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Valle María » Vallemarianoticias
Fecha: 23/04/2024 14:36
La política negacionista del Gobierno de Javier Milei tiene sus consecuencias directas en el funcionamiento de distintas áreas del Estado. Fiscales de distintas jurisdicciones se manifestaron contra la decisión de derogar las normativas que dieron origen a los Equipos de Relevamiento y Análisis de archivos de las Fuerzas Armadas del Ministerio de Defensa. Treinta y seis fiscales federales de distintas jurisdicciones del país expresaron su preocupación frente a la decisión de Luis Petri de desmantelar el área del Ministerio de Defensa que investiga los crímenes de la última dictadura cívico-militar. Lo hicieron a través de una nota remitida al procurador interino Eduardo Casal en la que dijeron que la falta de relevamiento y análisis de los archivos que están en poder de las Fuerzas Armadas irá en desmedro de las causas por delitos de lesa humanidad. El 27 de marzo pasado, el Ministerio de Defensa echó a diez de los trece expertos que integraban el Equipo de Relevamiento y Análisis (ERyA) documental, un área que había sido creada en 2010, durante la gestión de Nilda Garré, después de que Cristina Fernández de Kirchner desclasificara la documentación sobre el período 1976-1983. Los equipos estaban a cargo de Vanina Agostini, licenciada en Comunicación Social, egresada de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y oriunda de Concepción del Uruguay. El responsable de ejecutar el desguace es Lucas Erbes, un abogado paranaense, egresado de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), diplomado en Derechos Humanos por la Universidad Austral y que fue convocado en febrero para asumir el cargo. Según contó Página Política, Erbes tuvo su paso en la gestión de la UNL, en la Municipalidad de Santa Fe, en la justicia entrerriana y, hasta el día en que fue convocado para convertirse en funcionario de Milei, era empleado de la Embajada de Estados Unidos en Argentina. El ERyA perseguía un objetivo claro: contribuir con las investigaciones por crímenes contra la humanidad, que se habían reabierto definitivamente después anulación de las leyes de obediencia debida y punto final. La decisión desmantelar el área se comunicó tras el aniversario del último golpe cívico-militar. Petri dijo públicamente que lo hacía porque eran un “grupo parajudicial” orientado a hacer “macartismo” dentro de las Fuerzas Armadas y deslizó que no sabía a quiénes respondían sus integrantes –todos profesionales civiles–. La determinación de desarmar los equipos fue repudiada por organismos de derechos humanos, así como por legisladores de Unión por la Patria y del Frente de Izquierda. La novedad es que se sumaron ahora los fiscales que impulsan las causas por los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado, quienes le hicieron llegar una nota a Casal y el procurador interino la envió al Ministerio de Defensa, junto con un listado de información que la cartera que conduce Petri aún adeuda y sugieren al jefe de los fiscales le pida que reconsidere su decisión. La nota lleva las firmas del fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, Ricardo Álvarez; y los fiscales de primera instancia Leandro Ardoy (Paraná) y Josefina Minatta (Concordia y Concepción del Uruguay), entre otros. También la firman Pablo Parenti, Pablo Ouviña, Adolfo Villatte, Carlos Amad, Martín Suárez Faisal, Agustín Chit, Indiana Garzón, Alejandro Alagia, Miguel Blanco García Ordas, Diego Vigay, Miguel Palazzani, Flavio Ferrini, Marcelo García Berro, Federico Carniel, Dante Vega, Nuria Piñol, Esteban Bendersky, Carlos Gonella, Pablo Camuña, Leonardo Filippini, Gonzalo Miranda, Daniel Rodríguez Infante, Ana Oberlin, Félix Crous, Francisco Maldonado, Eduardo Villalba, Hernán Schapiro, Laura Mazzaferri, Álvaro Baella, Federico Reynares Solari, Juan Patricio Murray, Marcelo Obetko y el fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal Javier de Luca. En la nota señalaron que “la documentación relevada y suministrada a la Justicia por los Equipos, el aporte a su interpretación, así como el de los reglamentos, las prácticas burocráticas y la operación regular de las Fuerzas Armadas, han sido esenciales para el desarrollo de las investigaciones, fundamentar las acusaciones y las sentencias”. “Queremos destacar el compromiso y profesionalismo de sus integrantes en la tarea asignada durante todos estos años”, añaden los fiscales, en línea contraria a lo que ha dicho Petri públicamente. En declaraciones al diario Clarín, el ministro había sostenido que en catorce años de existencia se les conocen únicamente seis informes a los equipos. Por el contrario, los fiscales hicieron llegar una lista de aportes en distintas causas que incluyen desde el Plan Cóndor, los vuelos de la muerte, la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y otras. “La pérdida de tal instrumento estatal redundará en desmedro irremediable para la labor judicial y, especialmente, en la de los magistrados del Ministerio Público Fiscal que intervenimos en la investigación y el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos en nuestro país”, resaltaron. Página 12 / Página Judicial
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