionarios han actuado ha generado un clima de desconfianza y resignación entre los ciudadanos, quienes ven cómo se diluyen sus esperanzas de un país más justo y próspero. La desidia y negligencia de la clase política han permitido que problemas crónicos persistan sin solución, mientras se priorizan intereses personales y partidistas sobre el bien común. La falta de planificación a largo plazo y la ausencia de políticas efectivas han dejado a nuestra sociedad en una situación de vulnerabilidad constante, con consecuencias devastadoras para el presente y el futuro de las generaciones venideras. Es hora de mirar más allá de los indicadores económicos y sociales superficiales y confrontar el verdadero costo humano y social de décadas de malas decisiones y prácticas corruptas. La dirigencia política argentina tiene una deuda pendiente con la sociedad que no puede seguir ignorándose. Es necesario un cambio profundo y genuino en la forma en que se ejerce el poder y se toman las decisiones en nuestro país. La seguridad no es simplemente un tema político; es una cuestión fundamental que afecta la vigencia de los derechos y la calidad de vida en una sociedad democrática. En democracia, la seguridad, los derechos y la ciudadanía forman una trilogía inseparable. Separar uno de los otros sería perder de vista la complejidad del ser humano en su totalidad. Lamentablemente, recientes debates sobre la "justicia por mano propia" han sido aprovechados de manera oportunista por referentes políticos, y amplificados por medios de comunicación irresponsables que actúan con sensacionalismo y morbosidad. Este enfoque representa tanto una demostración de incompetencia en la gestión del gobierno como una expresión de una peligrosa perspectiva político-ideológica que promueve la justicia individual por sobre la institucional. Es una renuncia a la responsabilidad por parte de los gobernantes, quienes deberían asumir un rol activo en la protección de los derechos y la seguridad de todos los ciudadanos. La "justicia por mano propia" no solo es una respuesta ineficaz a los problemas de seguridad, sino que también socava el Estado de Derecho y pone en peligro los derechos fundamentales de los individuos. La confianza en las instituciones y en el sistema de justicia se ve erosionada cuando los ciudadanos toman la ley en sus propias manos, y la democracia se debilita. Es esencial que los líderes políticos asuman su responsabilidad en el mantenimiento del orden y la seguridad ciudadana, promoviendo políticas públicas integrales y respetuosas de los derechos humanos. La búsqueda de soluciones efectivas a los problemas de seguridad no puede basarse en la demagogia ni en la violación de los principios democráticos. En tiempos de crisis, es cuando más necesitamos un liderazgo responsable y comprometido con el bienestar de todos los ciudadanos. La seguridad y los derechos son valores fundamentales que no pueden ser comprometidos en aras de intereses políticos mezquinos. El derecho a la seguridad es un principio fundamental, derivado de la obligación del Estado de garantizar la protección de las personas, tal como lo establecen la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Cuando el gobierno no cumple con esta obligación y deja en manos de los ciudadanos la responsabilidad de protegerse, comete una grave omisión política que alimenta peligrosamente el ciclo de la venganza por mano propia. Es crucial entender que esto no se trata de implementar respuestas simplistas de mano dura o represión. Al contrario, se trata de abordar la cuestión de la inseguridad en su complejidad, reconociendo su vínculo con la calidad de vida como un valor ciudadano y político que da sentido al sistema democrático. La inseguridad no es simplemente un problema de delincuencia; es un problema de derechos humanos y de ciudadanía. Cuando las personas viven con miedo a ser víctimas de la violencia, se ven limitadas en su capacidad de ejercer plenamente sus derechos y participar en la vida pública. La seguridad es, por lo tanto, un requisito previo para el pleno ejercicio de la democracia. La respuesta a la inseguridad debe ser integral y respetuosa de los derechos humanos. Esto implica no solo medidas de prevención y represión del delito, sino también políticas que aborden las causas profundas de la violencia, como la desigualdad socioeconómica, la exclusión social y la falta de oportunidades. Promover la seguridad ciudadana no significa sacrificar las libertades individuales en aras de una supuesta seguridad. Al contrario, significa fortalecer el Estado de Derecho y garantizar que todas las personas puedan vivir libres de miedo y violencia. El desafío para nuestro país es adoptar políticas de seguridad que sean eficaces, justas y respetuosas de los derechos humanos, reconociendo que la seguridad es un derecho fundamental que debe ser garantizado por el Estado para todos sus ciudadanos. En un informe temático sobre "Seguridad ciudadana y derechos humanos" emitido el 31 de diciembre de 2009, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) destacó la importancia de entender la seguridad ciudadana en relación con la convivencia democrática. La CIDH señaló que la comisión de delitos es solo una de las muchas formas de violencia que afectan a las personas en la región, lo que requiere un enfoque integral que incluya acciones de prevención y control de diversos tipos, involucrando a diferentes actores del sector público y de la sociedad civil. Este enfoque reconoce que la seguridad ciudadana va más allá de la mera aplicación de la ley y la represión del delito. Se trata de promover condiciones que permitan a las personas vivir libres de miedo y violencia, lo cual es esencial para el funcionamiento de una democracia saludable. Además, destaca la necesidad de una participación activa de la sociedad civil en la formulación e implementación de políticas de seguridad. La seguridad ciudadana es responsabilidad de todos, y es fundamental que haya una colaboración estrecha entre el gobierno y la sociedad civil para garantizar la protección de los derechos humanos de todos los ciudadanos. La seguridad es un problema complejo que requiere una respuesta colectiva y política. Reducirla a una cuestión de víctimas y victimarios es ignorar su verdadera naturaleza y perpetuar el ciclo de violencia.
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