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Concepcion del Uruguay » La Calle
Fecha: 26/04/2024 20:23
El exgobernador Sergio Daniel Urribarri, quien fue sentenciado en 2022 a una pena de 8 años de prisión como resultado del megajuicio, y actualmente enfrenta dos procesos adicionales por presunto pago de coimas por parte del empresario Diego Armando Cardona Herreros a través de su empresa Relevamiento Catastrales SA, con una solicitud de 10 años de prisión, así como por enriquecimiento ilícito, con una petición de 6 años y 6 meses, ha presentado una denuncia por mal desempeño e incumplimiento de deberes contra el Procurador General de la Provincia, Jorge Amílcar García, ante el Jurado de Enjuiciamiento. Urribarri solicita la suspensión del Procurador en su cargo, el inicio de una causa por «falta de idoneidad, mal desempeño de funciones e incumplimiento de deberes de su cargo», y su posterior destitución. Esta acción fue realizada a través de su abogado defensor, Fernando Burlando, con domicilio legal en Paraná, en Corrientes al 100. La presentación del pedido de enjuiciamiento contra el jefe de los fiscales tuvo lugar este viernes al mediodía, ante el secretario del Jurado de Enjuiciamiento, Eduardo Rodríguez Vagaría. En el documento presentado, Urribarri argumenta que «existen fuertes indicios que sugieren serias irregularidades que van desde la cúpula del Ministerio Público Fiscal hasta los magistrados del Tribunal de Casación de la Provincia, en violación del juramento constitucional». Uno de los puntos destacados es la alegada violación del artículo 6 de la Constitución de Entre Ríos por parte del Procurador, al acceder a su primer cargo jerárquico en la Administración de Justicia durante el año 1979, en pleno período militar, durante los años de violaciones a los derechos humanos. También se le reprocha «abuso de autoridad» y «violencia institucional», y se argumenta que el Procurador llevó a cabo «maniobras que encubrieron una intención política judicial de represión y persecución». Urribarri afirma que García concentró todo el poder conferido por la Constitución Nacional y de la Provincia de Entre Ríos, dejando así la libertad y el honor de toda la clase dirigente de la provincia a merced de una sola persona. Además, acusa que se iniciaron más de treinta causas penales con este «modus operandi». En su denuncia, Urribarri involucra a la pareja del Procurador, la vocal de Casación Marcela Badano, y a su amiga, la otra vocal de esa Cámara, Marcela Davite, señalando que esta última es cuñada del presidente del tribunal que lo condenó, José María Chemez. Sin embargo, en la Procuración sostienen que el juicio no es el procedimiento adecuado para apartar al Procurador, sino que el mecanismo correcto es el juicio político y la denuncia ante la Legislatura. Esta fue la decisión adoptada por la anterior conformación del Jurado de Enjuiciamiento cuando tanto la ex Procuradora Adjunta Cecilia Goyeneche como el Procurador García enfrentaron denuncias por mal desempeño. El proceso continuó contra Goyeneche, resultando en su destitución, pero se declaró incompetente en el caso de García.
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