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» Clarin
Fecha: 27/04/2024 17:43
El brutal asesinato de tres carabineros en la madrugada de este sábado, incinerados dentro de su vehículo en la región de la Araucanía, renuevan con crudeza un conflicto que lleva décadas y que una sucesión de gobiernos de distinto signo no ha logrado resolver en Chile. La violencia atribuida a grupos mapuches en el sur del país reaparece una y otra vez, pese al envío de militares y a los tibios intentos de diálogo que esbozó el presidente Gabriel Boric. Desde mediados de 2022, en la zona rige un estado de excepción constitucional ratificado por el Congreso, una herramienta constitucional que permite el despliegue militar en la zona para que ayuden a Carabineros (la Policía militarizada) a controlar el orden público, incluyendo vigilancia en las principales rutas y caminos. En La Araucanía y otras zonas del sur de Chile, como Biobío, existe desde hace décadas una disputa territorial entre el Estado, algunas comunidades mapuche y empresas forestales -propiedad de los grupos económicos más poderosos del país- que explotan tierras consideradas ancestrales por los indígenas y que fueron ocupadas a la fuerza por el Estado chileno a fines del siglo XIX. En este contexto, son frecuentes los ataques incendiarios a maquinaria agrícola y propiedades, cortes de ruta y enfrentamientos que ha costado la vida a un gran número de comuneros mapuche, además la muerte de policías. En especial, desde el homicidio del joven mapuche Camilo Catrillanca en 2018 a manos de Carabineros, la confianza entre comunidades e instituciones se quebró. El vehículo policial que apareció este sábado incendiado en Los Álamos, en la región del Biobío, en el sur de Chile, con los cadáveres de tres agentes adentro. Foto: REUTERS Fue el gobierno del conservador Sebastián Piñera el que declaró, en octubre de 2021, el estado de excepción y la militarización de la zona de la Araucanía. Se desplegaron entonces más de 2.000 miembros de las Fuerzas Armadas para reforzar la tarea de la policía. La medida, que en principio era por 15 días, se fue renovando sucesivamente durante meses. Pero el conflicto no cedió. Marcha y contramarcha de Gabriel Boric El socialdemócrata Boric, que tomó las riendas del gobierno chileno en marzo de 2022, había prometido levantar ese estado de excepción que, en su opinión, sólo escalaba el conflicto. En el inicio de su gobierno, el joven mandatario intentó establecer algún canal de diálogo. Días después de asumir, envió a su ministra del Interior, Izkia Siches, a recorrer distintas localidades en la región de la Araucanía. Pero la reacción no fue la esperada: la recibieron con disparos contra los autos de la comitiva, que no dejaron víctimas pero encendieron las alarmas. La funcionaria tuvo que ser evacuada por las fuerzas de seguridad y el fallido acercamiento marcó un giro en la estrategia oficial para tratar de contener la furia mapuche. Carabineros en una ruta de la zona sur del país, cerca de donde apareció el vehículo con los cuerpos carbonizados de tres agentes. Foto: AFP Boric retiró a los militares desplegados por Piñera. Pero dos meses después tuvo que dar marcha atrás, al ver que la tensión lejos de aliviarse, recrudecía, con nuevos incendios y ataques. Fue cuando la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), una de las organizaciones fundamentales para la movilización mapuche desde los años 90 y que ha reivindicado ataques violentos en la zona, llamó a “preparar fuerzas y organizar la resistencia armada”. “Ningún gobierno hasta ahora ha podido solucionar el conflicto mapuche. No es un problema fácil”, señaló hace tiempo a Clarín el politólogo Kenneth Bunker, director de la consultora Tres Quintos.
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