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» Diario Cordoba
Fecha: 30/04/2024 04:41
Un vecino de Villa del Río ha sido condenado a 16 meses de prisión e indemnizar al agente por un delito contra la seguridad del tráfico, otro de negativa a someterse a las pruebas de alcoholemia, otro de resistencia a agentes de la autoridad y uno leve de lesiones. Según se relata en la sentencia de la que informa AUGC, "los hechos tuvieron lugar el 8 de marzo, cuando varios ciudadanos avisaron que un vehículo circulaba de un modo anómalo por la autovía A-4 y una patrulla de Tráfico tuvo que seguirle a lo largo de diez kilómetros, trayecto durante el que el conductor hizo caso omiso a las señales acústicas, luminosas y de megafonía del vehículo policial, y circuló haciendo eses de un carril a otro, acelerando y frenando, estando a punto de colisionar con otros vehículos en varias ocasiones". Finalmente, los agentes consiguieron que se detuviera en las proximidades del área de servicio 'La Mezquita', pero "el conductor, que mostraba claros síntomas de ebriedad, se negó a salir del vehículo e intentó marcharse del lugar, y cuando los agentes tuvieron que sacarlo del interior opuso fuerte resistencia y propinó una patada y arañazos a uno de los guardias civiles". Una vez que fue detenido, "se negó a someterse a la prueba de alcoholemia". El abogado ha declarado que "en este caso se ha dictado una sentencia de conformidad aceptada por las partes, suspendiéndose la pena de prisión siempre que el condenado no vuelva a delinquir durante dos años, y deberá indemnizar a nuestro representado con 485 euros, más los intereses legales, así como abonar las costas procesales", a lo que ha agregado que el bufete seguirá "colaborando activamente para defender los intereses de los guardias civiles en situaciones como esta". Por su parte, el responsable de los servicios jurídicos de AUGC en Córdoba, ha afirmado que "según las estadísticas oficiales, las agresiones físicas sin armas a los guardias civiles siguen aumentando progresivamente, y para desempeñar las funciones con mayores garantías y los menores riesgos posibles no sólo son necesarias unas penas más graves y una mayor protección jurídica, sino que además debe reconocerse como profesión de riesgo a los guardias civiles y policías nacionales, así como dotarles del suficiente material de defensa y protección, como son por ejemplo las pistolas táser".
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