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» La voz
Fecha: 28/04/2024 02:28
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El Gobierno provincial dio un paso más en la ley de Seguridad y publicó finalmente el viernes pasado la reglamentación de esta normativa, cinco meses después de su aprobación en la Legislatura de Córdoba. Las demoras en la reglamentación habían generado la inquietud y cuestionamientos por parte de algunos intendentes de la oposición, los que habían advertido que ponían en duda la adhesión a la ley y su tratamiento en los cuerpos legislativos locales hasta tanto no quedara asentada en el Boletín Oficial. Algunos intendentes habían expresado públicamente que, sin la reglamentación, no tenían garantías para adherir, en especial para sumarse a la creación de las llamadas Guardias Locales, una pieza clave que trae cambios con la nueva normativa y que permite a los municipios contar con una fuerza de prevención y auxiliar de la Policía, con la posibilidad de portal armas no letales. Segundo proyecto Con esta reglamentación de la ley 10.954, el Gobierno provincial buscará acelerar en la aplicabilidad de la normativa en un intento por sumar más adhesiones de los municipios. Sobre todo, para darle continuidad a una segunda etapa que presentará la administración del gobernador Martín Llaryora con otro proyecto de ley, que habilitará a los cadetes en el segundo año de formación a sumarse a las Guardias Locales para algunas tareas puntuales. El tema promete otro round entre oficialistas y opositores. Hasta que este proyecto tome estado en la Legislatura, el Ministerio de Seguridad, a cargo de Juan Pablo Quinteros, acelera los acuerdos con los municipios. Según un informe de esta cartera, hasta el viernes pasado había adherido a la ley de Seguridad más de la mitad de las comunas y municipios de la provincia. Juan Pablo Quinteros, ministro de Seguridad en Voz y Voto ( Ramiro Pereyra /La Voz) En total, 216 municipios (sobre 427) ya aprobaron a través de sus cuerpos legislativos la adhesión a la nueva ley de Seguridad, aunque buena parte está en la etapa de capacitación del personal para las guardias urbanas. La reglamentación alcanza a algunos de los capítulos de la norma (no todos), aunque contempla los ejes centrales, como la creación del Sistema Integrado de Seguridad Pública y Seguridad Ciudadana”, y las llamadas Guardias Locales, compuesta por personal que definirá cada municipio para tareas preventivas y disuasivas, en coordinación la Policía. Esto es lo que ya comenzaron a implementar principalmente algunos gobiernos municipales alineados con el color político del gobernador, como Córdoba, San Francisco y Río Cuarto. Aunque en este listado dado a conocer figuran otros municipios, como Mendiolaza y La Calera, que no pertenecen a Hacemos Unidos por Córdoba. “Más de la mitad de los municipios y comunas adhirieron a la ley de Seguridad. Se trata de 216 que ya han adherido. En términos poblacionales, en estos lugares habita el 70% de los cordobeses”, precisaron desde la Provincia. “En concreto, se trata de 25 municipios de más de 10 mil habitantes, y de 191 que están por debajo de ese número. Los municipios de más de 10 mil habitantes que ya han adherido son: Córdoba, Río Cuarto, Villa María, San Francisco, Alta Gracia, La Calera, Villa Allende, Marcos Juárez, Cosquín, Arroyito, Unquillo, Morteros, Malagueño, Las Varillas, Malvinas Argentinas, Mendiolaza, Saldán, Estación Juárez Celman, Cruz Alta, Salsipuedes, La Carlota, Oliva, Capilla del Monte, Monte Cristo, y Hernando”, se describió desde la cartera de Seguridad. El ministro Quinteros y el intendente Passerini, junto con funcionarios provinciales, en la puesta de las guardias en Córdoba. Sobre esto, el ministro Quinteros aseguró que “los gobiernos locales adquieren un rol central con las Guardias Locales en el marco de sus competencias, a partir del refuerzo de tareas preventivas y disuasivas, siempre de manera auxiliar con respecto al nivel provincial”. Y aseguró que no hay diferencias políticas y que los intendentes son los interesados en conocer estos cambios, en repuesta a legisladores de Juntos por el Cambio y jefes comunales que cuestionaron la demora en la reglamentación y la responsabilidad que deben absorber las municipalidades. Quinteros ratificó que Provincia se comprometió a la capacitación del personal, a la entrega de vehículos y armas no letales, previo entrenamiento, aunque aclaró que esto dependerá de la decisión de cada gobierno local. “Todo esto está en marcha, se darán los autos, ya están en proceso de licitación 400 sedán, y en algunos casos también motos o cuadriciclos, dependiendo los lugares, así como la compra de unas 10 mil armas no letales, de la cuales un remanente será para las guardias locales. El objetivo es culminar en un 100% con el equipamiento de esta tecnología a los efectivos que prestan servicio en calle, como así también para el personal de las guardias”, aseguró Quinteros. “Ya se han generado distintas instancias de participación y consulta con los intendentes porque estos cuerpos locales tienen como misión acompañar a la comunidad a partir de un trabajo en territorio, preventivo y disuasivo, siempre de manera auxiliar con respecto a la Policía”, se destacó en el informe del Ministerio de Seguridad, en el que se hizo hincapié en el rol del Instituto