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» La Prensa
Fecha: 28/04/2024 02:30
El presidente Javier Milei usó la cadena nacional a comienzos de la semana pasada para sacarle lustre a lo que considera su principal logro: haber terminado los tres primeros meses de gestión con un superávit financiero que no tiene antecedentes en los últimos 16 años. El monto fue de 1,13 billones de pesos. La base de tremendo ajuste fue el recorte del gasto ya que la recesión malogró la recaudación. En un país asolado por las crisis desde hace 80 años la economía rige la política, pero esta última no desaparece. Al día siguiente el activismo universitario de la UCR le armó una marcha opositora a la que se treparon dirigentes como Sergio Massa y Cristina Kirchner que habían desaparecido prudentemente de la escena pública. Fue una movilización por la “caja” con dos características sobresalientes: no la encabezó ningún dirigente político y alcanzó una masividad inesperada. Una marcha que mostró la ausencia de líderes e inquietó a la Casa Rosada. El desempate de este tironeo por fondos que escasean se trasladará mañana a la Cámara de Diputados con el tratamiento de la Ley de Bases y la reforma fiscal. Servirá para medir la fortaleza política de Milei y la viabilidad institucional de sus medidas económicas. El gobierno todavía no sacó una sola ley del Congreso y tuvo dos derrotas graves: el Senado rechazó el DNU 70 y en la Cámara de Diputados la primera minoría de Unión por la Patria, desahució junto a la UCR y el peronismo no K la primera versión de la Ley de Bases. En este marco la aprobación de ambos proyectos es fundamental por al menos tres razones. La primera, que permitirá medir hasta dónde se puede llevar el saneamiento macroeconómico. En segundo lugar, mostrará la posibilidad de armar una alianza prooficialista que evite futuros conflictos de poderes y, por último, servirá a inversores y, especialmente al FMI, para verificar el futuro de las reformas que impulsa hasta ahora en soledad el presidente de la Nación. La famosa ampliación de la “base política” del ajuste. El texto que se debatirá en el recinto es básicamente la habilitación para que el Poder Ejecutivo siga con su tarea de reducir un gasto estatal aplastante que agotó la economía y destruyó la moneda. Pero más allá de ese principio general, la toma de posiciones entre los distintos bloques demostrará los efectos del inesperado triunfo electoral de Milei y su impacto en el reordenamiento del espectro partidario. Si la primera “víctima” de la victoria del presidente fue el PRO, en las últimas semanas se pudo comprobar que tuvo un impacto no menor sobre la UCR, empujándola a la fragmentación. Por un lado el sector “loustosista” armó una gran marcha opositora, mientras que por otro un grupo de diputados nacionales impulsó una reforma laboral amplia que el sindicalismo peronista rechazó. Esta última movida puso al heterogéneo bloque de Miguel Pichetto (HCF) en pie de guerra. El oficialismo quedó entonces en el medio de la disputa de sus dos presuntos aliados “dialoguistas”, porque necesita el aporte de ambos para alcanzar la mayoría. La principal queja de Pichetto era contra el presidente del bloque de la UCR, Rodrigo de Loredo, que había ido a la Casa Rosada por su cuenta y prometido una reforma sin consultar a colegas y correligionarios. Otro tanto pensaban radicales como Facundo Manes, que aportó ocho diputados a una sesión organizada por el kirchnerismo para aumentar el gasto universitario pero que fracasó por falta de quorum. A ese intento Martín Lousteau aporto seis y el bonaerense Maximiliano Abad, uno. Según trascendió, Lousteau negoció su propia “reforma” laboral con la CGT, mientras se multiplicaban las versiones sobre el desplazamiento de Loredo de la presidencia del bloque. Finalmente el hilo se cortó por lo más delgado. Hubo luz verde para una “reforma” que no afecte la caja de los sindicatos (seguirán vigentes los aportes compulsivos a no afiliados) pero que derogue beneficios de los trabajadores como la extensión del período de prueba o la reducción de las indemnizaciones. Nada nuevo para sindicalistas que regentean sindicatos poderosos con afiliados cada vez más pobres. Por su parte el radicalismo, como lo definió a un importante legislador del sector, “está todo roto”. La reforma tributaria sigue también la lógica del fortalecimiento de las cajas políticas. La restitución del impuesto a las ganancias a los salarios más altos se repartirá entre las provincias y la Nación. De allí que se espere que gobernadores peronistas y radicales aporten legisladores para que sea aprobada. Si se quiere mantener el superávit, el camino va más por el lado del aumento de la recaudación que el del recorte del gasto, porque esta última vía prácticamente se agotó. Prueba de ello fue la respuesta del aparato político que controla el presupuesto universitario y que le infligió a Milei su primera derrota en la calle.
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