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» Infobae
Fecha: 30/04/2024 08:38
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Una clase pública en la Facultad de Derecho de la UBA Esta semana, una multitudinaria marcha nos ha recordado la urgencia de un debate abierto y profundo sobre la función de la universidad pública, tanto estatal como privada, en nuestra sociedad. En este debate, debemos tener en cuenta dos objetivos fundamentales de la educación superior: facilitar la movilidad social ascendente y mejorar el capital humano del país. Este doble objetivo no solo beneficia a quienes se educan, sino que también puede generar externalidades positivas para el resto de la sociedad. Un aspecto crucial en este debate es el requisito de mantener un nivel de excelencia académica. Esto implica reintroducir exámenes de ingreso que aseguren altos estándares académicos entre los alumnos. Si bien debemos considerar la inclusión de estudiantes de entornos desfavorecidos que han demostrado interés y determinación, es esencial que esto se haga a través de cursos de nivelación que no comprometan la calidad académica de quienes ya cumplen con estos estándares. Al mismo tiempo, es fundamental ofrecer becas y créditos a estudiantes de familias de bajos recursos, facilitando no solo su acceso a la universidad sino también su capacidad para dedicarse a tiempo completo a sus estudios. Sin embargo, debemos desmitificar la creencia arraigada en la gratuidad de la educación superior. Los costos significativos de operar universidades de calidad son financiados por todos los contribuyentes, lo cual implica una redistribución regresiva de la riqueza donde los menos afortunados económicamente subsidian los estudios de los futuros miembros más acomodados de la sociedad. Los costos significativos de operar universidades de calidad son financiados por todos los contribuyentes Este análisis nos lleva al caso de la reforma universitaria de 1998 en Gran Bretaña, que demostró cómo la gratuidad puede amplificar la desigualdad cuando se subsidia a estudiantes de familias adineradas. La introducción de un sistema de préstamos y becas, ajustado por el nivel de ingreso familiar, permitió una expansión del acceso a la educación superior sin imponer una carga financiera inmediata sobre los estudiantes menos acomodados, garantizando que solo aquellos que se beneficiaban de la educación superior contribuyeran proporcionalmente a su costo una vez que sus ingresos lo permitieran. Además, es crucial reevaluar la naturaleza de la educación superior como un bien público. A diferencia de la seguridad pública o la defensa nacional, que son no excluibles y no rivales, la educación universitaria es excluible y rival. Esto sugiere que la financiación universal y no selectiva puede no ser la política más eficiente ni justa. Las externalidades positivas de la educación universitaria son indudables, siempre y cuando estemos hablando de buenos alumnos. Por eso, es fundamental que el sistema no financie inadvertidamente externalidades negativas al apoyar a estudiantes que no cumplen con estándares académicos rigurosos. La defensa de la excelencia y el mérito es crucial para maximizar estos beneficios. Es crucial reevaluar la naturaleza de la educación superior como un bien público En este contexto, es razonable ofrecer becas y créditos a estudiantes meritorios y económicamente desfavorecidos. Esto promueve la justicia y asegura que los fondos públicos se inviertan en aquellos estudiantes que probablemente generarán retornos positivos para la sociedad. Concluyendo, es momento de reconsiderar seriamente la implementación de un sistema de vouchers educativos. Propuestas como la tarjeta Educard, inspirada por Milton Friedman y apoyada por académicos como Edgardo Zablotzky y Martín Krause, podrían transformar radicalmente el acceso y la calidad de la educación universitaria en Argentina, introduciendo más opciones y competencia en el sistema, lo cual, a su vez, elevaría la calidad y la eficiencia de la educación proporcionada. Este cambio estructural no solo mantendría el ideal de movilidad social, sino que lo haría de manera sostenible y justa para toda la sociedad argentina. El autor es economista (UBA) y Director General de la Fundación Libertad y Progreso
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