de Planificación y Formación para la Seguridad y Convivencia. “Las guardias locales no significan de ninguna manera una delegación de competencias ni responsabilidades en el nivel local. Lo que la nueva normativa permite es enmarcar en un sentido positivo y virtuoso todo el trabajo que los municipios y comunas vienen realizando en materia de Seguridad Ciudadana”, insistió el ministro. Uno de los puntos que genera incertidumbre, incluso en algunos intendentes que ya adhirieron a la ley, es si permitirán el uso de las armas no letales. Sobre esto, desde el Ministerio de Seguridad se informó que hay un acuerdo realizado con la Universidad Nacional de Villa María para la capacitación y que suman unos 423 los guardias, de un total de 47 localidades, que comenzaron los estudios. Qué dicen los intendentes Si bien más de la mitad de los municipios adhirió a la ley, la gran mayoría de este grupo de intendentes coincidió en estar expectante sobre los recursos que recibirán y hasta dónde podrán hacer frente los gobiernos locales, limitados en presupuesto. Sobre todo, en los lugares en los que deben sumar personal. Fernando Rambaldi, intendente de La Calera (Encuentro Vecinal Córdoba), contó que está a la espera de los detalles tras las reglamentación. “Estamos esperando más precisiones para ver los alcances de la ley. Lo que sí hemos hecho es crear una Secretaría de Seguridad Ciudadana y estamos por abrir un polo de seguridad interfuerzas en un trabajo en la prevención y en la seguridad”, adelantó. “Estamos hablando de un trabajo junto con Policía Barrial, investigaciones y la secretaría para bajar un poco los índices delictivos que son alarmantes. Todavía estamos esperando gestos concretos. No han llegado móviles, implementos, las cámaras. La relación es muy buena con provincia, pero estamos esperando”, aclaró. Adela Arning, intendenta de Mendiolaza (PRO), explicó: “Adherimos a la ley porque entendemos que la seguridad no debe distinguir colores políticos y debe ser abordada de manera integral. La visión es la prevención de riesgos. Todos los cuerpos que tengan incidencia en la prevención de riesgos deben trabajar articuladamente”. Aunque aclaró: “El Estado provincial sigue siendo el responsable principal de las políticas públicas de seguridad pública y ciudadana”. En esta ciudad los guardias locales ya realizaron las primeras capacitaciones. Provincia ya comenzó con los cursos de capacitación de las guardias locales. Rubén Dagum, jefe comunal de Almafuerte y presidente del Foro de Intendentes Radicales, fue más cauto y advirtió que las preocupaciones eran la demora en la reglamentación y los recursos. “Era imperioso conocer la reglamentación. No queríamos obstruir ni quitarle el voto de confianza al Gobierno en un tema tan sensible, pero era necesario por la representatividad que tenemos y la responsabilidad que nos informen. Pedimos sentarnos a la mesa para consensuar esa reglamentación”, insistió. El radical Marcos Ferrer, intendente de Río Tercero, fue uno de los más críticos al advertir por qué había municipios que no adherían. Con esta publicada en el Boletín Oficial, expresó: “Recién está subida y a partir de ahora vamos a estudiar en profundidad cuál es la competencia, pero en mi caso la voluntad siempre fue adherir en la medida que considere que las competencias transferidas son razonables. Y después de ver obviamente qué recursos van a acompañar en ese planteo. Hay problemas serios en seguridad y hay que tomar medidas, se están tomando y lo celebro”. Los legisladores pidieron más policías Entre los legisladores de Juntos por el Cambio hay cuestionamientos al Gobierno por transferir responsabilidades a los municipios en materia de seguridad y advirtieron que analizarán el proyecto de ley para que los cadetes ingresen antes a trabajar en las calles, aunque abrieron varios interrogantes. “Lo que viene diciendo el ministro Quinteros de que ponemos palos en la rueda es una barbaridad, cuando aún en el recinto no nos llegó absolutamente nada, algo que no conocemos. Ahora, personalmente, claro que me voy a oponer porque creo que hay que profesionalizar la policía, no sacarla antes para buscar cantidad, hay que buscar calidad, cambiar el criterio, la formación de la policía porque, justamente, los casos de gatillo fácil, de abuso institucional, y la muerte por torturas son todos casos porque tienen criterios de obediencia debida”, expresó Alejandra Ferrero, titular del interbloque de Juntos por el Cambio. “Vienen parcheando con guardias, se focalizan en la cantidad y no en la calidad. Y lo otro qué intendente puede dar un salto al vacío si la ley no estaba reglamentada”, insistió Ferrero. El presidente del bloque de legisladores de la UCR y exintendente de Arias, Matías Vgozdenovich, también salió en defensa de los jefes locales que no adhirieron hasta tanto conocer la reglamentación. “Están claramente preocupados, quieren saber la responsabilidad civil y penal. Lo que tiene que entender el ministro Quinteros es que los intendentes no quieren otra ley, sino más policías porque les están generando una carga operativa y costos, se tienen que hacer cargo de algo que no les corresponde a los municipios. No ponemos palos en la rueda, mienten. Si quiere debatir, que se acerque a la Legislatura, necesitamos más policías”.
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