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» La voz
Fecha: 27/04/2024 03:43
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Tras el enorme cimbronazo de diciembre, megadevaluación mediante y liberación generalizada de la economía, de manera paulatina la inflación comenzó a bajar en el país. Con culpas propias y ajenas, el Gobierno de Javier Milei debutó sobre el final del año pasado con una fortísima suba en los precios, del 25,5%, a lo que le siguió una desaceleración pronunciada en los meses siguientes: 20,6% en enero, 13,2% en febrero y 11% en marzo. Para abril, las consultoras especializadas pronostican un aumento de un dígito en la inflación núcleo, aquella que excluye a los bienes y servicios más volátiles, por lo general afectados por cuestiones estacionales o por regulaciones gubernamentales. No obstante ello, resta conocer cuál terminará siendo el impacto final en el IPC de la quita de los subsidios a los servicios públicos (sobre todo electricidad y gas natural), para saber cuán consolidado es el freno en los precios observado en los últimos meses. Como sea, lo cierto es que la inflación viene a la baja. Y esa es una buena noticia para un país que hace años padece índices insoportablemente elevados. La pregunta que surge, entonces, es gracias a qué el gobierno libertario está consiguiendo domar el problema más difícil de la economía argentina de la última década. Y la respuesta aparece sola: un enfriamiento brutal de la actividad económica; con salarios, jubilaciones y ahorros licuados casi de un día para el otro; un impacto negativo todavía difícil de estimar sobre el nivel de empleo, y con el 60% de la población por debajo de la línea de la pobreza. Con parábolas bíblicas y referencias casi místicas, Milei viene repitiendo que esa era la única alternativa para una economía en terapia intensiva, sin animarse a prometer todavía cuándo comenzará a revertirse el actual proceso de estancamiento productivo y de pauperización de los ingresos. En rigor, a esta altura de los acontecimientos, preguntarse si la baja de la inflación podría haberse conseguido apelando a otras políticas que no implicaran pagar un costo social tan alto no deja de ser un recurso eminentemente retórico. El daño ya está hecho, aunque –al menos por ahora– el gobierno libertario puede mostrar una desaceleración concreta en el ritmo de aumento de los precios. La duda es si luego de este esfuerzo descomunal que viene haciendo la mayoría de la población –no la casta– vendrá un período de crecimiento y recomposición de los ingresos. Algo imposible de asegurar hoy, más cuando todavía no se sabe a ciencia cierta si la baja de la inflación se consolidará hasta alcanzar parámetros aceptables. El riesgo es que la economía quede reducida y estancada en niveles demasiados bajos para un país de 45 millones de habitantes, y que –aun sin inflación– no logre incluir a las inmensas mayorías que hoy apenas sobreviven a la intemperie y libradas a su suerte. Algo de eso sucedió en los años 1990, cuando la Ley de Convertibilidad logró contener los precios, pero a costa de un feroz proceso de exclusión que terminó con el estallido de 2001. La historia no tiene por qué repetirse de igual manera, pero bien viene tenerla en cuenta para no cometer los mismos errores que, al fin y al cabo, siempre terminan padeciendo los mismos de siempre.
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