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Parana » Asdigitalnews
Fecha: 28/04/2024 23:37
El gobierno entró en estado de emergencia financiera, luego que el FMI le confirmara al ministro Caputo que se olvide de fondos frescos. Dos situaciones límite agravaron las necesidades de dólares: la caída de las estimaciones de la cosecha que pasaron de 15.000 millones de dólares a 9.000 millones y la decisión de China de no renovar el swap por 6.000 millones de dólares, agravada por los gestos de diputados oficialistas a Taiwán. Contra las cuerdas, Caputo extremó su muñeca financiera para armar una arquitectura que le permita juntar los 5.000 millones de dólares que en el Palacio de Hacienda estiman que necesitan para no entrar en crisis. El plan que está trabajando el ministro estructura una "operación no tradicional" por fuera de los mercados, consiste en conseguir que los préstamos para obras cerrados durante la gestión anterior -e incluso antes- con organismos multilaterales como el Banco Mundial (BM), Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Andina de Fomento (CAF), pasen a fondos de libre disponibilidad. Eso explica por qué Caputo no autoriza esos desembolsos a las provincias para que continúen las obras, cuando no afecta en nada el gasto del Estado y además de generar empleo y mejorar la infraestructura del país permitiría el ingreso de divisas que no sobran. "Nos pisa los créditos porque quiere la plata para tapar su agujero financiero", afirmó un gobernador. El problema es que esta maniobra que intenta hacer el ministro de Economía de Milei fuerza los estatutos de esas instituciones. Préstamos para reforzar reservas sólo otorga el FMI. Nadie entendía por qué el gobierno nacional mantenía frenado los giros de dólares por parte de los organismos multilaterales para financiar las obras que ya están en marcha. Entonces el ministro busca alternativas. Caputo mantuvo un dialogó con Ilan Goldfajn, presidente del BID, donde propuso constituir un fondo de garantía para conseguir. créditos de bancos privados, utilizando como respaldo los dólares de los préstamos de multilaterales otorgados a asignaciones específicas: obras de infraestructura y programas sociales, que se encuentran frenados por el gobierno argentino.
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