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» LM Neuquen
Fecha: 29/04/2024 05:03
La anciana está internada en un hogar, cuyas autoridades denunciaron a la nieta por "violencia económica". Debe informar en qué gastó el dinero. También pidieron informes al Banco Nación. La denuncia presentada por autoridades del geriátrico de General Conesa recayó en el Juzgado de Paz, desde donde se definieron las medidas para proteger a la anciana. Una joven que cobra la jubilación de su abuela deberá explicar en la Justicia en qué gastó ese dinero en los últimos meses. La investigación se inició por una denuncia que realizó en la Policía de General Conesa un referente de la Comisión Directiva del Hogar San José, donde la anciana se encuentra alojada. La presentación sostiene que la nieta podría haber cometido “violencia económica” en perjuicio de su familiar. La causa llegó al Juzgado de Paz de esa localidad rionegrina, con una carátula encuadrada en la ley 3040 (violencia familiar), desde donde se dispuso el dictado de una batería de medidas para el resguardo de la mujer mayor y su estado de salud. Asimismo, avanzó en la indagación acerca del destino que su nieta les dio a los recursos percibidos, y alertó acerca de la posible comisión de un hecho de características penales , por lo que las partes deberán nombrar un asesor legal. vf-conesa.jpg El hecho que se investiga tiene lugar en la localidad del Valle Inferior rionegrino. La resolución, fechada el viernes 26 de abril último, se fundamentó con el objetivo de “evitar que se susciten hechos de violencia”, y se aclaró que tiene carácter provisorio, hasta tanto tome intervención el Juzgado de Familia que corresponda para darle continuidad a la pesquisa o “el cese en su defecto”, de acuerdo a lo que establece la normativa. Por empezar, el Juzgado de Paz le ordenó a la joven entregar al personal del geriátrico varios medicamentos en un plazo de 24 horas a partir de su notificación. Debía llevar: Memantine 20 mg; Atenolol 25 mg; Furosemida 40 mg; una caja de Aspirineta y Quetiapina de 200 mg. Pagos e informe bancario También le exigieron a la joven nieta que presente en la misma dependencia judicial “los comprobantes de pagos efectuados con el dinero de la jubilación de su abuela” (IC) “de los últimos seis meses”. Le aclararon a la chica denunciada que las pautas establecidas las deberá obedecer de manera obligatoria, caso contrario la harán responsable de “desobediencia judicial” y podría recibir sanciones fijadas en la Ley 3040, como arresto, multa o trabajos comunitarios. Además, como información complementaria, el magistrado le requirió al Banco Nación Argentina “los movimientos de la cuenta", correspondientes al mismo lapso. Para ello se libró un oficio judicial al gerente de la entidad bancaria para que exponga la documentación pedida. Víctima en estado de vulnerabilidad El juzgado conesino advirtió que la anciana se encuentra en “situación de vulnerabilidad”, por lo que pidió la intervención de la Defensora de Menores e Incapaces de Viedma “a los fines de evaluar la procedencia de designar figuras de apoyo a la señora. Sede del Poder Judicial de Viedma, Río Negro. El juzgado de Paz de Conesa solicitó la intervención de la Defensoría de Menores e Incapaces de Viedma. A ese acompañamiento le sumó la solicitud dirigida a la Dirección de Adultos Mayores para que continúe su injerencia para contactar a los hijos u otros familiares de la mujer “con el objeto de ponerlos en conocimiento de la situación” que está atravesando. Asimismo destacaron en el documento rigen las obligaciones establecidas en el Código Civil y Comercial de la Nación, que expresa que “Los hijos deben respeto y obediencia a sus padres. Aunque estén emancipados, están obligados a cuidarlos en la ancianidad y en estado de demencia o enfermedad, y a proveer a sus necesidades en todas las circunstancias de la vida en que le sean necesarios sus auxilios”. Por último, además delega a la Fiscalía de Turno que investigue un posible hecho penal y notificó a las partes que deberán continuar el trámite ante el Juzgado de Familia que resulte competente, a través de abogado particular o defensor oficial, en caso de no contar con recursos económicos.
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