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» El Esquiu
Fecha: 28/04/2024 15:51
domingo, 28 de abril de 2024 01:02 Desde el bloque del PRO, que integran Enrique Cesarini y Natalia Saseta, presentaron un proyecto por el que buscan establecer “un régimen de tope de cobro de tarifas de servicios públicos de agua, gas y electricidad de vivienda por todos los conceptos facturados según los ingresos del usuario”. Con un guiño a la gestión libertaria, dentro de la iniciativa el espacio amarillo indica a quiénes alcanza la propuesta y establece un límite porcentual salarial para el pago de cada servicio. En este sentido, para la electricidad contempla que la tarifa no podrá superar un 12% de los ingresos netos, el 8.8% para la factura del gas y el 3% en el caso de la boleta por el agua potable. Según indican, el excedente del tope “debe ser absorbido por el Estado Provincial, quien deberá reglamentar la mecánica de implementación de la absorción de los costos remanentes”. “Con el objeto de garantizar servicios públicos de calidad, en vistas al desarrollo económico y social de todos los sectores de la población, resulta necesario revisar la incidencia que los servicios públicos determinan en la capacidad de pago de los catamarqueños y, en virtud de ello, tomar una decisión desde el Estado para garantizar el acceso y uso de estos servicios de forma tal que se cumpla con los principios de equidad y solidaridad”, dicen ambos legisladores en el proyecto. En este orden de ideas, sostienen que “es menester poder determinar de manera legislativa un mecanismo para que el cobro de los servicios no tenga una incidencia económica de agobio en la masa laboral y pasiva de catamarqueños que no pueden acceder a estos servicios de manera digna”. Así, sugieren establecer un sistema “entrecruzado con las bases de datos de ingresos de la masa salarial estatal, la de Anses y AFIP, para determinar los ingresos de los catamarqueños que pretendan ajustarse a esta modalidad de consumo responsable y digno”. Eso sí, aseguran que el espíritu del proyecto “de ninguna manera pretende comprometer las arcas estatales, pero dadas las prioridades de asignación y reasignación de recursos, deviene totalmente procedente en razón de que existen recursos provinciales para gastos que entendemos de menor criterio a la inconmensurable necesidad de los catamarqueños en desarrollar una vida digna con los servicios necesarios cubiertos”. Con un guiño, el dueto que compone el bloque del PRO alude a la gestión de Javier Milei para mencionar que “si bien estos beneficios lo son para los empleados públicos e independientes del sector privado o cuentapropistas, esto se debe a que la lógica adonde apunta la nueva Argentina, es que el sector público va a ser cada vez menos atractivo para conseguir un puesto de trabajo o permanecer en él, todo ello apuntalado con la idea del actual Gobierno Nacional, que interpreta el reclamo de la sociedad argentina, de que el Estado cada vez debe ser más pequeño y eficaz”. Así las cosas, proponen que el tope beneficie a agentes de la administración pública provincial, del legislativo y el judicial “cualquiera sea la modalidad de contratación, cuyos ingresos netos no superen el importe que resulta de la suma de dos canastas básicas establecidas por el IPC, que publica de manera mensual el Indec para el mes en curso”. A estos se suman los empleados municipales de comunas sin Carta Orgánica, monotributistas y autónomos y jubilados y pensionados, cuyos ingresos netos no superen dos canastas básicas.
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