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Parana » Pagina Politica
Fecha: 23/04/2024 15:54
Por: Redacción de Página Política Luego de que se haga efectiva la condena que pesa sobre Sergio Urribarri, la defensa convocó a conferencia de prensa y detalló una batería de denuncias que llevará adelante con la rúbrica de Fernando Burlando, el nuevo ceo de la escudería. El miércoles pasado, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) no abrió la queja y dejó firme la sentencia por la cual se condenó al ex gobernador a 8 años; al ex ministro de Cultura y Comunicación Pedro Báez y a Juan Pablo Aguilera; a 6 años y medio. En una conferencia de prensa en el salón Rosedal en el primer piso del hotel Maran Suites & Towers fue que se anunció lasmedidasque llevará adelante la defensa de Urribarri en días en los que se debe resolver el traslado a una unidad penal. Burlando estuvo acompañado por el abogado Leopoldo Cappa y Javier Ignacio Baños. Fue éste último quien se encargó de leer un largo relato en el que concatenó hechos y decisiones jurídicas para justificar una denuncia y pedido de destitución al procurador general de la provincia, Jorge Amilcar Luciano García; y la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Empezó diciendo que la convocatoria a los periodistas era para “demostrar las serias inconsistencias de las instancias provinciales”, prologó, para aclarar que tienen “un enorme respeto por las instituciones del Poder Judicial”. Y siguió: “Son algunos votos, algunos dictámenes los que nos llaman la atención, de parte de puntuales funcionarios (judiciales) y miembros del Ministerio Público. Creemos que se ha vulnerado la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en tres precedentes muy importantes. No se han tenido en cuenta estos precedentes para rechazar las impugnaciones extraordinarias y creemos que Sergio Daniel Urribarri ha soportado de manera histórica persecuciones judiciales dirigidas por funcionarios que en algunos de los casos no tenían idoneidad para probar las investigaciones y en algunos casos no tenían jurisdicción territorial”. “De manera inexplicable el Ministerio Publico Fiscal sigue teniendo su oficina (el procurador) en el Palacio de Justicia. Qué igualdad de armas puede haber entre las partes, si una de ellas comparte el despacho en el mismo edificio del Superior Tribunal. Hay una denuncia de Héctor Maya que señala que podría existir evidencia de un entramado que estaría poniendo en crisis las actuaciones que se siguieron contra Sergio Daniel Urribarri”, agregó. Para la defensa, “el señor Procurador General ha decidido que solo dos fiscales investiguen entre comillas todas las causas más sensibles de la provincia, es decir los ha colocado en una Unidad Fiscal entre comillas también especializada sin ningún criterio objetivo que justifique la quita de las competencias del resto de los colegas del Ministerio Público. Uno de estos de estos fiscales ni siquiera tiene jurisdicción territorial para actuar en la ciudad de Paraná, porque el concurso público que había ganado era para otra localidad, de manera que bajo el rótulo de combatir la corrupción, lo que se ha hecho es concentrar todo el poder de investigar los delitos políticamente más sensibles en unas muy pocas personas, desplazando -como dije- al resto del Ministerio”. “En un proceso judicial sumamente arbitrario, en donde una de las fiscales ha reconocido públicamente en el mismo alegato que no tenía pruebas, que no había testigos, que no había documentos, se ha impuesto una condena de 8 años de prisión al ex gobernador. Esto es muy grave y es también sumamente grave que otra de las fiscales que participó de la prestación -no vamos a hacer nombres propios- haya sido desplazada de su cargo por graves irregularidades por serios actos de corrupción en este contexto”, enumeró Baños en referencia a la procuradora adjunta, Cecilia Goyeneche. Sin dar nombre, el abogado se metió con un sector de la prensa al que le adjudicó publicar “notas o pseudo notas periodísticas contra ciertas personas a las que previamente se había decidido investigar la Fiscalía Anticorrupción”. Otra vez la referencia es Goyeneche, quien se hizo cargo de ese organismo. Para la defensa, se violaron la Constitución Nacional, la Constitución de la provincia de Entre Ríos, el Código de Procedimiento y una multiplicidad de leyes nacionales y provinciales; artículos 209 al 213 de la Constitución de la provincia. Se violó la Ley provincial 5140. Se violó la ley provincial 69.063. Se violó la ley provincial 9.981. Y siguió alegando Baños en su alocución ante los periodistas: “Se decidió no aplicar en el fallo la Ley 10.327. Se decidió no aplicar en el fallo la ley 11.043. Se decidió no aplicar en el fallo la Ley nacional 19.550. Se desconocieron las leyes 24.059, 24521 y se desconoció la ley 24520. Se violó la ley 25.506. Se violó el Código de Procedimiento penal de esta provincia. No se respetaron las cadenas de custodia de los objetos secuestrados. Se practicaron escuchas ilegales sin autorización judicial. Se invadieron competencias de otros poderes. Se dejaron de lado los dictámenes de los organismos de control constitucional. Se ignoraron todos los informes del Tribunal de Cuenta de los organismos de control de gastos que habían aprobado todas las actuaciones administrativas del señor Urribarri”. El futuro de Urribarri, Báez y Aguilera está en medio de un festival de recusaciones. Es por eso, quizás, que la defensa cree que la detención prevista en la condena es algo que todavía “está lejos”. Fuente: Página Política
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