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» El Norte
Fecha: 29/04/2024 17:00
“A 48 años de los hechos, el TOF 2 de Rosario incumple formalidades elementales de la celebración de audiencias donde se ventilan delitos de lesa humanidad, y maneja con descuido e impericia los recursos del Estado Nacional y la Policía Federal para la celebración de las itinerantes que se comprometió a realizar”, marcan. El juicio Saint Amant IV reúne causas de la región norte de la provincia de Buenos Aires -Pergamino, San Nicolás, Ramallo, San Pedro y Baradero- vinculadas a la última dictadura. ILUSTRACIÓN. De la Redacción de EL NORTE [email protected] El Encuentro Regional por Memoria y Justicia “Cholo Budassi” emitió un comunicado titulado “Crónica del destrato” en relación al juicio Saint Amant IV que reúne causas de la región norte de la provincia de Buenos Aires -Pergamino, San Nicolás, Ramallo, San Pedro y Baradero- vinculadas a la última dictadura. En el texto, los organismos de derechos humanos de la zona, que integra la Mesa local, exponen lo que consideran una serie de irregularidades en este debate. “A 48 años de ocurridos los hechos, el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 de Rosario -integrado por Román Lanzón, Eduardo Rodríguez Da Crus y Elena Beatriz Dilario- incumple con las formalidades más elementales de la celebración de las audiencias donde se ventilan hechos catalogados como delitos de lesa humanidad, así como maneja con descuido e impericia los recursos del Estado Nacional y la Policía Federal para la celebración de las audiencias itinerantes que se comprometió a realizar en la audiencia preliminar del 21 de diciembre de 2023”, sostiene. Las organizaciones enumeraron una lista de situaciones y manifestaron: “Queremos denunciar irregularidades”. La primera de ellas tiene que ver con la “denegación del derecho de las comunidades que el juicio sea público”. “No utiliza los conocimientos y recursos disponibles por la delegación de la Policía Federal para la celebración de las audiencias en los lugares donde ocurrieron los hechos, incumpliendo además la manda constitucional. Aun cuando la Fiscalía acercó instrucciones, equivocaron la oficina donde realizar el pedido de ayuda de recursos tecnológicos, y no se tomaron la tarea de consultar al TOF 1 de la misma ciudad, que celebra las audiencias en Villa Constitución sin inconvenientes, y entonces decide sin miramiento celebrar las audiencias en la ciudad de Rosario. Tampoco permite la retransmisión de las audiencias, dejando fuera a las comunidades donde sucedieron los hechos de modo redoblado, bajo el argumento de la contaminación del testimonio, como si fuesen delitos comunes, o no hubiesen pasado 48 años de los hechos, con el consiguiente transcurrir de los relatos en las comunidades, los medios y la historia reciente de este país. Además, las audiencias de lesa humanidad se transmiten en vivo, excepto el pedido de un testigo/víctima de no querer exponerse”. “Revictimización” Como segundo punto, señalan que “este Tribunal es responsable de revictimización de las víctimas”. “Muchas de las víctimas son personas añosas y tienen que trasladarse bajo su propio riesgo y costo para que el Tribunal escuche su relato mirándolos a los ojos, de delitos cometidos por el Estado hace 48 años. Esos traslados desde la localidad de los hechos hacia Rosario tienen un costo alto en estos momentos que las víctimas no tienen por qué pagar. Y muchas veces no tienen cómo pagar. Algunas víctimas eran niñes o púberes al momento de los hechos, su declaración como la de todos los testigos, es un viaje al horror del que fueron víctimas a manos de las fuerzas del Estado Argentino, y luego de este tiempo, una vez que ese mismo Estado a través de este Tribunal se digna a escuchar su relato, tienen que soportar que mientras ellos declaran los jueces mencionados miran sus celulares. Aunque los señores jueces no quieran verlo o entenderlo, tiene un impacto grave y negativo sobre la expectativa de reparación que significa ser escuchado y atendido por un tribunal de la Nación. Por otra parte, tienen derecho a estar acompañados por sus comunidades de origen, todos los integrantes de la familia y amigos que quieran hacerlo, y eso se ve dificultado cuando no impedido por la distancia, el costo y el tiempo requerido para dicho traslado, agravado por el impedimento de la transmisión en vivo”, expresaron. Cambios en las audiencias “Al mismo tiempo, el Tribunal cambia sistemáticamente de día de las audiencias, poniendo en riesgo la celebración de estas, desatendiendo a las víctimas y el impacto emocional que implica declarar ante un Tribunal federal, pero también a los profesionales involucrados que tienen sus propios compromisos y se pone en riesgo su presencia de acompañamiento a las víctimas. Son situaciones que las víctimas no tienen por qué atravesar, el Tribunal tiene que garantizar los cuidados”, notaron. A fines de marzo pasado, en una audiencia realizada en Rosario, se dio lectura a los cargos que presentó la querella por delitos cometidos durante la última dictadura contra 74 víctimas en la jurisdicción del Área Militar 132 -al mando de Manuel Fernando Saint Amant- que abarcaba el noroeste de la provincia de Buenos Aires. En total son 12 los acusados en la causa, entre ellos exmilitares y exagentes de las policías federal y bonaerense por delitos de secuestros, torturas y asesinatos. Ellos son: Antonio Bossie, Guillermo Piccione, Bernardo Landa, Omar Andrada, Hugo Bellet, Adrián Meisner, Gregorio Mancilla, Enabel Cappa, Miguel Ángel Amarillo, Oscar Parodi, Raúl Calabresi y Carlos Biglieri. En representación del Ministerio Público Fiscal intervienen el fiscal general Adolfo Villatte y el auxiliar fiscal Juan Patricio Murray. La semana pasada, el Concejo Deliberante de San Nicolás declaró de interés legislativo el inicio de este juicio. “Necesitamos hacer pública esta situación” La organización Encuentro Regional por Memoria y Justicia “Cholo Budassi” concluyó: “Las víctimas y las comunidades a las que pertenecen, juntamente con los organismos de DDHH hemos luchado para que estos juicios se celebren, honrando la institucionalidad, la democracia, la Constitución, la ley; desestimando el odio, la venganza, la revancha, honrando la justicia. Este Tribunal opera haciendo abuso de su situación de poder, y vuelve a desproteger a las víctimas y sus comunidades de los protocolos, formalidades, y definiciones de la justicia argentina para la celebración de los juicios por delitos de lesa humanidad, y de ese modo del Estado de derecho por el que hemos luchado durante tantos años. Es decir que pone en tela de juicio la justicia por la que tanto luchamos. Por todo lo expuesto, necesitamos hacer pública la situación, por el agravio que significa para las víctimas y sus comunidades, por el riesgo en que pone a las garantías constitucionales, y por el dolor que se vuelve a infringir desde un Tribunal de la Nación sobre las víctimas de delitos de lesa humanidad”.
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