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Parana » ER 24
Fecha: 29/04/2024 01:39
Las espadas oficiosas de la Procuración y la antipolítica El rechazo de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia del recurso de queja presentado contra la resolución de la Cámara de Casación Penal de Paraná, que hizo lo propio con el recurso de impugnación extraordinario que las defensas presentaron para llegar a la Sala Penal, significó que en suelo entrerriano quedó firme y se debe hacer efectiva la condena que se dictó sobre el ex gobernador Sergio Uribarri; su cuñado, Juan Pablo Aguilera; y el ex ministro de Comunicación y Cultura, Pedro Báez, entre otros condenados en la Mega Causa que investigó a aquellos tres y a funcionarios de las gestiones de Urribarri, por cinco hechos de corrupción en perjuicio de la Administración Pública. A partir de aquella resolución comenzó una vertiginosa carrera para que la condena se haga efectiva o para que se dilate lo más que se pueda la libertad de los condenados, ya con sentencia firme en Entre Ríos. Urribarri está dando la pelea judicial para llegar a la Corte Suprema y voltear su condena. La lid política ya es una derrota estrepitosa que se llevó puesto al peronismo entrerriano. Claro que no es responsabilidad exclusiva de las gestiones de Urribarri, sino que todo lo que se pueda aglutinar en esa entelequia llamada peronismo queda comprendido en la responsabilidad; ya fuese por acción, cargo que se limita a un minúsculo grupo de “dirigentes”, o por omisión, cargo que comprende a todo eso que se da en mencionar como “militancia”. Desde el peronismo, con una miopía preocupante, nadie sale a reivindicar gestiones (¿será que se considera que no hay nada para reivindicar?). Todos están callados, especulando en que el tsunami judicial no los alcance. Deberían reflejarse en el espejo del ex gobernador condenado, de sus ex ministros condenados, de sus ex funcionarios condenados; y en las situaciones del ex gobernador, Gustavo Bordet, y en el del ex intendente y funcionario polifuncional, Adán Bahl, ambos salpicados por las olas judiciales. ¿Les comprenderá a los dos últimos la frase “Roma no paga traidores”?. Desde la vereda contraria, (no se puede referir solo al oficialismo porque la dimensión del armado político judicial que está enfrente, es un ente constituído por personajes de distinta filiación ideológica pero que tienen un común denominador: la construcción de un nuevo esquema de poder que pretende redefinir una institucionalidad conservadora y antipopular) el desprestigio de algunos alfiles judiciales, políticos y mediáticos obliga a buscar nuevos voceros o a reflotar otros. En el devaluado campo que en otros tiempos se denominó “opinión pública” se levantaron algunas voces pidiendo el inmediato encarcelamiento del ex gobernador. El primero que se inmoló en el mandado fue el ex camarista, Hugo Perotti, que habló incluso antes de que se conociera la resolución de la Sala Penal. Salió a “meter presión”, la misma que no impulsó cuando fue vocal de Casación de Paraná y se “allanaba” a los designios de sus dos colegas en la Cámara. Posteriormente, ya con la sentencia firme, lo hicieron los polémicos fiscales, Gamal Taleb y Leandro Dato, y el abogado, Ladislao Uzín Olleros. Los funcionarios fueron abnegados defensores de Cecilia Goyenche, fiscal destituída por su participación en la causa que investiga contratos de obra en la Legislatura de la provincia. En el jury que la destituyó, más que una persecución por ejercer su rol de investigadora o coordinadora de fiscales que sí investigan, quedó en evidencia el vínculo comercial que la unía con uno de los imputados en aquella investigación y el vínculo que los unía y comprendía al esposo de la ex fiscal, que era asiduo visitantes de un estudio contable sospechado de facilitar el cobro de los cheques de los monotributistas contratados, quienes solo se quedaban con una pequeña suma del monto total del contrato a cambio de prestar su nombre. Taleb