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  • El titular de la AGN aclaró que el Congreso tiene la potestad de auditar las universidades

    » Diarioelprovincial

    Fecha: 25/04/2024 10:54

    El titular de la Auditoría General de la Nación (AGN), Juan Manuel Olmos, hizo referencia al planteo del gobierno de Javier Milei de auditar las universidades y aclaró que para ordenar las auditorías en las casas de altos estudios el Congreso debe hacer la petición por medio de comisión mixta revisora. En este marco, remarcó que el Poder Ejecutivo no tiene potestad para revisar las cuentas de las universidades. «Los planes de auditoría los aprueba la Comisión Mixta Revisora de Cuentas en el Congreso y ahí se determina. En este momento se están iniciando auditorías en las universidades de Jujuy, Formosa, Córdoba, Salta, el Nordeste, y en La Plata», reveló en declaraciones radiales. Respecto a lan la Universidad de Buenos Aires (UBA), “la más grande y con más presupuesto” aclaró que”habría que pedirle a la comisión que ingrese un plan de auditoría integral». «En el caso de la universidad, el artículo 75, inciso 19, determina su autonomía. No puede auditarla la Sindicatura General de la Nación (SIGEN)», subrayó el ex vicejefe de Gabinete bajo la administración de Alberto Fernández. Al respecto, planteó en una entrevista con Radio Mitre que la SIGEN, a cargo de Miguel Blanco, «responde a las órdenes del Presidente, son los ojos del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) y audita todos los ministerios», por lo que aclaró que la UBA, al ser un ente público no estatal, no puede ser auditado por dicho organismo.»No podría auditarlo el Gobierno, tiene auditorías internas permanentes que son concomitantes, es decir, que mientras se desarrolla la gestión están auditando. A esas auditorías se refieren las autoridades universitarias», agregó. En la misma línea, explicó que el control externo de las cajas universitarias se realiza a través de un muestreo que realiza el Congreso vía la AGN, donde se determinan los aspectos del gasto presupuestarios a auditar. “La UBA requeriría un equipo especial por el volumen, pero sería una buena propuesta», sostuvo. Para Olmos, los ciudadanos «tienen derecho a saber en qué se gastan los recursos», por lo que pidió que «el Congreso de la Nación disponga una auditoría y la AGN va a cumplir su rol y la va a auditar». En esta línea, el rector de la UBA, Ricardo Gelpi, y el titular del CIN, que lidera la Universidad Nacional de San Luis, Victor Moriñigo, ya habían denunciado la inconstitucional del Ejecutivo de auditar las casas de altos estudios ya que sería un intento de “violación de la autonomía universitaria”. “A las universidades nacionales las audita la Auditoría General de la Nación (AGN), que reporta al Congreso, y no al Poder Ejecutivo. Desde su génesis, las universidades nacionales son creadas desde el Congreso, con lo cual la AGN es la que tiene jurisdicción. Son cosas para la tribuna”, planteó Moriñigo. Marcha Federal Universitaria Por otra parte, el titular de la AGN destacó la masividad de la Marcha Federal Universitaria y diferenció el pedido de transparencia en las cajas del reclamo por mayor presupuesto. «Acá se discuten los recursos de la educación, si van a estar garantizados por el Estado o no. No es antojo de los que fueron ayer a la marcha», argumentó. Tras la masiva movilización en defensa de la educación pública, el ex funcionario peronista señaló que la sociedad estableció que «la educación es límite», y pidió discutir «la calidad y la cantidad del ajuste que está haciendo el Poder Ejecutivo». «Si uno ajusta y afecta el funcionamiento de las universidades nacionales, la reacción es contundente. Lo de ayer fue contundente y transversal, más allá de la participación partidarias y sindicales, también hubo mucha participación de familias, de estudiantes, y de gente que entiende que es un valor de la sociedad a defender», expresó el titular de la AGN. Por último, Olmos dijo que el Gobierno de Javier Milei lleva adelante un ajuste del gasto público «sin mirar qué es lo que recorta, sin hacer una priorización de qué gastos pueden ser suprimibles y cuáles no», y concluyó: «Es un límite en el que van a tener que revisar la calidad y la cantidad del gasto. Todo no tiene la posibilidad de ser ajustado».

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