fue mencionado en aquella causa cuando se trabó un conflicto de competencia entre el fuero provincial y el federal. Fue a partir de la incorporación de facturas y anotaciones que darían cuenta que el ahora fiscal, cuando fue secretario de la Cámara de Diputados durante la gestión de Jorge Busti como presidente de la Cámara baja, habría desempeñado el rol de cobrador del dinero que se manejaba en aquella Cámara. Vale señalar que la incorporación de la polémica documental a la causa ocurrió de una manera insólita, habida cuenta que el período contable de aquella desapareció de las cuentas oficiales y ningún funcionario judicial investigó el motivo del faltante, ni tampoco denunció ningún legislador de la entonces oposición. ¿Por qué será? Así, la reformulación de los hechos imputados excluyó los cuatro años de la dupla Busti-Taleb al frente de la disposición de los dineros públicos en la Cámara baja. Dato, cruzado como pocos en el Ministerio Público Fiscal, pide, excitado, que Urribarri sea encarcelado, como corresponde. Pero vale señalar que Dato no participó de la investigación de la causa que terminó condenando al ex gobernador, pero sí lo hizo en la causa que investigó a Jorge Martínez. Martínez es el femicida de Fátima Acevedo y Dato supo antes del crimen que el entonces sospechoso, le arrojó ácido en el rostro –el acto de odio por excelencia en casos de violencia de género- sin dictarle la prisión preventiva. La sociedad entrerriana sabe lo que terminó sucediendo. Incluso, para aportar más “datos” a la nunca cuestionada por nadie actuación del fiscal goyenechista, el mismo procurador general, Jorge García, emitió manifestaciones que a cualquier otro funcionario le hubiesen costado el cargo -como a Rubén Virué-, cuando expresó que Fátima fue al encuentro de su victimario, deslizando una suerte de competencia de la víctima que nunca ocurrió pero que claramente beneficiaba al investigador que no hizo su trabajo. Virué, como todos saben, fue separado de su cargo de secretario de Justicia de la provincia, cuando tuvo la osadía de ejercer su función como presidente del Consejo de la Magistratura y le preguntó a la pareja del procurador, que en ese momento participaba de la entrevista en el Consejo de la Magistratura para acceder al cargo que finalmente logró: ni más ni menos una vocalía en la Cámara de Casación Penal de Paraná, si la relación que mantenía con el jefe de los fiscales no la obligaría a tener que excusarse en las causas que llegaran a la Cámara. Menos conocido públicamente, su exposición se limita a un único medio de comunicación conocido y algunas participaciones en folletines de perfil universitario, Uzín Olleros se inscribe en una categoría especial de obsecuentes. Si bien se presenta como una voz autorizada en el tema “encarcelamiento” de Urribarri, no obstante, para calibrar el volumen del portavoz oficioso, vale también recordar que el letrado defendió a Julián Christe, condenado en un primer juicio por jurados que luego se anuló por un tecnisismo, por el femicidio de Julieta Riera. Uzín Olleros criticó al nuevo defensor de Urribarri, el mediático abogado porteño, Fernando Burlando, cuando no fue capaz de ejercer una defensa eficaz del hijo de quien en ese momento era su pareja, la madre del acusado, la ex jueza en lo Civil y Comercial de Paraná, Ana Stagnaro. En un escenario tan enrarecido, algo va cobrando forma y es que en Entre Ríos un sector tomó por asalto el servicio de Justicia y lo puso a las órdenes de otro sector de la política para perseguir, a como dé, a dirigentes peronistas que logran mantenerse en la consideración de los votantes, como el caso del actual intendente de Santa Elena. Pero Domingo Daniel Rossi nunca dejó de dar la pelea para demostrar su inocencia. Incluso, logró que la Corte Interamericana de Justicia revise la sentencia de una causa en la que se lo condenó. El presidente del Tribunal que emitió la sentencia era Jorge García.
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